El economista Darío Banga cuestionó el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y advirtió que no contiene beneficios para los trabajadores, favorece a las empresas y busca abaratar despidos en un contexto de privatizaciones y ajuste.
El debate en torno a la reforma laboral vuelve a ocupar un lugar central en la agenda económica y política. Desde su columna en el programa No Te Duermas de Radio Hexa, el economista Darío Banga trazó un análisis crítico sobre el sentido y los alcances del proyecto que impulsa el gobierno nacional, al que definió como una iniciativa claramente orientada a satisfacer demandas históricas del sector empresarial.
“No hay nada que se pueda decir ‘es un beneficio para el trabajador’. Lo llama modernización laboral, como si fuera algo nuevo, cuando es algo que se pide hace 70 años por parte de las empresas”, sostuvo Banga. En ese marco, cuestionó uno de los argumentos más repetidos por los defensores de la reforma: la promesa de generación de empleo. Según explicó, la legislación laboral argentina, basada en la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744, sancionada en 1974, se mantiene vigente desde hace décadas y, sin embargo, convive con altos niveles de informalidad. “Lo que dicen las empresas es que esto va a traer más puestos de trabajo. Pero hay una realidad y hay que ser sinceros. La ley laboral está vigente desde los años 70’ y nunca se reformó. Hay que dar la discusión porque si vos tenés un 60% de trabajadores que están en negro es que algún problema. No sé si es la ley en sí. Pero hay algo que no está funcionando, eso es verdad. Ahora lo que no hay que hacer es una reforma a favor de las empresas”.
Uno de los puntos más cuestionados por el columnista es el rol de los actores que participan en el diseño del proyecto. Banga advirtió que “el estudio jurídico que interviene en la reforma, uno de los más importantes de la Argentina, es el estudio jurídico de las empresas”, lo que, a su entender, explica la orientación del articulado. En esa línea, señaló como especialmente problemáticas las propuestas de reducción o eliminación de aportes patronales. “Hay cuestiones que no van, como la quita de aportes impositivos a las empresas y lo que no se recauda de otro lado tiene que salir. Entonces el gobierno está financiando a las empresas y a dónde va a ajustar para financiar ese déficit de ingresos ¿va a ajustar más a los trabajadores?”, se preguntó.
El apuro oficial por avanzar con la reforma también fue interpretado por Banga en relación con el proceso de privatizaciones anunciado por el Ejecutivo. “El gobierno necesita sacar esta reforma lo antes posible. No olvidemos que hay muchas empresas que se van a privatizar y va a haber muchos despidos, y hay gente con mucha antigüedad”. En ese contexto, alertó que la nueva legislación podría facilitar despidos masivos y abaratar los costos empresariales: “Entonces necesita esta ley para abaratar este proceso. Es una masacre lo que van a hacer con los trabajadores”.
Otro de los ejes más sensibles del proyecto es la posible creación de un fondo de cese laboral en reemplazo del sistema tradicional de indemnizaciones, una figura que remite a experiencias pasadas ampliamente cuestionadas. Con respecto al fondo de indemnizaciones que se van a financiar los propios trabajadores, remarcó: “Es similar a las AFJP. ¿Quién va a manejar ese fondo, una empresa privada?”, planteó Banga, aludiendo al sistema previsional privatizado vigente entre 1994 y 2008, que fue desmantelado por sus efectos regresivos y la pérdida de control estatal sobre los aportes.
Finalmente, el economista remarcó que no todos los puntos del proyecto tendrían viabilidad legal. Banga aclaró que “hay cuestiones jurídicas que no permitir avanzar ciertos artículos del proyecto de ley”, en referencia a posibles contradicciones con principios constitucionales del derecho laboral argentino, como la protección del trabajo, la irrenunciabilidad de derechos y el carácter tuitivo de la normativa, consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Mientras el debate avanza, las advertencias planteadas desde el ámbito académico y sindical ponen el foco en un interrogante central: si la reforma laboral apunta a resolver los problemas estructurales del empleo en la Argentina o si, por el contrario, profundiza un modelo de flexibilización que vuelve a trasladar el costo del ajuste sobre los trabajadores.
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