La Cámara de Diputados retomará la actividad en el recinto el próximo miércoles, después del histórico debate sobre la despenalización del aborto. Será para votar el proyecto de urbanización de villas, asentamientos y barrios populares, que cuenta con amplio respaldo y es de especial interés para el Gobierno.
La iniciativa obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Vivienda, Legislación General y Presupuesto, donde Cambiemos sumó el apoyo del interbloque Argentina Federal, el Frente Renovador y el Movimiento Evita. Incluso del frente para la Victoria-PJ, aunque con disidencias.
El “régimen de integración socio-urbano y regularización dominial” apunta a expropiar tierras y urbanizar más de cuatro mil barrios populares, villas y asentamientos de todo el país. Sólo serán alcanzados los barrios ya relevados e identificados en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) y cuya propiedad no sea del Estado Nacional.
El sujeto expropiante será la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que junto al Ministerio de Desarrollo Social deberá celebrar acuerdos con las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de transferir los bienes inmuebles que estén bajo su titularidad.
La redacción original establecía que en caso de falta de acuerdo, el Poder Ejecutivo Nacional estaría facultado a proceder a la expropiación abonando los montos que determine el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Sin embargo, ese artículo se modificó en comisiones, de manera que nada pueda hacerse sin el acuerdo de las tres partes.
Todos los gastos que se deriven de los convenios “serán afrontados en partes iguales por las jurisdicciones firmantes”. Pero además, se autoriza al PEN a crear un fideicomiso “con el objeto de financiar la totalidad de las actividades que resulten necesarias para llevar adelante el objeto de la ley”.
Durante el debate en comisiones, también se incorporaron cambios sobre las funciones y atribuciones del Ministerio de Desarrollo Social y se estableció que se firmen “convenios específicos” para llevar adelante las regulaciones dominiales, respetando la legislación local.
Otra de las modificaciones es la que contempla la posibilidad de “promover acciones coordinadas con los organismos y ministerios competentes” y “colaborar con las autoridades locales” cuando “sea imprescindible” relocalizar a las familias debido a que ese lugar no pueda ser habitado, por ejemplo, por contaminación ambiental.
Ley Justina
En la sesión del próximo miércoles también podría votarse la denominada “ley Justina”, que el 30 de mayo fue aprobada en el Senado por unanimidad. Se trata de una reforma de la Ley de Trasplante de Órganos que consiste principalmente en que todas las personas mayores de edad pasen a ser donantes, salvo que expresen lo contrario.
El tratamiento de esta iniciativa dependerá de un acuerdo previo, dado que no hubo tratamiento en comisiones y por eso sería necesaria una mayoría de dos tercios para habilitar el debate.
El proyecto lleva el nombre en honor a Justina Lo Cane, la niña de 12 años que falleció en noviembre pasado mientras esperaba un corazón. La votación del Senado fue presenciada por sus padres, quienes impulsan la ley con el respaldo del INCUCAI.
Fuente: Parlamentario.
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