El dirigente de la Corriente Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete, analizó el clima social actual, la reacción de las organizaciones populares y el avance de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional. En una charla con Radio Hexa, señaló que la conflictividad crece, que los sectores populares pierden el miedo y que el escenario exige construir unidad para responder en las calles.
Por Giuliana Salmonte Siciliano
Gmail: giulianasalmontesiciliano@gmail.com
La Corriente Clasista y Combativa estuvo en las movilizaciones simultáneas realizadas en más de 50 puntos del país. Juan Carlos Alderete, referente de la organización y ex diputado nacional, explicó que el nivel de despliegue federal no fue casual: “Fuimos uno de los convocantes en todo el país”, expresó, y remarcó la importancia que la CCC le dio a la protesta de Mendoza, donde se discutió una reforma impulsada por el oficialismo provincial que habilita proyectos rechazados por amplios sectores de la población. Según Alderete, esos avances se lograron porque “pasó mucho la billetera”, dejando al descubierto la presión empresarial y política.
El dirigente planteó que “nos vienen descalificando hace mucho, y esas ideas calaron en el campo popular”. Para él, esa narrativa erosiona el protagonismo de los movimientos y apunta a quitarles lugar en los debates públicos. En esa línea, señaló también que la reconfiguración política tras las elecciones habilitó al oficialismo nacional a avanzar con más velocidad: la fractura de bloques opositores, explicó, “le dio la primera minoría” al Gobierno en el Congreso, lo que a su vez le permitió quedarse con comisiones clave para impulsar reformas.
En ese marco, el líder de la CCC interpretó que la disputa de fondo es sobre derechos laborales, sociales y soberanos: “Lo único que les interesa es sacar derechos”, y agregó que las reformas que se debaten no buscan mejorar la productividad sino reducir costos mediante la flexibilización y la precarización. Frente a eso, remarcó que la única forma de frenar el avance oficialista es con movilización masiva: “La calle es la única garantía que tenemos”.
También alertó sobre un riesgo creciente: el enojo generalizado con la política, incluso en sectores históricamente cercanos al campo popular. Para el dirigente, proteger la democracia implica reconstruir la confianza social en la actividad política y ofrecer respuestas concretas frente a la crisis. Por eso, remarcó que, aunque el malestar crece entre comerciantes y vecinos, muchos todavía no se animan a salir a la calle, pero si empieza a perder el miedo.
El 19 y 20 de diciembre son fechas emblemáticas para las organizaciones sociales donde volverán a movilizarse buscando unidad entre los sectores golpeados por esta política y consideró que las diferencias internas deben ceder frente a un objetivo mayor: la defensa de derechos, del trabajo y de la soberanía. “Si tengo sueños como trabajo, educación, salud, están atados al destino del país”, afirmó.
Además, recordó que la corriente llegó a tener una enorme capacidad de organización territorial y productiva: entre 2004 y 2015 construyeron 7200 viviendas en 18 provincias, desarrollaron proyectos de obra pública y formaron más de 500 cooperativas. En La Matanza, la organización realizó pruebas piloto de redes de agua con Aguas Argentinas y Cruz Blanca. Esas experiencias, según él, sostienen una estructura que hoy sigue resistiendo.
La disputa en Mendoza y el avance minero
El conflicto mendocino mencionado por el exdiputado hace referencia a la tensión histórica entre comunidades, asambleas socioambientales y sectores productivos que impulsan la modificación de normativas para habilitar la megaminería. En las protestas recientes, organizaciones sociales, ambientales y sindicatos denunciaron que la Legislatura avanzó con reformas que flexibilizan controles y abren la puerta a explotaciones consideradas de alto impacto.
Para los movimientos que participaron, la aprobación respondió a presiones económicas y políticas sobre los legisladores, lo que alimentó la sensación de que la “billetera” prevaleció sobre el reclamo social. El caso mendocino se transformó así en un símbolo nacional del choque entre intereses extractivos y defensa del ambiente.
La reforma laboral como eje de disputa
Juan Carlos Alderete ubica a la reforma laboral como una de las piedras centrales del programa oficialista. El proyecto, impulsado con distintos borradores a lo largo del último año legislativo, apunta a modificar condiciones de contratación, reducir costos laborales y flexibilizar regímenes de despido y jornada.
Para las organizaciones sociales y sindicales, representa un retroceso profundo en derechos conquistados y una transferencia directa de poder hacia los empleadores. Según esta mirada, el Gobierno no busca aumentar la productividad ni generar empleo sino consolidar un modelo donde el ajuste recaiga sobre los trabajadores. Por eso, la reforma laboral funciona como punto de unidad para la protesta y como uno de los motores del aumento de la conflictividad.
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