La Defensoría del Pueblo bonaerense alertó sobre los riesgos asociados al uso de Roblox entre niños, niñas y adolescentes, en un contexto donde el acceso temprano a dispositivos y la falta de regulaciones específicas incrementaron la exposición a daños digitales.
Por Florencia Belén Mogno
En los últimos años, el debate sobre la seguridad en entornos digitales cobró una relevancia creciente debido al aumento del acceso temprano a dispositivos móviles y plataformas de juego. La preocupación no surgió únicamente por la masividad de estas aplicaciones, sino por la combinación de interacciones sociales complejas, dinámicas de consumo intensivas y una arquitectura diseñada para captar la atención durante períodos prolongados.
En ese marco, Roblox se consolidó como una de las plataformas más utilizadas por las infancias, lo que impulsó la necesidad de analizar sus características específicas y los riesgos que presenta.
Los organismos especializados en protección de derechos señalaron que el ingreso al ecosistema digital se produjo cada vez a edades más bajas, lo que obliga a revisar los marcos pedagógicos, regulatorios y tecnológicos disponibles.
Frente a ese escenario, la discusión pública comenzó a incorporar conceptos vinculados a la economía de la atención, la salud mental y los criterios éticos aplicados al diseño de plataformas dirigidas, de manera directa o indirecta, a menores de edad. Se trata de un fenómeno global que también se reflejó en Argentina y que motivó diversas advertencias institucionales.
En este contexto general, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires advirtió sobre el uso de Roblox, una plataforma basada en Contenido Generado por Usuarios donde la mayoría de las experiencias y juegos provienen de otros usuarios y no directamente de la empresa.
Según el informe al que accedió Diario NCO, esta dinámica incrementó la exposición a riesgos específicos debido a la combinación entre diseño inmersivo, interacciones sociales abiertas y modelos económicos orientados a la retención.
Plataformas UGC y riesgos asociados
El documento consultado por este medio destacó que la edad promedio de acceso al primer celular propio con conexión a internet en Argentina fue de 9,6 años, según datos de la Encuesta Kids Online.
A esa edad, la vulnerabilidad cognitiva y emocional resultó especialmente significativa porque los menores aún se encontraban en pleno desarrollo y no contaban con herramientas suficientes para comprender dinámicas de consumo, manipulación algorítmica o posibles interacciones dañinas con otros usuarios.
Además, el informe remarcó que el modelo de negocio de Roblox utilizó datos detallados para la monetización y la publicidad dirigida. Este sistema de targeting operó sobre audiencias predominantemente infantiles y adolescentes, lo que generó una “vulnerabilidad cognitiva y ética” debido al uso de técnicas que buscaban maximizar el tiempo frente a la pantalla y la probabilidad de realizar compras dentro de la plataforma.
Riesgos de contacto y acoso
Uno de los ejes principales del informe se concentró en los peligros vinculados al contacto con desconocidos y al acoso digital. La Defensoría señaló que el entorno social e interactivo de Roblox creó un espacio fértil para prácticas como el grooming y el ciberacoso, incluso cuando la plataforma implementó barreras de seguridad.
En ese sentido, el estudio señaló que la persistencia de estos riesgos fue identificada por organizaciones especializadas que confirmaron la gravedad de la problemática a nivel nacional e internacional.
El reporte recordó que un informe global reciente reveló que siete de cada diez niños sufrieron daños en línea, aunque la mayoría no lo denunció. Esa brecha entre la experiencia de daño y la denuncia formal profundizó la necesidad de políticas públicas y protocolos institucionales que acompañaran a las familias, capacitaran a las escuelas y exigieran mayores medidas de seguridad a las plataformas comerciales.
La Defensoría subrayó que las dinámicas propias de los espacios inmersivos y multijugador favorecieron entornos donde los contactos no deseados y la manipulación emocional se volvieron más difíciles de detectar.
En consecuencia, se remarcó la importancia de desarrollar herramientas pedagógicas que permitieran a los menores identificar señales de riesgo y fortalecer la comunicación con adultos responsables.
Economía de la atención y riesgos adictivos
En paralelo a los peligros vinculados al contacto con terceros, el documento identificó otra problemática relevante: el riesgo de adicción y el gasto compulsivo. La estructura económica de Roblox, basada en recompensas variables y en el uso de la moneda virtual Robux, reprodujo mecanismos comparables a los sistemas que históricamente se asociaron con la ludopatía.
El análisis destacó que los sistemas de microtransacciones incentivaron compras frecuentes vinculadas a estéticas, habilidades o beneficios dentro del juego, lo que expuso a niños, niñas y adolescentes a dinámicas de consumo que podían resultar perjudiciales para su estabilidad emocional y económica..
Asimismo, la Defensoría indicó que estas dinámicas tuvieron consecuencias directas en la salud mental. Entre ellas mencionó la aparición de una “extrema vulnerabilidad psíquica”, manifestada en irritabilidad, aislamiento y deterioro de la convivencia social. La falta de descanso adecuado y la interferencia con actividades académicas se sumaron como problemas derivados del uso excesivo.
Impacto escolar y desafíos familiares
Por otra parte, el informe remarcó que el consumo intensivo de Roblox afectó el rendimiento y la convivencia escolar, debido a la distracción constante y a la dificultad para sostener rutinas de estudio.
El aislamiento progresivo que generó el uso compulsivo también agravó conflictos ya existentes y, en algunos casos, provocó retrocesos en vínculos sociales, aumentando la exposición al acoso entre pares.
Frente a ese panorama, la Defensoría sostuvo que las medidas restrictivas, como el bloqueo de aplicaciones o el control exclusivo del tiempo de conexión, no resultaron suficientes. En lugar de soluciones punitivas o puramente prohibitivas, el organismo propuso estrategias proactivas centradas en el acompañamiento, la regulación y la educación.
El estudio advirtió que el marco regulatorio argentino no estableció aún un “Deber de Cuidado” legalmente vinculante para las plataformas, lo que dejó a las familias expuestas a decisiones empresariales que priorizaron la retención y la monetización por encima de la protección de menores. Por ese motivo, la Defensoría impulsó un enfoque de responsabilidad compartida entre Estado, empresas, familias y sociedad civil.
Recomendaciones regulatorias y educativas
Según el informe al que pudo acceder este medio, cabe destacar que la primera medida necesaria fue el desarrollo de un marco regulatorio obligatorio que estableciera el Deber de Cuidado.
Entre los puntos propuestos se incluyeron el diseño seguro por defecto, límites de tiempo de juego y obligaciones de transparencia algorítmica que permitieran conocer cómo las plataformas exponían a los usuarios a determinados riesgos. La incorporación de auditorías externas también formó parte de las recomendaciones.
Asimismo, la Defensoría señaló que la prevención debía combinar herramientas tecnológicas y estrategias pedagógicas. En este sentido, destacó la importancia de promover videojuegos educativos, conocidos como Serious Games, orientados a prevenir grooming y ciberacoso.
Estas iniciativas ya se desarrollaron en organismos públicos como el CONICET y distintas universidades argentinas, lo que permitió avanzar en propuestas adaptadas a las necesidades locales.
Por último, el documento propuso integrar módulos obligatorios de ciudadanía digital en el sistema educativo. Estos contenidos incluirían el análisis crítico de la economía de la atención, la gestión de la salud mental y el acompañamiento para reconocer prácticas de manipulación algorítmica.
Para la Defensoría, la construcción de entornos digitales seguros solo sería posible con la participación articulada de la Plataforma, el Estado, las Familias y la Sociedad Civil, bajo el principio de que la protección de las infancias constituye una responsabilidad compartida.
Fuente fotografías: Defensoría del Pueblo bonaerense.
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