A dos años de la puesta en vigencia de la Resolución 943/2023, organizaciones de derechos humanos advirtieron un agravamiento de la violencia estatal.
Por Florencia Belén Mogno
La protesta social constituyó históricamente una herramienta de participación democrática en Argentina, especialmente en contextos de crisis económica y social. Las movilizaciones, cortes y concentraciones funcionaron como mecanismos de visibilización de reclamos colectivos frente a decisiones estatales que impactaron de forma directa en amplios sectores de la población.
Sin embargo, en los últimos años se profundizó una lógica de abordaje de la conflictividad social centrada en la seguridad y el orden público, que tendió a criminalizar las manifestaciones y a desplazar el enfoque de derechos humanos. Bajo ese paradigma, la circulación vehicular fue colocada por encima del derecho a la protesta, generando tensiones crecientes entre las fuerzas de seguridad y quienes ejercieron su derecho a manifestarse.
En ese contexto y de acuerdo con la información a la que accedió Diario NCO, Amnistía Internacional presentó un análisis al cumplirse dos años de la entrada en vigencia de la Resolución 943/2023, conocida como Protocolo Antipiquetes y advirtió sobre un grave deterioro de la libertad de expresión y reunión.
Un protocolo cuestionado por su legalidad y sus efectos
El Protocolo Antipiquetes considera delito cualquier manifestación que afectara la circulación y habilitó desalojos y detenciones sin orden judicial, una disposición que contradijo estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y el derecho a la protesta. Estas pautas fueron señaladas como incompatibles con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.
Desde Amnistía Internacional Argentina advirtieron que la aplicación de la Resolución 943/2023 produjo un grave deterioro del espacio cívico. Frente a este escenario, Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones, integró una acción de amparo que solicitó la declaración de inconstitucionalidad del Protocolo.
En el marco de esa causa, el representante del Ministerio Público Fiscal cuestionó la falta de fundamentos válidos del Gobierno para dictar la normativa, un señalamiento que reforzó los cuestionamientos jurídicos existentes.
Heridos, detenciones y un aumento sostenido de la represión
Por otra parte, las cifras recopiladas durante 2024 y 2025 reflejaron la magnitud del impacto del Protocolo. En ese período se registraron al menos 2.557 personas heridas de distinta gravedad como consecuencia del uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza.
Entre los casos documentados se incluyeron impactos de balas de goma en cabeza y rostro, exposición a gases lacrimógenos y gas pimienta, golpes con bastón y violencia física en general.
Los datos mostraron un incremento exponencial de la represión de un año a otro. En 2025, la Comisión Provincial por la Memoria registró 1.341 personas heridas y al menos 165 personas detenidas.
Durante todo 2024, el mismo organismo había contabilizado 1.216 personas heridas y 93 detenidas en manifestaciones. Esta variación implicó un aumento del 77% en la cantidad de detenciones, la mayoría de ellas arbitrarias, sin pruebas suficientes y con liberaciones inmediatas.
Entre los hechos más graves se registraron cuatro casos de impactos de balas de goma en el ojo, que derivaron en pérdidas oculares permanentes. El 12 de marzo de 2025, Jonathan Navarro perdió la visión de su ojo izquierdo tras recibir un disparo de arma cinética por parte de un agente de la Prefectura Naval durante una marcha de apoyo a jubilados.
En tabto, el infirme recordó que en noviembre de 2025, Rodrigo Troncoso, de 24 años, denunció la pérdida de su ojo izquierdo como consecuencia de un disparo de bala de goma recibido en esa misma manifestación, en las inmediaciones del Congreso.
Ataques a la prensa y efecto silenciador
La labor periodística también se vio gravemente afectada por la implementación del Protocolo Antipiquetes. Durante la cobertura de manifestaciones, trabajadores y trabajadoras de prensa enfrentaron restricciones al ejercicio de su trabajo y fueron alcanzados por balas de goma, gases lacrimógenos y agresiones físicas.
Al menos 184 periodistas resultaron lesionados y otros tantos fueron detenidos de manera arbitraria. Varios manifestaron que debieron comenzar a utilizar equipamiento de protección corporal.
De acuerdo a Amnistía Internacional “estos ataques buscaron generar un efecto silenciador punitivo, enviando un mensaje claro a la sociedad: protestar y registrar la protesta tuvo consecuencias”.
Asimismo, denunciaron que el caso más grave fue el del fotógrafo Pablo Grillo, quien cubría las marchas de jubilados. El 12 de marzo de 2025, mientras registraba la represión, recibió un impacto de cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que le provocó una fractura expuesta de cráneo.
Posteriormente, en el marco de la investigación judicial, y a partir del material aportado por el Mapa de la Policía, se identificó al gendarme que efectuó el disparo y la justicia dispuso su procesamiento.
Falta de control y advertencias internacionales
Frente a la gravedad de los hechos, Amnistía Internacional alertó que resultó especialmente preocupante la casi total ausencia de investigaciones internas por parte del Ministerio de Seguridad.
Ante pedidos de acceso a la información pública realizados, el organismo informó el inicio de solo dos sumarios administrativos por uso desproporcionado de la fuerza. Uno de ellos, vinculado a los hechos del 12 de marzo de 2025, fue cerrado sin sanciones disciplinarias, evidenciando su carácter meramente formal.
Diversos organismos internacionales expresaron su preocupación por el impacto del Protocolo Antipiquetes. El 23 de enero de 2024, tres Relatorías Especiales de Naciones Unidas remitieron una comunicación al Gobierno argentino alertando sobre las graves implicancias de la Resolución 943/2023. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó reiteradamente al Estado a respetar los derechos de reunión y asociación pacífica.
Tras la manifestación del 12 de marzo de 2025, la CIDH volvió a pronunciarse y urgió al Estado argentino a investigar de manera pronta, imparcial y con debida diligencia los posibles excesos en el uso de la fuerza.
En tanto el 12 de mayo de 2025, distintas Relatorías de la ONU advirtieron sobre un grave deterioro del espacio cívico desde diciembre de 2023. Finalmente, el 28 de noviembre de 2025, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó su seria preocupación por el Protocolo Antipiquetes, reclamó investigaciones independientes y exigió la adecuación de la normativa a los estándares internacionales de derechos humanos.
De este modo, a dos años de su implementación, el Protocolo Antipiquetes quedó en el centro de un debate que excedió la seguridad y puso en juego la vigencia efectiva de los derechos fundamentales en la Argentina.
Fuente fotografías: Amnistía Internacional
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