
La dirigente piquetera Eva Gutiérrez analizó el creciente escenario de conflictividad social y cuestionó con dureza el rumbo económico del Gobierno nacional. En diálogo con Radio Hexa, repasó la jornada de protestas que distintas organizaciones llevaron adelante en la Ciudad de Buenos Aires y en accesos estratégicos del conurbano.
Por Giuliana Salmonte Siciliano
Gmail: giulianasalmontesiciliano@gmail.com
Desde el inicio, contextualizó la movilización que tuvo lugar entre el Congreso y distintos accesos a la Ciudad, donde participó junto a la Tendencia del Pueblo Obrero, espacio que integra desde hace seis años, en articulación con otras organizaciones. “Hubo cortes en la Ruta 3, en la autopista La Plata, en el Puente Pueyrredón y en Puente Saavedra. Fue un día entero de protesta”, detalló, al mismo tiempo que subrayó que el malestar social se expresó simultáneamente en diferentes puntos del AMBA.
Además, Eva remarcó que desde la asunción del gobierno en 2023 la conflictividad tomó protagonismo debido al despliegue del protocolo antipiquetes. “Cada vez que hacíamos una acción, ya nos estaban esperando”, afirmó. Sin embargo, planteó que esto no puede convertirse en un freno: “Hay que seguir ganando las calles. Tenemos que definir tácticas y medidas para que realmente nos escuchen”. En ese marco, sostuvo que el derecho a la protesta está siendo eliminado y que las organizaciones sociales deben recuperar su capacidad de presión para visibilizar la crisis.
En su análisis, Eva Gutiérrez aseguró que la política económica vigente carga sobre los trabajadores la crisis de los grandes capitalistas mediante reformas regresivas en materia laboral, impositiva y jubilatoria. Por eso, consideró que el rumbo elegido por el Ejecutivo busca imponer golpes muy duros a la clase obrera y que por eso es necesario coordinar acciones más contundentes. En ese sentido, el 20 de diciembre habrá nuevas protestas conjuntas “porque estas políticas hay que derrocarlas”.
La dirigente también apuntó contra las dirigencias sindicales y políticas, a quienes acusó de mantenerse pasivas frente a un deterioro acelerado del mercado laboral. “No hay apoyo para los trabajadores ni para los desocupados. Todos los días hay cierres de fábricas y despidos, y nadie está tomando una acción real”, cuestionó. Recalcó que, ante esa ausencia, deberán ser los propios trabajadores quienes tomen la iniciativa para frenar el avance de las reformas que se debaten en el Congreso.
Finalmente, Eva llamó a construir una coordinación más amplia que desemboque en una huelga general. Según describió, la gravedad del ajuste no permitirá respuestas aisladas y será imprescindible articular reclamos de desocupados, trabajadores y organizaciones territoriales. “Tenemos que preparar una acción común para terminar con esto y dar paso a otro tipo de gobierno, donde los que hoy somos atacados seamos quienes estemos al frente”, sostuvo.
La AUH en la mira: el impacto del desenganche
La Asignación Universal por Hijo es uno de los programas de transferencia de ingresos más extendidos del país, alcanzando a casi cinco millones de niños y adolescentes. Su actualización automática garantizaba, con limitaciones, que el poder adquisitivo no se deteriorara de manera abrupta. El desenganche de esa fórmula implica que los aumentos dejarán de ser regulares y que dependerán de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo. Para familias sin ingresos fijos o con salarios por debajo de la canasta básica, el congelamiento representa una pérdida inmediata y profunda.
Además de la inflación acumulada, los recortes en programas complementarios como las tarjetas alimentarias o los refuerzos extraordinarios agravan el cuadro. La dirigente Eva Gutiérrez interpreta esta decisión como parte de un pedido expreso del Fondo Monetario Internacional, orientado a recortar gastos sociales como condición para el cumplimiento de metas fiscales. Según esta mirada, el ajuste sobre la AUH es un núcleo central del plan económico y no un efecto colateral.
El llamado final a un nuevo tipo de gobierno
En el cierre de su declaración, la entrevistada expuso una de las definiciones políticas más fuertes: la necesidad de “dar paso a otro tipo de gobierno” encabezado por quienes hoy están siendo afectados por el ajuste. Desde su perspectiva, la gravedad de la crisis exige un recambio profundo en la conducción política que no provenga de las dirigencias tradicionales y de las estructuras sindicales actuales.
La dirigente vinculó esta propuesta con la idea de una huelga general que funcione como punto de inflexión. Por eso, planteó que sólo mediante una acción de conjunto, se puede frenar el avance de las reformas regresivas.
En su lectura, la combinación entre protestas sostenidas en las calles y organización territorial podría sentar las bases para un proceso político distinto. La apuesta es que las luchas sociales no solo frenen medidas concretas, sino que además permitan construir una fuerza capaz de disputar poder real. Así, su intervención concluye con una invitación explícita a avanzar hacia ese horizonte colectivo.
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