El informe anual de la organización alertó sobre la consolidación de un modelo de gestión que priorizó el control social por sobre la garantía de derechos humanos, y redujo el espacio cívico y democrático.
Por Florencia Belén Mogno
El escenario de los derechos humanos en Argentina atravesó durante 2025 un proceso de transformación profunda, marcado por políticas de ajuste fiscal, redefinición del rol estatal y una creciente tensión entre control y garantías democráticas. En ese contexto, distintos organismos advirtieron sobre el impacto de estas decisiones en la vida cotidiana de la población.
La reducción sostenida del gasto público y la reconfiguración de prioridades presupuestarias generaron efectos directos sobre el acceso a derechos básicos. Áreas vinculadas a la salud, la educación, la vivienda, la alimentación y la seguridad social se vieron afectadas, en un marco de aumento de la pobreza y profundización de desigualdades preexistentes.
Al mismo tiempo, se registró un fortalecimiento de dispositivos de control, vigilancia y coerción estatal. Este proceso fue señalado como parte de una lógica de gestión que resignó su función de garante de derechos para ampliar su capacidad represiva, con consecuencias sobre la libertad de expresión, la protesta social y el funcionamiento institucional.
En ese marco y según la información a la que accedió Diario NCO, Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, correspondiente a 2025.
Evaluación anual de Amnistía Internacional
De acuerdo con el documento facilitado a este medio, el balance advirtió que el Estado argentino consolidó un modelo en el que el control social prevaleció sobre la garantía de derechos humanos.
El informe señaló que entre 2023 y 2025 el gasto público cayó más de un 41 por ciento en términos reales, alcanzando su nivel más bajo en dos décadas. Esta reducción no se distribuyó de manera uniforme, ya que las áreas vinculadas a la realización de derechos humanos resultaron las más afectadas, mientras que las partidas destinadas a seguridad, inteligencia y funciones coercitivas registraron incrementos reales o recortes significativamente menores.
Ajuste, desigualdad y control social
Desde la organización alertaron que esta asignación diferencial configuró un Estado que expandió su capacidad represiva al mismo tiempo que retrajo su obligación de brindar protección social y justicia, sin evaluaciones de impacto en derechos humanos ni mecanismos adecuados de participación democrática.
En esa línea, el reporte sostuvo que el proyecto de país que se consolidó durante este período partió de la premisa de que los derechos humanos constituyeron un gasto prescindible y que quienes los defendieron fueron señalados como enemigos ideológicos.
Además, el informe identificó como sectores especialmente afectados a mujeres, personas LGBTTIQ+, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades empobrecidas, que enfrentaron un retroceso en el acceso a derechos y mayores niveles de exposición a la violencia y la exclusión.
Debilidad institucional y retroceso democrático
Por otra parte, el documento también alertó sobre la persistente debilidad institucional que agravó este escenario. Argentina cumplió un nuevo año sin Defensor del Pueblo, un cargo que permaneció vacante desde 2009, y continuaron las acefalías en otros organismos clave de control y supervisión estatal.
De manera paralela, el informe registró un aumento de la criminalización de la protesta social, el hostigamiento a la prensa y la estigmatización de voces críticas. Estas prácticas configuraron, según la organización, un clima en el que el ejercicio efectivo de las libertades se vio progresivamente reducido.
Amnistía Internacional alertó que el achicamiento del espacio cívico y las restricciones a la libertad de expresión constituyeron señales de alarma para el funcionamiento democrático, al limitar la posibilidad de participación, control ciudadano y debate público.
Los ejes principales del informe
Por otro lado, el balance anual abordó de forma integral múltiples dimensiones de la situación de derechos humanos en el país. Entre los ejes centrales se incluyeron el aumento de la pobreza y su impacto en los derechos sociales, la situación de las personas mayores y el acceso a una jubilación digna, y las restricciones a la libertad de expresión.
También se analizaron la represión de la protesta y la criminalización de la asociación, las prácticas de cibervigilancia, los déficits en transparencia estatal, la violencia contra las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, la implementación de la Educación Sexual Integral, las políticas de diversidad, la crisis climática y la situación de personas migrantes y refugiadas.
Además, cabe destacar que el relevamiento incorporó un análisis de la política exterior argentina y su impacto en el posicionamiento del país frente a los estándares internacionales de derechos humanos.
Un retroceso estructural en perspectiva histórica
A dos años del inicio de la gestión de Javier Milei, Amnistía Internacional sostuvo que el retroceso en materia de derechos humanos respondió a un proyecto político que redefinió las funciones del Estado y resignó responsabilidades esenciales frente a la sociedad. Esta lectura se desprendió del monitoreo sistemático que la organización realizó sobre todos los gobiernos desde hace décadas.
Desde la entidad remarcaron que el deterioro observado no constituyó una suma de hechos aislados, sino un proceso estructural que demandó respuestas urgentes para revertir sus efectos. En ese sentido, advirtieron que la consolidación de este modelo dejó consecuencias profundas en la cohesión social, la igualdad y la vigencia de los derechos fundamentales.
El informe concluyó que la reconstrucción de un Estado garante de derechos requerirá no solo cambios en las políticas públicas, sino también el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la ampliación del espacio cívico como condiciones indispensables para una sociedad más justa e inclusiva.
Fuente fotografías: Amnistía Internacional
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