Un acuerdo entre el Ministerio de Justicia porteño y la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires apunta a consolidar políticas públicas de contención emocional, restitución de derechos y reinserción laboral para quienes atravesaron situaciones de violencia.
Por Florencia Belén Mogno
La atención a personas que sufren delitos o violencia requiere una intervención que combine apoyo psicológico, social y laboral. La evidencia internacional muestra que la contención temprana, el acompañamiento profesional y la creación de redes de protección reducen significativamente las secuelas emocionales y favorecen la recuperación de la autonomía de las víctimas.
En la Ciudad de Buenos Aires, la creciente complejidad de los casos demandó una articulación más sólida entre las instituciones estatales y académicas. Los programas de asistencia tradicionales se enfrentaron a desafíos de coordinación, limitaciones de recursos humanos y necesidades específicas de cada víctima, lo que evidenció la necesidad de fortalecer los dispositivos de atención.
Asimismo, la integración de espacios de formación laboral constituye un componente clave de la reinserción social. Permitir que las personas recuperen su independencia económica y puedan reconstruir proyectos de vida no solo representa un derecho fundamental, sino que también funciona como un mecanismo preventivo frente a nuevas vulneraciones.
En este contexto, Diario NCO accedió a la información sobre un Convenio Marco de Cooperación Institucional y un Convenio Específico firmado entre el Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y la Facultad de Psicología de la UBA.
Un convenio que busca fortalecer la reinserción
El acuerdo tiene como objetivo principal reforzar el Programa de Reinserción Laboral para víctimas de delitos, consolidando políticas de asistencia, restitución de derechos y acompañamiento psicológico.
A partir del convenio, se creó un gabinete de acompañamiento psicológico integral, conformado por profesionales de la UBA. El equipo brindó contención y seguimiento emocional a las personas que participaron del programa, con el fin de promover su recuperación psicosocial y su reintegración al ámbito laboral.
Según el informe el programa fue formalizado mediante la Resolución Nº RS-2025-41582657-GCABA-SSAJUD y facilitó la incorporación de las víctimas al Régimen Especial de Prácticas de Formación para el Empleo (Ley N.º 6.393), asegurando un proceso de reparación integral.
Políticas públicas y cooperación académica
El trabajo interdisciplinario se volvió central para garantizar un acompañamiento efectivo. Las universidades públicas, por su experiencia académica y profesional, pueden aportar capacidades técnicas, investigación aplicada y recursos humanos calificados que potencien los programas estatales.
En esa línea, el reporte señaló que este tipo de colaboración asegura que las estrategias de asistencia se implementen con evidencia científica, protocolos estandarizados y supervisión profesional continua.
Los antecedentes de programas similares demostraron que la colaboración entre el Estado y la academia mejora la detección de necesidades, la planificación de intervenciones y la eficiencia de los dispositivos.
Asimismo, permite generar espacios de formación para estudiantes y profesionales que se involucren en la asistencia directa, fortaleciendo la experiencia práctica y la vinculación social de la universidad.
La articulación también potencia la creación de redes de contención. La coordinación entre ministerios, facultades, áreas de salud y servicios sociales garantiza que la víctima acceda a un acompañamiento integral, que combine contención emocional, asistencia jurídica y oportunidades de reinserción laboral.
Experiencia académica al servicio de la justicia
La firma de los convenios destacó la importancia de la articulación entre el Estado y las universidades públicas. Según la información al que accedió Diario NCO, la Facultad de Psicología aportó su experiencia profesional para fortalecer la red de contención y mejorar las estrategias de atención, restitución de derechos y seguimiento psicológico.
El acto de firma se realizó en la sede de la Secretaría de Justicia y contó con la participación de Francisco Quintana, secretario de Justicia porteño; Adrián Grassi, subsecretario de Asuntos Judiciales; Jorge Biglieri, decano de la Facultad de Psicología de la UBA; Felicitas de Lasa, directora general de Asistencia a la Víctima; y Flabia Rodríguez, subsecretaria de Posgrado de la UBA.
Los responsables del convenio indicaron que la iniciativa permitió consolidar un espacio de colaboración interdisciplinaria, integrando áreas de psicología, trabajo social y formación laboral para garantizar una respuesta integral frente a la violencia y los delitos.
Hacia la reparación y la autonomía
Con esta iniciativa, el Ministerio de Justicia reafirmó su compromiso con la protección y restitución de derechos de las víctimas de delitos, fortaleciendo la cooperación con instituciones académicas y la implementación de dispositivos interdisciplinarios que promovieron la autonomía y reconstrucción de proyectos de vida.
El convenio funcionó como un modelo de intervención integral que combinó asistencia psicológica, formación laboral y acompañamiento social. Los especialistas señalaron que la estrategia permitió brindar seguimiento sostenido, reducir la vulnerabilidad de las víctimas y ofrecer oportunidades concretas de reinserción.
De este modo, la alianza entre la Ciudad y la UBA consolidó un mecanismo de apoyo estructurado, que fortaleció la red de protección y amplió las oportunidades de reparación para quienes atravesaron situaciones de violencia. El acuerdo representa un paso significativo hacia políticas públicas más inclusivas, efectivas y sostenibles, donde la cooperación institucional se traduce en derechos concretos para las víctimas.
Fuente fotografías: UBA.
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