Un informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense expuso que en 2025 la población travesti-trans continuó atravesando altos niveles de violencia institucional, discriminación y precarización laboral.
Por Florencia Belén Mogno
La situación de la población travesti-trans en Argentina reflejó, una vez más, un entramado persistente de desigualdades materiales y simbólicas. A pesar de los avances normativos logrados en la última década, los obstáculos en el acceso a derechos básicos se mantuvieron como un rasgo estructural.
La exclusión laboral se consolidó como una de las principales barreras que afectaron la autonomía económica y el acceso a condiciones de vida dignas. El mercado de trabajo formal continuó cerrando sus puertas al colectivo, lo que derivó en mayores niveles de precariedad y dependencia de estrategias informales de subsistencia. Esta situación impactó en la estabilidad habitacional, el acceso a la salud y la posibilidad de proyectar trayectorias vitales sostenidas.
Las violencias institucionales e interpersonales se mantuvieron extendidas. La discriminación por motivos de identidad de género se manifestó en entornos educativos, sanitarios, laborales y comunitarios, configurando experiencias cotidianas de exclusión. Este conjunto de prácticas afectó la integridad física y simbólica de las personas travestis y trans y reprodujo un circuito de vulneración que operó de manera acumulativa a lo largo del tiempo.
De acuerdo con el documento al que accedió Diario NCO, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Igualdad y la Defensoría LGBT+, desarrolló líneas de acción destinadas a acompañar a personas travestis y trans en situaciones de violencia o discriminación institucional.
Acciones institucionales y desafíos pendientes
En sintonía con lo expuesto anteriormente, el organismo elaboró informes técnicos sobre acceso a derechos, brindó asesoramiento frente a vulneraciones y realizó capacitaciones en el marco de la Ley Micaela.
Estas iniciativas permitieron identificar obstáculos recurrentes en el acceso a salud integral, educación, justicia y empleo. La sistematización de casos funcionó como insumo para el diseño de políticas públicas más precisas y reveló un patrón extendido de exclusión en distintas áreas del Estado. Sin embargo, la magnitud de las problemáticas requirió una mayor articulación interinstitucional y un enfoque de intervención más amplio.
A pesar del trabajo realizado por los organismos de protección de derechos humanos, las situaciones de violencia estructural persistieron. La falta de recursos, la limitada inserción laboral plena y la reproducción de prácticas discriminatorias en espacios estatales y comunitarios mostraron que el desafío superó la capacidad de respuesta de una sola institución.
Avances normativos y brechas en su implementación
Argentina contó con un marco legal robusto que incluyó la Ley de Identidad de Género, la Ley Provincial de Cupo Laboral Travesti-Trans y la Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins para la inclusión laboral a nivel nacional. Estas leyes marcaron hitos en materia de reconocimiento y reparación histórica. Sin embargo, la implementación permaneció desigual en distintas jurisdicciones y organismos, lo que limitó la capacidad efectiva de garantizar derechos.
El acceso al empleo registrado siguió siendo uno de los puntos más sensibles. Según el Informe Nacional sobre Población Travesti-Trans elaborado por el INDEC y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el 62 % de las personas del colectivo no obtuvo un puesto de trabajo formal en 2023.
El dato reflejó una exclusión que persistió a pesar de la normativa vigente y que impactó directamente en la posibilidad de acceder a obra social, sistemas de jubilación y líneas de protección social más amplias.
Las desigualdades materiales coexistieron con violencias simbólicas y prácticas discriminatorias dentro de instituciones públicas y privadas. Más del 70 % de las personas encuestadas en el informe afirmó haber atravesado situaciones de maltrato, exclusión o negación de derechos en contextos estatales.
En ese aspecto, cabe mencionar que estos episodios contribuyeron a consolidar una relación de desconfianza con las instituciones, lo que obstaculizó la denuncia y el acceso a mecanismos de protección.
Crímenes de odio: un aumento que encendió alarmas
Los datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ correspondientes al primer semestre de 2025 revelaron un incremento preocupante en la violencia extrema contra el colectivo.
En los primeros seis meses del año se registraron 102 crímenes de odio, un 70 % más que en el mismo período de 2024. El número reflejó una escalada que colocó nuevamente en el centro del debate la necesidad de políticas integrales de prevención y protección.
El 70 % de las víctimas fueron mujeres trans y travestis. Este dato mostró que la violencia operó con mayor intensidad sobre identidades feminizadas dentro del colectivo, quienes enfrentaron patrones intersectados de discriminación, exclusión económica y violencia de género. Los casos relevados incluyeron asesinatos, ataques físicos, violencia sexual, amenazas y agresiones vinculadas a fuerzas de seguridad.
La falta de estadísticas unificadas a nivel nacional, la ausencia de protocolos claros en algunas jurisdicciones y la insuficiencia de mecanismos de seguimiento dificultaron el análisis integral del fenómeno.
Sin embargo, la información disponible permitió identificar tendencias que se mantuvieron constantes: la violencia se expresó como una práctica social sostenida por prejuicios estructurales que no lograron desarticularse mediante intervenciones estatales parciales.
Hacia políticas públicas que garanticen igualdad real
La información relevada durante 2025 evidenció que la igualdad formal no resultó suficiente para transformar las condiciones de vida de la población travesti-trans. La expectativa de vida, que no superó los 40 años, funcionó como un indicador central de la vulneración sistemática de derechos. Esta cifra sintetizó décadas de exclusión económica, violencia institucional, discriminación y dificultades de acceso a la salud.
Las políticas públicas orientadas a garantizar inclusión laboral, vivienda, educación y salud continuaron siendo una necesidad urgente. La construcción de estrategias integrales implicó abordar las desigualdades desde una perspectiva interseccional que contemplara la particular vulnerabilidad del colectivo.
De esta manera, la prevención de violencias, el fortalecimiento de los canales de denuncia y la mejora de los dispositivos de acompañamiento resultaron claves para modificar el escenario vigente.
El análisis de los datos disponibles mostró que la población travesti-trans siguió enfrentando condiciones de vida marcadas por la desigualdad. La revisión de políticas, la asignación de recursos y la transformación de prácticas institucionales aparecieron como elementos fundamentales para avanzar hacia una sociedad en la que todas las identidades pudieran desarrollar sus vidas sin violencias.
Fuente fotografías: Defensoría del Pueblo bonaerense.
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