Cientos de personas marcharon por Lomas del Mirador en memoria del joven asesinado por la policía y pidieron el Jury de enjuiciamiento para los funcionarios responsables de la causa en estos 11 años de impunidad.
El caso de Luciano Arruga quedó grabado en la memoria colectiva como un caso de impunidad policial, un caso en el que se evidencia la corrupción, la tortura y la violencia con la que se maneja el aparato represivo estatal. Por eso, a 11 años de la desaparición y posterior asesinato del joven, cientos de personas marcharon este sábado por las calles de Lomas del Mirador hasta la plaza que lleva su nombre.
Desde las 17 horas, diferentes agrupaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos fueron llegando a la intersección de la Avenida Mosconi y General Paz, el lugar donde Luciano fue visto por última vez escapando de la policía, que tiempo antes ya lo había torturado y amenazado por no poder reclutarlo.
Entre banderas y pancartas, la multitud marchó por las calles y recordó al joven asesinado por negarse a robar para los oficiales del ex destacamento policial de Lomas del Mirador. Un camión funcionó como una especie de escenario andante en el que los voceros relataron la historia de Luciano y las injusticias a las que fueron expuestos sus familiares y amigos en estos años de pedido de verdad y justicia.
Leyeron una carta abierta a Luciano, escrita por su mamá, Mónica Alegre. Habló su hermana, Vanesa Orieta. Invitaron a la reflexión, “nuestros pibes no son un peligro, los pibes están en peligro”. Se puede afirmar esto cuando el aparato represivo estatal permite que el narcotráfico avance en los barrios, cuando torturan y matan a pibes solo por ser pobres, cuando no hay espacios culturales ni de esparcimiento para las infancias y adolescentes de los sectores populares.
Por casi dos horas se caminó en su memoria. De los policías asesinos, solo Diego Torales está en prisión. Pero en esta historia hay más responsables, por eso, la familia impulsó el jury de enjuiciamiento para las fiscales Roxana Castelli y Cecilia Cejas Martín, y para el juez Gustavo Banco. Todos funcionarios públicos que “no dejaron avanzar la causa de Luciano”.
“Necesitan generar impunidad para que no podamos condenar a los responsables políticos, judiciales y materiales”, dijo Vanesa dirigiéndose a la multitud, y agregó: “En la medida que no podamos condenar esas responsabilidades, no podemos visibilizar que en nuestra Argentina se desaparece, se tortura y se mata”.
“A Luciano lo mató la policía”, se oía entre canticos, pero los manifestantes no se olvidaron de remarcar las responsabilidades políticas del intendente que estaba en ese momento en La Matanza, Fernando Espinoza, quien creó el destacamento en donde torturaron y mataron a ese pibe que prefería cartonear antes que robar.
“Los DDHH se respetan o se violan”
Fue un día “triste” para las familias que se “cargaron la mochila de militancia para la búsqueda de justicia” por todos los Luciano de la Argentina, dijo Pablo Pimentel, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza.
“Los Derechos Humanos se respetan o se violan. No hay términos medios, y los gobiernos que han pasado en la democracia han violado sistemáticamente los derechos humanos de la gente. Ahí está la masacre del puente Pueyrredón, y ahí está Mariano Ferreyra, ahí está la segunda desaparición de Julio López”, sostuvo Pimentel mientras hablaba para el público.
E invitó a pensar en Luciano: “Luciano hoy tendría 27 años. Luciano sigue creciendo. Hoy Luciano sería un sociólogo, un politólogo, un abogado, porque su norte era su hermana, Vanesa, y la sociedad no lo dejó”.
“Hoy se cumplen 11 años de impunidad absoluta y la única manera de revertirla es tomar consciencia de que cualquiera puede ser Luciano. Porque a los pibes los siguen matando en los barrios, porque el narcotráfico se ha apoderado de todo”, denunció el referente de DDHH.
A las 20 horas, aproximadamente, se llegó a la plaza. Fue una jornada de lucha en la que se pidió justicia y esclarecimiento por todas las víctimas de la violencia institucional y el gatillo fácil. Las decenas de agrupaciones sociales se acomodaron alrededor de una pantalla gigante donde se proyectó el documental “¿Quién mató a mi hermano?”.
