
Rubén Domínguez, trabajador de la planta de Georgalos ubicada en Victoria (San Fernando), describió la delicada situación laboral que atraviesan los operarios afectados por suspensiones rotativas acordadas entre la empresa y el sindicato. En comunicación con Radio Hexa, denunció que los entendimientos se realizan a espaldas de la comisión interna y advirtió que el mecanismo aplicado habilita un escenario donde los despidos podrían aparecer como resolución final que busca la patronal.
Por Giuliana Salmonte Siciliano
Gmail: giulianasalmontesiciliano@gmail.com
La situación en Georgalos volvió a encender las alarmas dentro del sector industrial y en el gremio de la alimentación. Rubén Domínguez recordó que el conflicto no es nuevo: el 5 de junio ya había habido despidos de trabajadores por participar de huelgas, aunque hoy —según aclaró— no hay nada formal. Lo que sí existe es un acuerdo reciente que establece suspensiones sucesivas: tandas de 80 operarios cada 15 días, hasta completar un total de 600 trabajadores alcanzados por la medida.
El eje de la denuncia es la forma en que se firmó ese entendimiento. El entrevistado aseguró que el sindicato lo pactó sin la participación de la comisión interna que funciona en el Ministerio de Trabajo, dejando afuera a la representación legítima de los trabajadores. “Es un acuerdo flojo de papeles, no ilegal, pero totalmente perjudicial”, manifestó. A su vez, remarcó que la preocupación crece porque las suspensiones no son indefinidas: más temprano que tarde, advirtió, la empresa buscará resolver la situación y esa resolución va a ser la baja de los puestos de trabajo.
Según detalló, el esquema aplicado es el contemplado por el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. En ese marco, los trabajadores suspendidos perciben el 80 por ciento del salario básico más premios, pero en carácter no remunerativo. Para Rubén, esto implica un doble beneficio para la patronal: por un lado retiene el 20 por ciento del ingreso real de cada empleado, y por el otro deja de pagar cargas patronales y contribuciones, elevando la ganancia empresarial a un 40 por ciento aproximadamente.
La planta de Georgalos en Victoria —ubicada en Acceso Tigre y Uruguay, en el partido de San Fernando— es la más afectada por el esquema de suspensiones, que regirá hasta marzo. El lunes pasado salió la segunda tanda de 80 empleados, y el proceso continúa mientras los trabajadores mantienen guardias constantes en la fábrica para impedir retiros de mercadería o movimientos que afecten la preservación de los puestos de trabajo. Además, explicó que quienes están suspendidos cobran el aguinaldo por fuera, con un cálculo diferenciado.
El conflicto, señaló, se da en un marco nacional de caída del consumo, reducción de la actividad y un creciente aprovechamiento empresario de la crisis para reducir equipos de trabajo.
La angustia como síntoma de una crisis estructural
En uno de los pasajes más duros del relato, Rubén Domínguez explicó que la angustia y el temor se volvieron parte cotidiana dentro de la planta. Por eso, señaló que todos los trabajadores saben que las suspensiones suelen ser la antesala de los despidos, y que esta realidad afecta especialmente a quienes tienen muchos años dentro de la empresa: “La mayoría tiene más de 15 años de antigüedad. Somos gente relativamente grande. Si a los chicos les cuesta conseguir trabajo, imagínense a nosotros”.
Esa incertidumbre permanente, expresó, no es solo económica sino emocional. La suspensión de un contrato implica para los trabajadores un vacío legal, la sensación de estar “adentro pero afuera”, y la imposibilidad de planificar el futuro inmediato. Para muchos, significó no solo perder parte del salario sino enfrentar un escenario donde el horizonte laboral aparece cada vez más confuso. Por eso, el trabajador describió este clima como “un quilombo total”, donde la vida cotidiana se ve atravesada por la duda de si habrá o no trabajo al día siguiente.
Te Puede Interesar:
https://www.instagram.com/diarioncomatanza
https://facebook.com/diarionco



