El abogado Javier Valenzuela, integrante del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio de la zona oeste, explicó en Radio Hexa la compleja situación laboral que atraviesan los trabajadores de Caromar tras el cierre de varias sucursales. Desde telegramas confusos hasta sueldos impagos y maniobras para reducir indemnizaciones, describió un cuadro donde el sindicato debió intervenir de manera urgente para garantizar derechos básicos.
Por Giuliana Salmonte Siciliano
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Este martes, se llevó a cabo la audiencia formal entre el sindicato y la empresa que se extendió más de tres horas, un tiempo que permitió, según Valenzuela, “tomar verdadera dimensión de la postura empresarial”. Caromar no solo evitó poner a disposición el pago de las indemnizaciones, sino que tampoco abonó los salarios de noviembre, pese a estar totalmente devengados.
Para el abogado, la maniobra fue clara: incorporar sueldos ya trabajados dentro del paquete de créditos laborales a negociar, una práctica que coloca al trabajador en extrema desventaja. “Es una táctica deliberada para presionar a la baja”, señaló.
El conflicto estalló con fuerza cuando los trabajadores, acompañados por el sindicato, iniciaron medidas gremiales en el predio principal: acampe, control de ingreso y bloqueo de camiones. Esa presencia activa permitió forzar una primera concesión por parte de la empresa, que fue poner a disposición los salarios adeudados, la liquidación final, el aguinaldo y las vacaciones. Recién con ese compromiso firmado se habilitaría un impasse para continuar negociando las indemnizaciones en los días siguientes.
Por otro lado, Javier detalló que Caromar es un mayorista con presencia nacional ya que está en Neuquén, Mar del Plata, Rosario, Burzaco, José C. Paz, Laferrere, Moreno y San Justo, este último con doble función como autoservicio y centro de distribución. El interés de la empresa por ingresar a San Justo era porque allí se concentra la logística y la provisión general.
Según describió, esta situación dejó en evidencia por qué ciertos sectores políticos buscan debilitar a los sindicatos: “Son herramientas fundamentales para sostener luchas como estas. Sin recursos, sin organización y sin presencia en el territorio, estos trabajadores hubieran quedado completamente abandonados.”
Además, el abogado reconoció que existe una caída pronunciada del consumo en el país desde abril, lo que afecta a todas las actividades comerciales, pero advirtió que muchas empresas se “suben a la ola” para justificar cierres abruptos sin cumplir con las obligaciones básicas hacia sus empleados.
“Una cosa es que no puedan continuar por la situación económica, otra muy distinta es que pretendan desconocer indemnizaciones o usar los salarios como arma de presión”, sostuvo. Para Valenzuela, es un doble castigo: quedarse sin trabajo y sin reparación.
Además, cuestionó la falta de regulación estatal: “Hay empresas que cierran sin control, sin explicación y con el Estado mirando para otro lado”.
La sucursal de Moreno, un punto neurálgico
Caromar Moreno tiene una relevancia especial porque allí funciona la sede administrativa nacional de Caromar, a lo que Javier Valenzuela explicó que esto condiciona las medidas gremiales, ya que cualquier acción directa en ese punto podría desencadenar represalias empresariales contra otros colectivos de trabajadores.
El sindicato sospecha que podría existir una transferencia de capitales hacia otra sociedad o un vaciamiento progresivo, hipótesis que ya han visto en conflictos anteriores.
Por eso, cada estrategia se planifica con extrema cautela: “Negociamos firme, pero sin dar excusas para que afecten a compañeros que aún no recibieron ninguna comunicación”.
El procedimiento que Caromar nunca inició
En su último tramo, el dirigente remarcó un punto decisivo: para pagar indemnizaciones al 50 por ciento, como sugerían los telegramas, la empresa debía iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis ante el Ministerio de Trabajo, donde se analizan los números reales, se escucha al sindicato y se define si la reducción es o no justificable.
“Caromar no hizo absolutamente nada de eso”, lanzó.
No inició el trámite, no fundamentó su situación económica y tampoco pidió homologación para ningún tipo de despido o suspensión. Por eso, para el sindicato, cualquier intento de pagar montos reducidos carece de validez legal. “Lo que están haciendo es invocar derechos que no tienen. Y mientras tanto, dejan a los trabajadores como rehenes de su propia irresponsabilidad”, concluyó.
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