Un informe comparó las actualizaciones jubilatorias aplicadas desde diciembre de 2023 con la fórmula establecida por la Ley 27.609 y concluyó que el cambio impulsado por el Gobierno nacional consolidó una pérdida del poder adquisitivo, entre otras consecuencias.
Por Florencia Belén Mogno
La política previsional implementada a partir de diciembre de 2023 se caracterizó por una serie de modificaciones que impactaron de manera negativa en el ingreso real de las jubilaciones. La aceleración de la inflación durante el primer tramo de la gestión y las decisiones normativas posteriores provocaron una caída del poder de compra, especialmente entre quienes percibieron la jubilación mínima.
En ese marco, el Poder Ejecutivo avanzó con el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024, que modificó la fórmula de movilidad previsional y derogó la Ley 27.609, vigente desde 2021. El nuevo esquema ató las actualizaciones a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que alteró de forma estructural el mecanismo de ajuste de los ingresos previsionales.
En ese sentido y según el material al que accedió Diario NCO, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) presentó un informe en el que analizó que en los meses de septiembre y diciembre de 2024, y marzo, junio y septiembre de 2025, los aumentos que hubieran correspondido por la fórmula de la Ley 27.609 resultaban superiores a los efectivamente otorgados bajo el esquema del DNU 274/2024. Esta diferencia se tradujo en una brecha creciente entre ambas modalidades de actualización.
En diciembre de 2025, con un incremento del 2,3 por ciento correspondiente al IPC de octubre de ese año, la jubilación mínima sin bono se ubicó en 340.886 pesos. De haberse mantenido la fórmula anterior, el haber habría alcanzado los 434.279 pesos, lo que implicó una diferencia del 27,4 por ciento a favor del esquema derogado.
Este desfasaje evidenció que la modificación de la movilidad previsional interrumpió una potencial de mejora y además consolidó un nivel de ingresos más bajo para los jubilados, hacia fines de 2025.
El congelamiento del bono previsional
Por otra parte, el reporte señaló que, en paralelo a la modificación de la fórmula, “el congelamiento del bono compensatorio que percibía aproximadamente el 70 por ciento de los jubilados. Desde marzo de 2024, este adicional permaneció fijo en 70 mil pesos, lo que produjo una licuación progresiva de su capacidad de compra frente al avance de la inflación”.
Entre marzo de 2024 y diciembre de 2025, los haberes jubilatorios se incrementaron un 154 por ciento, mientras que la jubilación mínima con bono incluido solo aumentó un 101 por ciento. Si el bono se hubiera actualizado en la misma proporción que los haberes, en diciembre de 2025 debería haber alcanzado los 177.485 pesos, más del doble del monto efectivamente percibido.
Esta política profundizó la pérdida de ingresos de los jubilados de menores recursos, quienes dependieron en mayor medida de ese complemento para sostener su nivel de consumo. La brecha entre jubilaciones con y sin bono se amplió y reforzó un esquema regresivo dentro del sistema previsional.
Poder adquisitivo y alternativas vetadas
Por otro lado, desde CEPA indicaron que el análisis del poder de compra mostró que, en el trimestre octubre-diciembre de 2025, las jubilaciones que no percibieron bono se ubicaron un 2,3 por ciento por debajo del nivel registrado en el último trimestre de la gestión anterior.
En el caso de las jubilaciones con bono, la caída alcanzó el 16,8 por ciento. La comparación trimestral resultó metodológicamente adecuada debido a la dinámica de actualización prevista en la fórmula anterior.
A su vez, el organismo expuso que al atar las jubilaciones al IPC, “el esquema vigente garantizó que los haberes no perdieran poder adquisitivo frente a la inflación, pero también impidió cualquier recuperación real”.
“En contraste, la Ley 27.756 sancionada por el Congreso y vetada por el Ejecutivo contemplaba una recomposición extraordinaria del 7,2 por ciento, un haber mínimo equivalente al 109% de la Canasta Básica Total de un adulto y una cláusula gatillo anual asociada a la evolución real de los salarios”, añadieron desde el Centro de Economía Política Argentina.
De manera similar, la institución señaló que la ley aprobada en julio de 2025 y posteriormente vetada incluía un aumento excepcional del 7,2 por ciento, la actualización del bono previsional a 110 mil pesos con ajuste por inflación, la prórroga de la moratoria previsional por dos años y mejoras en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), ampliando derechos y compatibilidades.
Fin de la moratoria y consecuencias estructurales
En otro punto del estudio, desde CEPA analizaron que en marzo de 2025 finalizó la vigencia de la moratoria previsional y, tal como había anticipado el Poder Ejecutivo, no se prorrogó. Esta decisión implicó un cambio profundo en el acceso al sistema jubilatorio, especialmente para las mujeres, que históricamente registraron trayectorias laborales más interrumpidas.
Según el informe, nueve de cada diez mujeres y ocho de cada diez varones en edad jubilatoria quedaron obligados a acceder a la PUAM, una prestación equivalente al 80% de la jubilación mínima y que no generó derecho a pensión. Este escenario consolidó un esquema de mayor exclusión previsional y redujo el alcance del sistema de seguridad social.
En conjunto y a modo de conclusión, el reporte señaló que los datos a enero de 2026 mostraron que la política previsional adoptada desde diciembre de 2023 no solo limitó la recuperación de los haberes, sino que también redefinió el sistema en un sentido más restrictivo, con impactos duraderos sobre el ingreso y la protección social de los adultos mayores.
Fuente fotografías: CEPA
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