Salarios. Con un salario mínimo que equivalió a 225 dólares, el país se ubicó en el nivel más bajo de Hispanoamérica y retrocedió a valores inferiores a los del 2001.
Por Florencia Belén Mogno
Durante los últimos dos años, la discusión pública sobre la economía argentina estuvo atravesada por la promesa oficial de recuperar la estabilidad a partir de un esquema de austeridad profunda.
Sin embargo, la evolución real de los ingresos dejó en evidencia un impacto mucho más severo del previsto. La caída de los salarios se convirtió en uno de los rasgos estructurales del modelo económico y en el indicador más directo del ajuste adoptado por el gobierno.
El retroceso del poder adquisitivo no se concentró solo en los sectores de menores ingresos sino que también alcanzó a trabajadores registrados, informales y autónomos, generando un deterioro transversal que afectó tanto al consumo masivo como a la capacidad de ahorro.
En ese sentido y de acuerdo con la información a la que tuvo la oportunidad de acceder Diario NCO, estudios revelaron que la Argentina quedó ubicada en una posición crítica dentro del mapa salarial de América Latina.
Con 225 dólares mensuales, el salario mínimo argentino se ubicó por debajo de Bolivia, Paraguay y otros países de la región, lo que evidenció un retroceso histórico. El descenso no respondió solo a un fenómeno coyuntural: fue la consecuencia directa de una política que tomó el salario como ancla nominal para estabilizar precios y ordenar desequilibrios macroeconómicos.
Impacto social y pérdida de capacidad de consumo
La caída acumulada desde diciembre de 2023 superó el 30 por ciento en términos reales. Los primeros meses registraron los golpes más fuertes, con desplomes superiores al 15 por ciento en diciembre y enero, que no fueron revertidos posteriormente.
Esa baja arrastró a gran parte de la población hacia situaciones de vulnerabilidad creciente: dos tercios de los hogares quedaron por debajo del ingreso medio y más del 75 por ciento no alcanzó la canasta ampliada.
El impacto sobre el consumo se reflejó en todos los rubros. Los comercios minoristas mostraron retrocesos mes tras mes, mientras las industrias vinculadas a la demanda interna ajustaron producción, turnos y niveles de actividad. La economía quedó trabada en un círculo donde la contracción de ingresos profundizó la caída del consumo, y esa caída volvió a presionar sobre el empleo y la recaudación.
Lejos de revertir la tendencia, los salarios registrados también mostraron un comportamiento rezagado respecto de la inflación. Con un índice de precios que marcó 2,1% en septiembre, los trabajadores privados recuperaron apenas 1,4% y los estatales 1,1%. La pérdida quedó consolidada y evidenció el límite de la estrategia centrada exclusivamente en variables nominales.
Inflación en pausa y señales de reactivación de precios
Según explicó el informe consultado, la desaceleración inflacionaria que destacó el Gobierno a lo largo del año tuvo una base muy precisa: la demanda comprimida y finalmente, energía, combustibles, transporte y servicios mantuvieron incrementos que más tarde se trasladaron al índice general.
Octubre marcó un punto de inflexión. Tras varios meses de estabilidad relativa, la inflación volvió a mostrar un leve incremento impulsado por tarifas, alquileres y combustibles. Las primeras mediciones de noviembre reflejaron la misma tendencia. Para consultoras privadas, el ancla salarial comenzó a desgastarse, dejando abierta la posibilidad de nuevas presiones inflacionarias.
Vivienda y servicios públicos encabezaron las subas, impulsadas por actualizaciones de alquileres y tarifas de gas, electricidad y agua. En segundo lugar se ubicó el transporte, afectado por combustibles y ajustes en el sistema de transporte público. Alimentos retomaron incrementos y reactivaron la preocupación por la canasta básica.
Un modelo que encontró su techo social
Según el documento al que accedió Diario NCO, la estructura económica de los últimos meses mostró una paradoja central. El salario fue la base del ajuste inicial, pero también su punto de saturación.
En los análisis internos del sector económico, se admitió que el escenario 2026 presentaría desafíos más complejos. La inflación reprimida por la caída del consumo podría requerir nuevas correcciones en tarifas, combustibles o tipo de cambio, con efectos inciertos sobre precios y salarios.
En ese sentido, el reporte señaló que la gobernabilidad económica quedó sujeta a la capacidad del sistema político para administrar un escenario donde los ingresos reales permanecieron en los niveles más bajos de las últimas décadas. Sin recomposición salarial, el margen de maniobra para sostener mejoras nominales se volvió cada vez más limitado.
Conclusión: la economía y la vida cotidiana en un punto crítico
En sintonía con lo expuesto, el estudio indicó que la aceleración reciente de precios, motorizada por tarifas, combustibles y alimentos, mostró el desgaste del ancla salarial y la fragilidad del esquema estabilizador.
De esta manera, el país ingresó en una etapa donde la continuidad del programa económico dependerá no solo de la macroeconomía, sino también de la capacidad social para sostener un nivel de ingresos que retrocedió hasta valores históricos.
Mientras el Gobierno destaca la desaceleración, los indicadores revelan otra cara: el ajuste recayó sobre el salario y el salario ya no tiene margen para seguir cayendo. La próxima etapa exigirá respuestas concretas sobre empleo, ingresos y producción. Sin ese componente, la estabilidad seguirá dependiendo de un sacrificio que hoy una parte creciente de la población ya no puede sostener.
Fuente fotografías: redes sociales.
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