Concejos deliberantes impulsaron ordenanzas y resoluciones contra la transferencia de predios del INTA AMBA a la AABE, al advertir riesgos para la producción periurbana y la agricultura familiar.
Por Florencia Belén Mogno
La decisión del Gobierno Nacional de avanzar con la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria generó una reacción coordinada en distintos distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Tal es así que nunicipios del norte y oeste del conurbano promovieron iniciativas legislativas locales con el objetivo de impedir la eventual venta de terrenos pertenecientes al organismo en la región.
El eje del conflicto se centró en los predios del INTA AMBA, considerados estratégicos para la producción periurbana, la asistencia técnica a pequeños productores y el sostenimiento de la agricultura familiar. La posibilidad de que esas tierras fueran transferidas a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) encendió las alarmas en concejales y autoridades municipales.
En ese contexto y de acuerdo con la información a la que accedió Diario NCO, al menos diez concejos deliberantes aprobaron normativas destinadas a resguardar los terrenos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en sus jurisdicciones.
Entre ellos se encontraron La Matanza, Luján, San Martín, Merlo, Moreno y General Rodríguez, además de Florencio Varela, Berazategui, Berisso, San Vicente y Almirante Brown. Otros municipios como Avellaneda, y Lomas de Zamora analizaron expedientes similares.
Ordenanzas locales y rechazo institucional
En principio, cabe señalar que la reacción institucional respondió al plan de reestructuración impulsado por la conducción del organismo y respaldado por el Ejecutivo Nacional. La hoja de ruta contempló la transferencia de inmuebles a la AABE para su posterior venta o concesión, dentro de un esquema más amplio de reorganización administrativa.
En sintonía con lo planteado anteriormente, el reporte brindado a este medio señaló que de acuerdo con datos oficiales, el Gobierno proyectó la desafectación de más de 33 mil hectáreas consideradas sin actividad productiva o experimental.
A su vez, en los informes internos se identificaron alrededor de 42 mil hectáreas que no estaban destinadas a tareas específicas, entre ellas un predio ubicado en el ámbito metropolitano que podría quedar bajo órbita de la AABE.
Impacto en el empleo y en la red territorial
Por otra parte, el reporte detalló que el proceso de ajuste incluyó también una reducción en la planta de personal. El INTA contó con 5.791 empleados, de los cuales ya se habían registrado 878 desvinculaciones mediante retiros voluntarios, jubilaciones y cesantías. El proyecto original contempló un recorte mayor, que apuntó a reducir hasta 1.700 puestos de trabajo.
Desde los municipios que impulsaron las medidas de protección señalaron que el eventual desmantelamiento del INTA AMBA afectaría la asistencia técnica a miles de familias productoras. En distritos como Merlo y Moreno, el organismo articuló históricamente con cooperativas, emprendimientos hortícolas y espacios educativos vinculados a la producción local.
En Moreno, por ejemplo, se advirtió que más de 400 productores y alrededor de 12.000 familias dependieron de la agricultura urbana y de la capacitación brindada por el organismo. La región, reconocida por su producción de plantines florales, encontró en el INTA un soporte técnico clave para sostener rendimientos y calidad.
Debate sobre el modelo productivo
Ante este escenario, diversos dirigentes rurales y exfuncionarios del organismo también expresaron preocupación ante el Consejo Directivo. Argumentaron que una reestructuración que desconociera el anclaje territorial podría debilitar la red federal construida durante décadas.
El INTA estructuró su presencia en 15 centros regionales y cerca de 400 nodos entre estaciones experimentales y agencias de extensión, lo que permitió articular políticas productivas con gobiernos locales y cooperativas.
De esta manera, varios sectores propusieron un enfoque orientado a la bioindustrialización regional, con transformación de biomasa en alimentos, bioenergía y biomateriales, pero con fuerte participación de pequeños y medianos productores.
En ese contexto, los municipios del norte y oeste del AMBA interpretaron la venta de tierras como una amenaza directa a la soberanía alimentaria y al entramado productivo periurbano. Las ordenanzas y resoluciones impulsadas buscaron fijar posición política y visibilizar el impacto local de una decisión que trascendió el plano administrativo.
La controversia puso en evidencia la tensión entre los objetivos de racionalización estatal y la defensa de estructuras territoriales consolidadas. Mientras el Gobierno avanzó con su plan de reorganización, los distritos bonaerenses procuraron preservar un organismo que consideraron estratégico para el desarrollo regional y la economía social.
Fuente fotografías: redes sociales.
Te Puede Interesar:
https://www.instagram.com/diarioncomatanza
https://facebook.com/diarionco
