La justicia federal de Córdoba resolvió suspender un juicio contra el multicondenado general Luciano Benjamín Menéndez, aduciendo que una junta médica lo evaluó con “riesgo clínico muy aumentado”, y dispuso el procesamiento con prisión preventiva de 14 ex altos jefes militares.
Los procesados están imputados de violaciones a los derechos humanos en el centro clandestino de detención de personas que funcionó en La Perla, durante la última dictadura militar.
La resolución la tomó el juez federal 3 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, en el marco de sendas causas referidas a la muerte y desaparición de 350 víctimas en los centros de detención La Perla y La Rivera.
La excepción benefició también al ex teniente coronel Carlos Enrique Villanueva, quien tampoco llegó a ser procesado en esta causa, pero que fue señalado por un sobreviviente como quien dispuso el crimen del folklorista Jorge Cafrune.
Ambas resoluciones fueron firmadas por Sánchez Freytes a fines de diciembre último pero recién conocidas hoy a través del Centro de Información Judicial (CIJ) -la página web de la Corte Suprema de la nación-, aunque priorizando el procesamiento con prisión preventiva dispuesto contra otros 32 imputados.
Entre éstos figura el ex mayor Ernesto “Nabo” Barreiro, identificado como participante de operativos de secuestro y posterior tortura, y cuya negativa a someterse a la justicia desencadenó en abril de 1987 la primera revuelta carapintada contra los juicios a militares, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
La resolución que suspende el proceso contra Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, y que ahora tiene 85 años, se motivó en un pedido de la defensa para que sometido a “una evaluación médico forense”.
Esa evaluación determinó que “no se encuentra en condiciones físicas apropiadas para confrontar las instancias de un proceso judicial en ninguna de sus modalidades, presencial o teleconferencia”, señaló el juez según consigna el CIJ.
El dictamen indica que luego de la revisación que realizaron a Menéndez y Villanueva dos peritos del Cuerpo Médico Forense, los médicos Eduardo Gasparrini y Jorge Mosquera dictaminaron en relación a Menéndez que “no se encuentra en condiciones físicas de someterse a las distintas etapas del proceso penal, debiendo clasificarse como de riesgo clínico muy aumentado”.
En su resolución, el juez Sánchez Freytes -que también integra el Consejo de la Magistratura- deja constancia que “corrida vista a la Sra. Fiscal de lo solicitado y de lo dictaminado por los médicos forenses en cada caso, la representante del Ministerio Público Fiscal expresó que no se opone a lo solicitado por los defensores de los imputados Menéndez y Villanueva”, aunque pidió control sobre su evolución.
Apoyado en estos pareceres, el juez entendió que “corresponde hacer lugar a lo solicitado y suspender el trámite del presente proceso en relación a los imputados Menéndez y Villanueva”.
“Repárese que nos encontramos ante una situación no prevista en nuestra legislación ritual, que sí contempla en su artículo 77 la posibilidad de suspender el proceso cuando sobreviene una incapacidad mental”, añade el texto.
“No es ese el caso que se verifica tanto respecto de Menéndez y Villanueva, quienes -si bien conservan sus capacidades mentales- transitan patologías crónicas, irreversibles y progresivas, que les impiden situarse adecuadamente para el ejercicio de los derechos y obligaciones previstos en la ley procesal”.
Entre las 150 víctimas de los asesinatos y secuestro en La Perla que se ventilan en estas causas figura la del dirigente sindical clasista René Salamanca; los integrantes de comisión interna de la fábrica Perkins y de Elmina Santucho.
En la otra causa, referida a los 200 casos de sobrevivientes en la Rivera, uno corresponde al ahora dirigente de la agrupación Libres del Sur, Humberto Tumini.
En un comunicado, el juzgado aseguró que con estos procesamientos se ha “completando la instrucción del grueso de los hechos acontecidos en estos centros clandestinos, respecto de los cuales sólo quedan algunas causas menos voluminosas prontas a ser resueltas”.
Los represores procesados son Hermes Oscar Rodríguez, Vicente Meli, Carlos Alberto Lucena, Mauricio Carlos Poncet, Raúl Eduardo Fierro, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Jorge Eduardo Gorleri, Jorge González Navarro, Luis Gustavo Diedrichs, Italo Cesar Pasquini, Jorge Exequiel Acosta, Aldo Carlos Checchi, Carlos Alberto Díaz, Carlos Alberto Vega y Luis Alberto Manzanelli.
También quedaron esta situación José Hugo Herrera, Juan Eusebio Vega, Ricardo Alberto Ramón Lardone, Luis Alberto Cayetano Quijano, José Andrés Tófalo, Oreste Valentín Padován, Emilio Morard, Héctor Raúl Romero, Arnoldo José López, Enrique Alfredo Maffei, Wenceslao Ricardo Claro, Carlos Alfredo Yanicelli, Miguel Ángel Gómez, Ricardo Cayetano Rocha, Antonio Reginaldo Castro y Héctor Pedro Vergez.