Un informe sobre la ejecución del Presupuesto de la Administración Pública Nacional a diciembre de 2025 reveló una caída real del gasto del 29% respecto a 2023, con recortes en salud, educación, ciencia, obra pública y desarrollo social.
Por Florencia Belén Mogno.
La ejecución del Presupuesto Nacional constituyó una de las principales herramientas para comprender las prioridades del Estado y el impacto concreto de las decisiones económicas sobre la vida cotidiana de la población.
A lo largo de 2025, la dinámica del gasto público evidenció un proceso de ajuste de magnitud que atravesó transversalmente a la mayoría de las áreas de la Administración Pública Nacional, con consecuencias directas sobre políticas públicas estratégicas.
En ese sentido y de acuerdo con el material al que accedió Diario NCO, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) presentó un balance respecto de la ejecución presupuestaria del 2025.
El análisis de los datos acumulados hasta diciembre del año pasado mostró una reducción real del gasto total del orden del 29 por ciento interanual en comparación con 2023. Esta contracción reflejó una redefinición profunda del rol del Estado en materia de inversión social, científica y productiva, en un contexto económico marcado por restricciones fiscales, inflación persistente y caída de la actividad.
Dentro de ese escenario, la estructura del gasto presentó comportamientos dispares. Mientras la mayoría de los organismos y programas registraron fuertes recortes, algunos rubros específicos exhibieron incrementos significativos, lo que permitió observar con mayor claridad el sentido político y económico de la asignación de recursos públicos.
Inteligencia y deuda: los rubros que crecieron en un contexto de ajuste
Uno de los datos más relevantes del informe fue el incremento de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de la Presidencia de la Nación, que registró un aumento del 52% en su ejecución presupuestaria respecto a 2023. Este crecimiento contrastó de manera directa con el ajuste aplicado sobre áreas vinculadas a derechos sociales básicos, como salud, educación y desarrollo social.
Por su parte, los Servicios de la Deuda Pública representaron el 8% del gasto total de la Administración Pública Nacional, manteniendo un peso considerable dentro de la estructura presupuestaria. Este componente continuó absorbiendo una porción significativa de los recursos, condicionando la capacidad de financiamiento de políticas públicas en otros sectores.
El comportamiento de estos rubros puso de relieve una reorientación del gasto estatal, en la que el sostenimiento de compromisos financieros y el fortalecimiento de áreas vinculadas a inteligencia convivieron con una reducción pronunciada de programas de impacto social y productivo.
Salud y ciencia: recortes generalizados
En el ámbito de la salud pública, los datos reflejaron recortes profundos en la mayoría de los organismos nacionales. La Superintendencia de Servicios de Salud presentó una caída del 72 por ciento.
Mientras tanto, los hospitales nacionales registraron ajustes que oscilaron entre el 20 por ciento y el 42 por ciento. El Instituto Malbrán redujo su ejecución en un 26 y la ANMAT en un 25 por ciento respectivamente, en tanto que el Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte sufrió una disminución del 38 por ciento.
Una de las pocas excepciones dentro del sector fue el INCUCAI, que mostró un incremento del 24 por ciento en su ejecución presupuestaria. Sin embargo, este aumento resultó insuficiente para compensar el ajuste generalizado que afectó al sistema de salud en su conjunto.
El sector científico también experimentó recortes de gran magnitud. El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación cayó un 82 por ciento, el CONICET un 32 por ciento, la CONAE un 19 por ciento, el Servicio Meteorológico Nacional un 34 por ciento y el Servicio Geológico Minero Argentino un 25 por ciento.
A su vez, la Fundación Miguel Lillo redujo su presupuesto en un 32 por ciento y la CONEAU en un 8 por ciento, configurando un escenario de debilitamiento sostenido del sistema científico- tecnológico.
Seguridad social, educación y desarrollo social: programas críticos en retroceso
Los organismos vinculados a la seguridad social mostraron disminuciones relevantes. La ANSES registró un recorte del 5 por ciento mientras que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia presentó ída del 73 por ciento, al igual que el INAES.
No obstante, en el área de desarrollo social, los recortes alcanzaron niveles extremos, con una reducción total del 100 por ciento en los programas de Economía Social y el Plan Nacional de Protección Social.
Otros programas centrales también sufrieron ajustes severos. El Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia cayó un 90 por ciento, mientras que los Comedores Comunitarios y Merenderos registraron una disminución del 52 por ciento. Estas cifras reflejaron un fuerte impacto sobre políticas destinadas a los sectores más vulnerables.
En educación, la ejecución presupuestaria de programas estratégicos fue prácticamente nula.
Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente registraron una caída del 100 por ciento, al igual que otras iniciativas clave.
El Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles se redujo en un 90 por ciento, Becas y Gestión Estudiantil en un 78 por ciento, Acciones de Formación Docente en un 75 por ciento, Infraestructura y Equipamiento en un 37 por ciento y Desarrollo de la Educación Superior en un 29 por ciento.
Obra pública, transporte y transferencias
En el área de transporte y obra pública, la ejecución presupuestaria resultó extremadamente baja. Los programas de Infraestructura en Municipios cayeron un 100 por ciento, Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación un 98 por ciento y la Construcción de Túneles y Puentes Grandes un 95 por ciento. Las Obras Viales fuera de la Red Nacional retrocedieron un 95,2 por ciento y el Desarrollo de Obra Pública un 93,5 por ciento.
También se registraron caídas significativas en el Desarrollo de la Cuenca Matanza–Riachuelo, con un 92 por ciento, y en Rutas Seguras, con un 89 por ciento. La Consolidación Urbana y el Mejoramiento de Barrios presentaron una disminución del 75 por ciento, afectando proyectos de infraestructura básica y urbanización.
Finalmente, las transferencias del Tesoro Nacional a provincias y municipios mostraron un severo ajuste. La Asistencia Financiera y Técnica a Municipios cayó un 98 por ciento, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires un cien por ciento y la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios también un cien por ciento.
Las transferencias a entes de la Secretaría de Obras Públicas se redujeron un 92 por ciento y a la Secretaría de Energía un 77 por ciento, mientras que Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional presentó una caída del 68 por ciento.
En síntesis, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional durante 2025 evidenció una reducción marcada del gasto en áreas clave como salud, educación, ciencia, desarrollo social, transporte y obra pública, al mismo tiempo que se incrementaron los recursos destinados a inteligencia.
La magnitud y extensión de los recortes plantearon un escenario de fuerte preocupación respecto a la continuidad y sostenibilidad de políticas públicas esenciales en un contexto económico y social complejo.
Te Puede Interesar:
https://www.instagram.com/diarioncomatanza
https://facebook.com/diarionco
