Rocío Olguín, militante del movimiento piquetero de La Matanza y asesora del diputado Juan Marino, analizó el escándalo Libra y cuestionó con dureza la inacción judicial. También se refirió a que la reconstrucción de lo sucedido surgió del trabajo parlamentario y de especialistas en informática, y que el esquema detectado responde a un patrón ya comprobado en otros casos.
Por Giuliana Salmonte Siciliano
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Como tema central, Rocío remarcó que el funcionamiento del Poder Judicial argentino vuelve a mostrar su peor faceta: “Como siempre, deja mucho que desear y responde a los poderes económicos”. En el mismo relato, aseguró que la causa Libra encaja en un entramado que ya había sido advertido en el Congreso, donde se identificaron mecanismos similares y una lógica de estafas que se repite. Según explicó, fueron los propios diputados quienes, junto a expertos en informática y referentes del mundo cripto, consiguieron reconstruir las maniobras que quedaron expuestas en el expediente parlamentario.
Para la asesora, lo que la sociedad general entiende es que Libra es una estafa asociada al Twitter de Javier Milei, y esta no avanza en el terreno judicial por motivos políticos. De allí su propuesta: fijar una base mínima de comprensión pública, un lenguaje accesible que permita explicar lo que ocurrió. Para explicar esto, trae el termino de rug pull: un retiro veloz de fondos por parte de quienes tenían información privilegiada. “La gente mandaba su plata a una cuenta y otros la sacaban cuando había mucha acumulación”, explicó.
El punto neurálgico es la responsabilidad directa del presidente. Según detalló, Milei publicó desde su cuenta oficial de “tilde gris”, como jefe de Estado, el número de contrato de Libra, un dato que nadie más poseía en ese momento. Ese gesto configuró un aval político y jurídico a la operatoria, porque no se puede separar la función pública de la figura personal. Con ese respaldo, quienes manejaban el sistema habilitaron modificaciones internas y movimientos de fondos hacia cuentas particulares.
Además, mencionó tres nombres que, en el informe legislativo, operaron en la maniobra: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Hayden Davis, este último es el inversor estadounidense que se llevó el grueso del dinero. En este caso, el rol del presidente es central no solo por el impulso original, sino porque fue su propio mensaje el que desplegó confianza y adhesión masiva.
Otro aspecto clave del informe parlamentario tiene que ver con las responsabilidades políticas: apunta tanto a Javier Milei como a Karina Milei, a quien ubica en todas las reuniones vinculadas a la moneda. Rocío Olguín subrayó que el documento recomienda evaluar el desempeño presidencial, denunciar a funcionarios que habrían obstaculizado la investigación y establecer nuevas regulaciones para el uso oficial de redes sociales. También incluye una presentación ante la Corte Suprema para que se obligue a declarar a los integrantes del Ejecutivo implicados.
El rol del Congreso y las tensiones institucionales
El cruce entre poderes que desató la causa Libra abrió un debate interno en la Cámara de Diputados. El informe aprobado no solo reconstruye la maniobra técnica y financiera, sino que cuestiona directamente a sectores del Poder Judicial por haber obstruido pedidos de información y por negarse a citar a declarar a funcionarios nacionales. Esa denuncia, que ahora llegó a la Corte Suprema, pretende fijar un precedente sobre los límites y obligaciones de cada poder del Estado cuando se investigan delitos que involucran a autoridades de máxima jerarquía.
En paralelo, legisladores de distintos bloques comenzaron a discutir la necesidad de actualizar normas éticas y protocolos de comunicación para funcionarios. La utilización de cuentas oficiales, especialmente aquellas con identificación estatal, quedó bajo la lupa. Según el informe, la ausencia de criterios claros permitió que un mensaje presidencial terminara validando —de forma explícita o implícita— una plataforma que luego resultó falsa. Esto reabrió un debate más amplio: el vínculo entre la política, las tecnologías financieras y la responsabilidad pública en el uso de redes sociales.
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