El presidente del Centro de Técnicos indicó que el desfinanciamiento impactaría en miles de estudiantes, docentes y profesionales, afectando a todo el tejido productivo. Pidió fortalecer la ley vigente y sumar a todos los sectores para evitar un retroceso histórico.
Por Verónica Llonto
En diálogo con el Diario NCO, Mariano Borrás, presidente del Centro de Técnicos y Profesionales de La Matanza, advirtió sobre el impacto que tendrían los cambios anunciados en el presupuesto 2026 y en la ley de educación técnica, y analizó las consecuencias que podrían sufrir las escuelas de todo el país.
Borrás señaló que “el oficialismo busca eliminar el Fondo Nacional para la Educación Técnica, incluido en el artículo 52 del presupuesto vigente, dañando profundamente a todas las escuelas técnicas del país. La intención de recortar el financiamiento estaba presente desde los inicios del gobierno actual, es parte de una política que considera a la educación técnica como un gasto y no como inversión productiva”.
“Circulan borradores de una posible reforma a la Ley de Educación Técnico Profesional, que incluyen la eliminación del séptimo año. Esa modificación es un problema muy difícil de revertir si llega a darse por decreto. Por eso no podemos esperar a que ese escenario se concrete para reaccionar”, observó el entrevistado.
En ese marco, Borrás remarcó: “El Centro viene estudiando los cambios previstos en el presupuesto y manteniendo reuniones con distintos actores para impulsar una respuesta común. La educación técnica requiere un abordaje colectivo porque es el avance industrial de la nación, y su debilitamiento afectaría tanto a estudiantes como a los profesionales en actividad”.
Una unidad multisectorial para frenar el ajuste
Con ese diagnóstico, el Centro impulsa la creación de una unidad multisectorial destinada a oponerse al recorte presupuestario y a defender la continuidad de la ley. Borrás explicó que “mantuvimos conversaciones con la CTA Autónoma, con directores de escuelas técnicas, sindicatos del sector y organizaciones del territorio. Se busca concientizar a la comunidad y también a los propios técnicos, muchos de los cuales no terminan de percibir que la situación los involucra de manera directa”.
“La convocatoria es abierta y sin restricciones ideológicas, porque la defensa de la educación técnica atraviesa a todos los sectores. Este ataque ya lo vivimos en otros gobiernos que pensaba que la educación es un gasto. El Estado debería reforzar la ley, no desarticularla; es una herramienta fundamental para sostener una formación técnica sólida en Argentina”, afirmó el referente.
En paralelo a la organización política, el Centro desarrolla actividades de capacitación dirigidas a los estudiantes de los últimos años. El presidente detalló: “Damos charlas que se enfocan en acompañar el inicio profesional de los egresados y en reforzar sus prácticas, como apoyo adicional. No estamos enseñando nada nuevo. El nivel de la formación técnica argentina es alto, los jóvenes salen bien preparados. Sólo les falta seguridad para insertarse en el campo laboral”.
En cuanto a la baja demanda laboral, el entrevistado mencionó que “tanto los técnicos recién egresados como los profesionales en actividad se enfrentan a la consecuencia directa del modelo económico actual. La apertura indiscriminada de importaciones afecta a la industria nacional y reduce la necesidad de mano de obra calificada. Esto debilita el desarrollo industrial”.
“Tenemos la obligación de velar por el futuro de nuestros técnicos, no sólo por quienes ya somos profesionales en función. Ninguna escuela puede enfrentar sola un proceso de desfinanciamiento que compromete a la educación y al futuro productivo del país”, concluyó el profesional.
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