Organizaciones ambientales y especialistas alertaron sobre el riesgo de retrocesos en la aplicación de la Ley frente a políticas que priorizan los intereses extractivos y minimizan el impacto del cambio climático.
Por Florencia Belén Mogno
El acceso al agua se consolidó en los últimos años como uno de los principales ejes de disputa ambiental en Argentina. En un contexto de crisis climática global, los ecosistemas de montaña y las reservas de agua dulce se transformaron en escenarios de conflicto entre el desarrollo económico y la preservación ambiental.
El retroceso acelerado de los glaciares, evidenciado por mediciones científicas a nivel mundial, encendió las alarmas sobre la sostenibilidad del modelo productivo actual. Los glaciares no solo abastecieron de agua a comunidades, ríos y actividades agrícolas, sino que también funcionaron como un amortiguador natural ante los efectos del calentamiento global. Su degradación implica la pérdida de una fuente estratégica para la vida, la biodiversidad y la producción.
En Argentina, la sanción de la Ley de Glaciares en 2010 significó un hito en materia ambiental y por primera vez, el país reconoció legalmente el valor de estos ecosistemas como bienes públicos y patrimonio nacional. Sin embargo, a lo largo de su historia la normativa enfrentó múltiples intentos de debilitamiento impulsados por sectores económicos que buscaron limitar su alcance, principalmente desde la megaminería.
En ese sentido, y de acuerdo con la información a la que pudo acceder Diario NCO, en el marco de un nuevo aniversario de la Ley de Glaciares, diversas organizaciones alertaron sobre los riesgos de retrocesos en su aplicación.
La mirada de las organizaciones ambientales
En el marco de los 15 años de la norma, y de acuerdo con al informe brindado a este medio y elaborado por Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Asamblea Jáchal No Se Toca, analizaron el presente y los desafíos de la Ley de Glaciares.
El documento destacó que “los glaciares en nuestro país son fundamentales ya que funcionan como nuestras fábricas de agua”. Según Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, “de ellos depende una enorme trama de vida, inclusive la actividad económica y la salud de nuestros ecosistemas”. El abogado ambientalista remarcó que la sociedad debía cuidarlos frente a la amenaza creciente de la crisis climática.
Los especialistas subrayaron que, pese a los avances en materia legal y de reconocimiento constitucional, los mecanismos de control y cumplimiento todavía eran insuficientes. Además, denunciaron que en nombre de la “transición energética” se intentaba justificar la flexibilización de las normas ambientales para habilitar la explotación de minerales críticos en zonas protegidas.
Desafíos para una ley que marcó un precedente
El retroceso de los glaciares —agravado por el calentamiento global— se volvió un indicador crítico de la crisis climática. Estudios recientes mostraron que en los últimos años se registraron las mayores pérdidas de masa glaciar desde que existen mediciones, tanto en el hemisferio norte como en la cordillera andina.
En ese sentido, y en relación al documento consultado, en el país, los monitoreos del Inventario Nacional de Glaciares confirmaron que el retroceso es la tendencia dominante en la mayoría de las formaciones estudiadas.
Ante ese panorama, las organizaciones sociales y científicas insistieron en la necesidad de garantizar controles efectivos, presupuestos adecuados y transparencia en la información pública vinculada al monitoreo y la protección del ambiente periglacial. La falta de financiamiento, los conflictos judiciales y la presión del lobby extractivo pusieron en riesgo el cumplimiento de la ley y, con ello, la preservación de los recursos hídricos estratégicos.
Entre la transición energética y la vulneración ambiental
El informe señaló que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) otorgó beneficios extraordinarios a las corporaciones mineras, incrementando la presión sobre los ecosistemas de montaña.
En ese sentido, la directora ejecutiva adjunta de la FARN, Pía Marchegiani, advirtió en el informe: “La paradoja es que, en nombre de la transición energética, se está proponiendo destruir ecosistemas que son los que hoy nos ayudan a cuidar el planeta”.
A su vez, las comunidades afectadas por la actividad extractiva denunciaron que la ley no siempre se cumplió en los territorios. Desde la Asamblea Jáchal No Se Toca, el referente Saúl Zeballos afirmó que “a diez años del derrame de cianuro y mercurio en Veladero, los impactos sobre la cuenca del río Jáchal persisten y la experiencia comunitaria se convirtió en prueba de las falencias del sistema de control”.
Una ley que sigue marcando el rumbo
A 15 años de su sanción, la Ley de Glaciares se consolidó como una herramienta esencial para la protección de los ecosistemas de montaña y de las reservas estratégicas de agua. Su plena aplicación representa no solo una obligación legal, sino también un imperativo ético frente a la crisis climática global.
Las organizaciones consultadas remarcaron que defender la norma frente a los intentos de modificación o flexibilización era indispensable para asegurar su continuidad. En esa dirección, garantizar presupuestos adecuados, fortalecer el monitoreo técnico y actualizar periódicamente el inventario nacional fueron presentadas como medidas urgentes.
En definitiva, la defensa de los glaciares se inscribe en una lucha más amplia por el derecho a un ambiente sano y por la preservación del agua como bien común. Su cumplimiento efectivo es una tarea colectiva que exige voluntad política, participación ciudadana y compromiso interinstitucional para proteger el futuro de las comunidades presentes y venideras.
Fuente fotografías: redes sociales.
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