El Observatorio Social del Sistema de Promoción y Protección de Derechos presentó su primer diagnóstico y valoró las políticas impulsadas por el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.
Por Florencia Belén Mogno
La situación social de niños, niñas y adolescentes en la Provincia de Buenos Aires atravesó en los últimos años un escenario marcado por tensiones estructurales. La caída del ingreso real de las familias, la retracción de programas nacionales y el debilitamiento de dispositivos comunitarios generaron un aumento en la demanda de acompañamiento, protección y asistencia.
En ese contexto, las capacidades estatales para intervenir en temas vinculados a la vulneración de derechos adquirieron un rol determinante para contener situaciones emergentes y sostener condiciones mínimas de cuidado.
En ese marco, el rol de los organismos provinciales se convirtió en un elemento central para sostener la articulación entre municipios, instituciones educativas, organizaciones sociales y dispositivos comunitarios. La Provincia avanzó en generar espacios de monitoreo, intercambio y análisis que permitieron conocer el estado de situación de las infancias y adolescencias, así como identificar problemáticas y consolidar políticas orientadas a la ampliación de derechos.
Según el documento al que accedió Diario NCO, el Observatorio Social del Sistema de Promoción y Protección de los Derechos de Niñeces y Adolescencias presentó su primer informe durante un encuentro encabezado en La Plata por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.
La presentación del informe y la fuente oficial
La actividad tuvo lugar en la sede de la cartera y reunió a autoridades provinciales, entre ellas la directora ejecutiva del OPNyA, Andrea Cáceres; y la coordinadora del Observatorio Social, Karina Nazabal. El informe ofreció un diagnóstico actualizado y destacó las políticas impulsadas por el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.
El reporte señaló que el Observatorio se propuso trabajar en profundidad con instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales para establecer el estado de situación general de las infancias y adolescencias en la Provincia.
En ese proceso, visibilizó distintas problemáticas y reconoció avances vinculados a la consolidación de políticas públicas orientadas a la promoción y protección de derechos mediante estrategias territoriales, programas de acompañamiento y acciones de fortalecimiento comunitario.
Las definiciones políticas y los desafíos expuestos
El ministro remarcó que el contexto actual exigió sostener el financiamiento de las áreas vinculadas a la niñez y señaló “la necesidad de que la Legislatura bonaerense aprobara la ley de financiamiento para sostener áreas como niñez, ante el ataque permanente de Milei hacia la comunidad y las organizaciones”.
Por su parte, Andrea Cáceres expresó que “cuando surgió este Observatorio, como cuando se habló de Buen Trato, el desafío fue mirarnos, pararnos frente al espejo y preguntar qué faltaba; hacernos responsables de que había muchas deudas con los pibes y las pibas y que tocaba asumir esa responsabilidad”.
También afirmó que “no había posibilidad de que estuvieran mejor si no se construían comunitariamente los mejores escenarios para que pudieran crecer, con derechos, con salud, con educación, pero sobre todo con amorosidad”.
En la misma línea, Karina Nazabal advirtió sobre los efectos de la ausencia de políticas nacionales en la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes. Señaló que “frente a un gobierno nacional que se había corrido y alejado, con discursos odiantes que excluían, había que seguir trabajando en conjunto y mejorar la política pública para que todos los niños y niñas pudieran realmente vivir en una Provincia que los abrazara y los abrigara, y fueran felices”.
Avances, datos concretos y propuestas de acción
El informe del Observatorio reconoció avances recientes del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, entre ellos la Ley de Buen Trato, el nuevo estatuto laboral, el Programa Entramados y la consolidación del Sistema de Promoción y Protección.
También expuso datos concretos del proceso de implementación territorial. Las capacitaciones en la Ley de la Promoción del Buen Trato, sancionada tres años atrás, alcanzaron a más de seis mil personas en toda la Provincia. La iniciativa llegó a 63 municipios, más de 70 Servicios Locales, 22 Servicios Zonales, 26 Casas de Abrigo, 78 Hogares Convivenciales, 18 Centros de Referencia y 116 escuelas.
Además, el Observatorio elaboró una serie de propuestas para profundizar el sistema, entre ellas la producción y análisis de información propia; el impulso de la participación de chicas y chicos en espacios de escucha y toma de decisiones; y la creación de un protocolo local de intervención conjunta entre Municipios y Policía para situaciones que involucraran a niñas, niños y adolescentes.
El informe presentado destacó que el fortalecimiento del sistema provincial resultó indispensable para enfrentar el impacto social de los recortes nacionales y la emergencia económica.
La articulación institucional, el compromiso territorial y el desarrollo de estrategias preventivas fueron señalados como pilares fundamentales para la protección integral y el acompañamiento de las infancias bonaerenses.
Fuente fotografías: redes sociales.
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