Ante la mirada atónita de muchos de nosotros el país se sumerge día a día en un retroceso monumental que no permite abrigar la menor esperanza de mejoras en el futuro en ningún área, ni en lo institucional, ni en lo político, ni en lo económico, ni mucho menos, en lo social.
Por Francisco Jorge Martínez Pería. Abogado.
fjmartinezperia@gmail.com
El gobierno hace gala de una impunidad absoluta para llevar adelante un plan claramente encaminado a desmontar, una por una, todas las conquistas que el pueblo había logrado tanto en los últimos años, como otras de mucha mayor antigüedad y supuesta intangibilidad. Y lo hace con un desparpajo tal que cuesta imaginar que se trate de un gobierno democrático, que dentro de pocos meses debe someterse al veredicto de las urnas. Para ello, apela descaradamente a un discurso mediático completamente reñido con la realidad, que deja a la altura de un poroto cualquier “relato” que hayamos escuchado antes. Se nos dice que la “pobreza cero” es el objetivo prioritario del gobierno, mientras se degrada cada vez más el poder adquisitivo de los trabajadores, lo que obviamente no hace otra cosa que aumentarla de manera exponencial.
Se apela a la futura creación de “empleos de calidad” mientras se expande ferozmente la ola de despidos y crece, incontenible, la desocupación. Se nos pretende mostrar un país marchando resueltamente hacia el crecimiento económico, a la vez que cierran, uno tras otras fábricas y comercios, aunque es forzoso reconocer que han aumentando considerablemente las ganancias de bancos, exportadores de granos y mineras, si bien, lamentablemente, esas ingentes ganancias no se han derramado para ningún lado y mucho menos para abajo.
Mientras se invoca la institucionalidad y la modernización, cada una de las medidas que adopta el gobierno, muchas de ellas claramente inconstitucionales, ya sea en su forma como en su contenido, están destinadas a favorecer a los sectores económicamente más poderosos del país y a retrotraer a los trabajadores a la situación más primaria posible, propia mucho más de principios del siglo XX que del XXI. Para ello hablan de convenios colectivos obsoletos, como si el progreso en esa materia fuera la supresión de derechos antes que su ampliación y reforman por decretos de necesidad y urgencia las normas legales vigentes en materia de riesgos de trabajo, en claro perjuicio de quienes deberían ser protegidos por ellas.
No conformes con la inflación galopante que produjeron con la devaluación y con la quita de retenciones al campo, aumentan sideralmente las tarifas de los servicios públicos que deberán pagar los mismos trabajadores que cada vez ganan menos en términos reales o, peor aún, han sido brutalmente desposeídos de sus menguadas fuentes de ingresos. Y así podríamos transitar por cada una de las medidas que adoptó este gobierno desde que asumió y llegar a las mismas conclusiones en todos los casos, pero no tiene mucho sentido porque ya está demasiado claro que no va a haber ningún cambio en el rumbo iniciado el 10 de Diciembre de 2016 y que este implica una feroz venganza de clase destinada a volver a los trabajadores al lugar del cual, ellos creen, nunca debieron haber salido. Ninguna mención al respecto ha sido más esclarecedora, descriptiva y brutal que la referida a la ilusoria creencia de los “empleados medios” sobre su irrisoria capacidad para comprar celulares, plasmas, motos, autos y otros enseres, que nunca debieron estar contemplados dentro de los magros presupuestos dependientes de sus “sueldos medios”. Mención que, no por brutal, deja de ser extremadamente sincera y que acaba de ser completada por su autor al exponer, muy suelto de cuerpo, en una clara provocación a la lucha de clases, que el salario de los trabajadores nunca debe ser fruto de una negociación, sino de la necesidad, comodidad y complacencia de los patrones.
Pero si claramente este no es el gobierno del pueblo, sino exclusivamente de los patrones, cabe preguntarse con legítimo derecho que responsabilidad enorme en este desatino histórico le corresponde a las centrales sindicales y a los partidos supuestamente opositores, que hasta ahora no solo no se han opuesto prácticamente a ninguna medida adoptada por el gobierno, sino que además han guardado, en la mayoría de los casos, el más ominoso silencio respecto de ellas.
No puede decirse lo mismo de las principales empresas periodísticas y su empleados auto proclamados independientes porque ellos no sólo no son opositores, sino que han trabajado arduamente para desacreditar, por cualquier medio, a los integrantes del anterior gobierno y hacer que los actuales llegasen al poder y siguen trabajando para que lo mantengan el mayor tiempo posible. Lo que si los convierte en absolutamente irrecuperables para la democracia es el hecho de violar cotidianamente, desde hace ya mucho tiempo, la más mínima ética periodística, sin el menor apego a la verdad, a la objetividad y al respeto que le deben a sus lectores, televidentes y oyentes. Esos medios ya se han ganado un lugar predominante en la historia del periodismo como nítidos ejemplos de todo lo que no se debe hacer en esa profesión.
Sin embargo, lo que los emparienta a unos y otros es disimular arteramente su verdadera condición. No representan a los trabajadores los que permiten que se degraden sus derechos y salarios, no son periodistas los que no informan con objetividad la verdad de los hechos y no son opositores los que, muy lejos de ejercer el rol para el cual fueron votados, se han convertido en verdaderos cómplices de la venganza de clase que se viene ejerciendo contra los trabajadores.
