La empresa dedicada a la producción de artículos de limpieza y descartables atraviesa un escenario crítico en su planta del Parque Industrial de Tortuguitas, con despidos, ocupación de la fábrica y desconocimiento de una conciliación obligatoria, entre otros.
Por Florencia Belén Mogno
Durante las últimas semanas, distintas señales de alerta se encendieron en el sector industrial a partir de conflictos que combinaron reclamos laborales, tensiones financieras y dificultades en la cadena de abastecimiento. En un contexto económico adverso, varias empresas mostraron complicaciones para sostener sus compromisos salariales y comerciales, lo que derivó en disputas abiertas con trabajadores, sindicatos y clientes estratégicos.
En ese escenario, los conflictos laborales volvieron a ocupar un lugar central como expresión de una crisis más amplia. Despidos, suspensiones y atrasos en los pagos se replicaron en distintos puntos del conurbano bonaerense, mientras las organizaciones sindicales reforzaron su presencia en plantas industriales para respaldar reclamos que se extendieron en el tiempo y que, en algunos casos, incluyeron ocupaciones y acampes.
A la par, comenzaron a emerger cuestionamientos desde el plano comercial. Empresas proveedoras y clientes advirtieron irregularidades en entregas, diferencias entre lo facturado y lo recibido, y un deterioro en los estándares de calidad. Estas situaciones no solo tensionaron relaciones contractuales, sino que también impactaron sobre la confianza y la continuidad de las cadenas productivas.
En ese marco general se inscribe la situación de Lustramax, firma dedicada a la fabricación y comercialización de artículos de limpieza, descartables y papelería, con planta ubicada en el Parque Industrial de Tortuguitas
Despidos, acampe y una conciliación sin cumplimiento
De acuerdo con el material brindado a Diario NCO, durante 2025, la empresa ya había evidenciado dificultades para afrontar el pago de salarios y, a comienzos de 2026, profundizó el conflicto con el despido de al menos 35 trabajadores.
Frente a esa decisión, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó una conciliación obligatoria que ordenó la reincorporación inmediata del personal cesanteado y dispuso retrotraer las condiciones laborales al estado previo al 9 de enero. Sin embargo, la empresa rechazó la resolución y anticipó que no acataría la medida, una postura que se mantuvo con el correr de los días.
Ante ese incumplimiento, los trabajadores sostuvieron la ocupación de la planta mediante un acampe que contó con el respaldo de organizaciones sindicales. Desde La Bancaria manifestaron públicamente su apoyo y expresaron que “nos solidarizamos con los compañeros porque hoy les toca a ellos, pero en realidad nos toca a todos”, al tiempo que remarcaron la necesidad de una mayor unidad del movimiento obrero frente al contexto nacional.
En tanto, desde la CTA Autónoma también se acercaron a la planta y reafirmaron su acompañamiento al reclamo. En ese sentido, señalaron que “es nuestro deber estar presentes, como lo hacemos en todos los conflictos”, y destacaron “la valentía de estos trabajadores que no aflojaron y que enfrentaron a las patronales”. Los empleados, por su parte, insistieron en que la actividad productiva continuó con salida de mercadería y distribución regular.
Denuncias comerciales y señales de fragilidad financiera
Mientras el conflicto laboral se mantenía abierto, comenzaron a trascender cuestionamientos desde el ámbito empresarial. Según indicaron fuentes vinculadas a los trabajadores, distintas compañías clientes detectaron diferencias relevantes entre lo facturado por Lustramax y lo efectivamente entregado, lo que encendió nuevas alarmas sobre la operatoria de la firma.
De acuerdo con esas versiones, en las últimas semanas “se habrían registrado incumplimientos en cantidad, calidad y especificaciones técnicas de diversos productos. En algunos insumos, las entregas habrían presentado faltantes cercanos al 50 por ciento respecto de lo contratado, mientras que en otros casos las diferencias habrían superado ese porcentaje”
También se reportaron modificaciones en las formulaciones, menor concentración de los productos, variaciones en el rendimiento y sustituciones de marca o cambios en la presentación, sin que esas alteraciones se reflejaran en una reducción del monto facturado. Desde el sector señalaron que los clientes habrían abonado por un estándar determinado y recibido mercadería “sustancialmente inferior” a la acordada.
A este panorama se sumaron indicadores de tensión financiera. Registros sectoriales y datos públicos mencionaron un volumen elevado de cheques rechazados, que superaría los 8.000 millones de pesos, y pasivos bancarios por encima de los 35.000 millones. De confirmarse estos números, aportarían elementos para comprender las crecientes dificultades de la empresa para sostener sus compromisos laborales y comerciales.
En ese contexto, el conflicto permaneció abierto. Los trabajadores reiteraron que sostendrían el reclamo de reincorporación, mientras que los clientes expresaron preocupación por el abastecimiento y la cadena de pagos. El caso de Lustramax dejó al descubierto un escenario de alta conflictividad que combinó tensiones laborales, alertas comerciales y señales de fragilidad financiera, con impacto directo en el entramado productivo regional.
Fuente fotografías: redes sociales.
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