Un informe del Centro de Economía Política de Argentina mostró que la dotación del Sector Público Nacional cayó un 17,7 % entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, con un total de 60.784 empleos menos.
Por Florencia Belén Mogno
Desde finales de 2023, las transformaciones aplicadas en la administración nacional marcaron un quiebre histórico en la estructura estatal argentina. La política oficial se orientó hacia la contracción de áreas completas, un repliegue acelerado de capacidades estratégicas y la disminución sistemática de personal en casi todos los sectores.
En paralelo, la tendencia a la retracción se expresó en una reducción generalizada de funciones que anteriormente definían la presencia del Estado en materia productiva, social y regulatoria.
Las áreas que habían sostenido programas, proyectos y redes institucionales a lo largo de décadas dejaron de operar o vieron deteriorada su capacidad para ejecutar acciones básicas. El ajuste se sostuvo bajo el argumento de “eficiencia” y “racionalización”, aunque sus efectos trascendieron ampliamente el plano presupuestario.
En ese sentido y según el documento al que accedió Diario NCO, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), presentó un informe respecto de la situación de crisis que atraviesa el sector público desde que comenzó la gestión del Gobierno nacional actual.
Los casos más significativos y la concentración del recorte
El caso más relevante en términos absolutos dentro de las empresas fue el del Correo Argentino, que registró 5.155 despidos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. Le siguieron la Operadora Ferroviaria S.E., con 3.375 cesantías, y el Banco Nación, con un total de 2.069 desvinculaciones.
Por su parte, Aerolíneas Argentinas también presentó una merma significativa, con 1.887 empleos eliminados. Estas cifras expusieron una alteración profunda del mapa laboral en compañías estatales que mantenían un rol determinante en transporte, comunicaciones y servicios financieros.
En términos proporcionales, el recorte más drástico se observó en la ex Télam, que perdió cerca del 80 % de su personal. Este proceso implicó la virtual desarticulación de la agencia pública de noticias, que históricamente funcionó como un actor central en la difusión federal de información.
También se destacaron los recortes en ENARSA Patagonia y en las firmas Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., donde las reducciones alcanzaron niveles de especial gravedad. La contracción alteró la continuidad de proyectos educativos, comunicacionales y energéticos que dependían de estas estructuras.
En el campo de la Administración Pública Nacional (APN), los organismos desconcentrados y descentralizados atravesaron situaciones igualmente significativas. El caso más voluminoso fue el del ARCA, con 3.220 puestos eliminados, cifra que reflejó un impacto sostenido en áreas de control fiscal y aduanero.
En tanto el CONICET perdió 1.964 trabajadores, lo que comprometió la continuidad de equipos científicos en múltiples disciplinas y ANSES registró una reducción de 1.584 empleados, lo que repercutió directamente en la atención, la fiscalización y la ejecución de políticas de seguridad social.
Ajuste proporcional y desarticulación institucional
El análisis proporcional también mostró disparidades marcadas dentro de los organismos de la APN. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales sufrió el recorte más severo, con una pérdida del 64 % de su planta, lo que afectó la continuidad de programas orientados a la asistencia territorial y el seguimiento de indicadores sociales.
En cuanto a la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) ocupó el segundo lugar, con una disminución del 46,6 %, mientras que el INAES registró una caída del 43,5 %. Estas reducciones alteraron la capacidad de supervisar actividades clave en seguridad, cooperativismo y economía social.
El proceso general se enmarcó en un esquema de reducción del tamaño del Estado que avanzó sobre áreas administrativas y técnicas de distinto grado de complejidad. La contracción no sólo implicó menos personal, sino también una pérdida acumulada de experiencia institucional.
Las áreas más afectadas requerían conocimiento especializado y continuidad operativa, y la modificación abrupta de sus planteles configuró un escenario de fragilidad para el desarrollo de políticas de largo plazo.
A nivel macro, el retroceso en la dotación estatal tuvo efectos proyectados sobre la estructura administrativa, la prestación de servicios y la capacidad de regulación económica y social. El Estado se replegó en funciones esenciales, lo que dejó un mapa institucional con menor densidad, menor presencia territorial y una capacidad reducida para articular políticas públicas en un contexto de alta complejidad económica.
Una tendencia con consecuencias estructurales
El informe analizado mostró que, en apenas veintidós meses, la estructura pública nacional perdió en promedio más de 83 empleados por día. Esta cifra sintetizó la magnitud de un proceso que reconfiguró la relación entre el Estado, la sociedad y el entramado productivo.
La disminución del 17,7 % en la dotación total, equivalente a 60.784 puestos de trabajo, se convirtió en un indicador elocuente de un ajuste que trascendió el plano laboral para impactar en la capacidad institucional del país.
Las consecuencias del proceso permanecieron abiertas y sujetas a evaluaciones futuras. Las áreas desmanteladas, los programas discontinuados y la pérdida de trabajadores especializados dejaron desafíos considerables para cualquier proyecto de reconstrucción del sistema público.
Mientras tanto, la información disponible en el estudio permitió dimensionar una retracción estatal que configuró uno de los momentos de mayor transformación administrativa de las últimas décadas.
Fuente fotografías: CEPA
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