Organizaciones reclamaron que las vacantes en la Suprema Corte bonaerense se cubrieran con mujeres para saldar una deuda de representación y fortalecer la legitimidad democrática.
Por Florencia Belén Mogno
En los últimos tiempos, la discusión sobre la igualdad de género en los espacios de toma de decisión del Poder Judicial volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública de la Provincia de Buenos Aires.
La composición de sus órganos superiores, históricamente dominada por varones, permaneció como un indicador persistente de desigualdad estructural y de las brechas de representación que afectaron de manera directa la legitimidad de las instituciones. En ese marco, el funcionamiento reducido de la Suprema Corte de Justicia bonaerense abrió un escenario político y social de significativa trascendencia.
Según el documento al que accedió Diario NCO, distintas organizaciones señalaron que la ausencia de mujeres en los ámbitos decisorios impactó de manera negativa en la calidad democrática y en la equidad dentro de la administración de justicia.
La paridad, plantearon, no constituía únicamente un reclamo de justicia simbólica, sino una condición indispensable para fortalecer la credibilidad de los procesos, garantizar la pluralidad de miradas y evitar que las decisiones judiciales continuaran construyéndose desde perspectivas homogéneas.
Un déficit histórico en la integración del máximo tribunal
El reporte indicó que la Suprema Corte bonaerense funcionó con apenas tres integrantes, pese a que su composición debía alcanzar un total de siete. Esta reducción, que se sostuvo durante varios meses, colocó al tribunal en un estado de fragilidad institucional que generó preocupación en ámbitos judiciales, académicos y sociales. A la vez, abrió un momento político clave para reconfigurar su integración hacia un modelo más representativo y democrático.
La discusión sobre los nombres posibles para ocupar las vacantes circuló en distintos sectores de decisión. Sin embargo, las organizaciones firmantes remarcaron que cualquier debate sobre candidaturas debía incluir el cumplimiento del estándar de paridad previsto en compromisos internacionales asumidos por Argentina, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
La Recomendación General Nº 40 del Comité de la CEDAW, adoptada en 2024, estableció que los Estados debían asegurar la participación equilibrada de mujeres y varones en todos los sistemas de toma de decisión, incluido el Poder Judicial en todos sus niveles. En virtud de esa obligación jurídica, Argentina debía adoptar medidas efectivas para garantizar el 50 por ciento de representación femenina en sus instituciones de mayor jerarquía.
Obligaciones internacionales y demandas de equidad
El texto difundido indicó que la ausencia de mujeres en el máximo tribunal provincial no solo mantenía una deuda histórica, sino que también implicaba el incumplimiento de un mandato vigente en el sistema internacional de derechos humanos.
La Provincia de Buenos Aires, señalaron las organizaciones, tenía la posibilidad inmediata de corregir esa desigualdad debido a las vacantes abiertas y al momento institucional que atravesaba la Corte.
No designar mujeres para esos cargos podría representar, según el informe consultado, la continuidad de un modelo de exclusión sistemática y una vulneración a la igualdad sustantiva que la normativa nacional e internacional obligaba a garantizar. En un tribunal que tuvo únicamente una jueza en siglo y medio, avanzar con candidaturas exclusivamente masculinas profundizaría la falta de legitimidad social y afectaría la confianza pública.
Las organizaciones solicitaron que la Provincia adoptara un enfoque activo para asegurar la presencia de mujeres altamente calificadas. La paridad, remarcaron, no debía interpretarse como un límite al mérito, sino como un criterio para ampliar la idoneidad del tribunal y permitir que la diversidad de trayectorias y miradas potenciara la calidad institucional.
Reclamos para una selección con perspectiva de igualdad
Según el texto al que accedió Diario NCO, las organizaciones firmantes recomendaron que, al publicar la lista de postulaciones, la Provincia propusiera mujeres con trayectoria destacada, independencia e integridad comprobada.
Además, las mismas solicitaron que al menos tres de esas nominaciones correspondieran a mujeres para garantizar un proceso real de equidad y no una aproximación meramente formal o simbólica.
El pedido incluyó la necesidad de modificar o complementar los criterios establecidos en el Decreto 735/04, que regula el procedimiento de designación. El objetivo, según destacaron, consistió en incorporar parámetros que valoraran la idoneidad técnica y jurídica, el compromiso con los derechos humanos y los valores democráticos y la posibilidad de representar las diversidades de género, especialidad y procedencia dentro del territorio bonaerense.
Para las organizaciones consultadas, avanzar con estos lineamientos permitiría reconfigurar la Suprema Corte bonaerense de manera acorde con las necesidades democráticas actuales. Una integración plural contribuiría a mejorar la calidad de las decisiones judiciales y robustecer la legitimidad de una institución clave para el equilibrio entre los poderes del Estado.
Una oportunidad decisiva para transformar el Poder Judicial bonaerense
Para las organizaciones firmantes, la Provincia de Buenos Aires enfrentó un momento definitorio. La designación de mujeres en la Suprema Corte no debía analizarse como una excepción histórica, sino como la corrección de un déficit sostenido durante décadas.
En ese sentido, el reporte planteó que avanzar hacia la paridad significaría cumplir con mandatos constitucionales, respetar obligaciones internacionales y responder a las demandas de una ciudadanía que exigió instituciones más representativas.
Bajo esta perspectiva, el informe sostuvo que la integración paritaria del máximo tribunal provincial representaría un paso indispensable para fortalecer la justicia, ampliar su legitimidad y construir un sistema donde todas las personas contaran con igualdad en el acceso a la toma de decisiones.
Según expresaron las organizaciones, garantizar una Corte plural y diversa no solo reforzaría la calidad institucional, sino que contribuiría a transformar las bases mismas de un Poder Judicial históricamente asociado a estructuras de desigualdad. En esa dirección, la Provincia tendría la responsabilidad y la oportunidad de impulsar una reforma estructural con impacto duradero.
Fuente fotografías: redes sociales.
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