En Argentina, una de cada tres familias vive en condiciones de vivienda inadecuada: casas sin baño, con conexiones eléctricas precarias o sin acceso a agua potable.
Por Florencia Belén Mogno
La falta de acceso a una vivienda digna se consolidó como un problema estructural que atraviesa provincias, sectores sociales y generaciones. Las familias deben adaptarse a espacios reducidos, improvisar soluciones habitacionales y convivir con servicios insuficientes, lo que genera vulnerabilidad social y sanitaria.
Los especialistas remarcaron que la precariedad de la vivienda no solo afecta la seguridad física, sino que tiene consecuencias psicológicas y sociales. La imposibilidad de garantizar un espacio propio para dormir, estudiar o trabajar incidió en la salud mental, en la continuidad educativa y en la estabilidad laboral de los hogares más vulnerables.
La expansión de barrios populares y asentamientos se desarrolló de manera desigual, muchas veces sin planificación urbana ni acceso a servicios públicos adecuados. Esta situación profundizó la segregación territorial y la desigualdad entre distintas regiones del país, dejando en evidencia que el déficit habitacional es también un desafío político y económico.
En ese sentido, el panorama se documentó a través de un informe elaborado por Fundación Vivienda Digna, TECHO, Mujeres 2000, Módulo Sanitario y Hábitat para la Humanidad al que tuvo la oportunidad de acceder Diario NCO.
Presentación del informe y fuentes
Según el estudio difundido, las organizaciones explicaron que el documento buscó visibilizar la magnitud del déficit habitacional, identificando los problemas estructurales, los efectos sociales y la urgencia de soluciones integrales.
El reporte señaló que más de cinco millones de personas vivieron en barrios populares registrados en el RENABAP, seis millones carecieron de baño y un millón habitó en condiciones de hacinamiento extremo.
Además, destacó que las viviendas improvisadas —techos de chapa, pisos de tierra y conexiones eléctricas precarias— intensificaron la vulnerabilidad y la exposición a riesgos sanitarios.
Más que paredes y techos
En sintonía, el informe indicó que una vivienda adecuada implicó no solo la existencia de un techo, sino también seguridad en la tenencia, acceso a servicios esenciales como agua, energía y saneamiento, habitabilidad y accesibilidad para personas mayores o con discapacidad. También incluyó la ubicación, que permitió la conectividad con empleo, transporte y servicios de salud.
“Dormimos en turnos porque no entramos todos en la pieza”, relató Marta, vecina de un barrio del segundo cordón del conurbano bonaerense en el reporte. Su testimonio reflejó la realidad de miles de familias que enfrentaron diariamente la precariedad y el hacinamiento.
Las organizaciones enfatizaron que la emergencia habitacional tuvo dimensiones sanitarias, educativas y sociales. La falta de agua potable generó enfermedades, el hacinamiento deterioró la salud mental y la precariedad eléctrica puso en riesgo la vida.
Impacto de la crisis económica
La crisis económica y el aumento de los alquileres profundizaron el problema. Las familias más vulnerables no accedieron a créditos, y muchas pertenecientes a la clase media se endeudaron para pagar rentas que duplicaron sus ingresos. El crecimiento de los barrios populares no estuvo acompañado por la expansión de servicios públicos, perpetuando la desigualdad y la exclusión social.
Las organizaciones subrayaron que las políticas habitacionales no alcanzaron para revertir la precariedad. La construcción insuficiente, la falta de planificación urbana y la ausencia de soluciones integrales generaron un escenario donde los hogares improvisados se multiplicaron, y con ellos, la vulnerabilidad de los sectores más desfavorecidos.
Conectando Hábitat: visibilizar la realidad
Para poner en evidencia la crisis habitacional, las instituciones lanzaron la plataforma digital Conectando Hábitat, que recopiló historias reales de familias afectadas. Mediante personajes animados inspirados en testimonios de los barrios, la iniciativa tradujo cifras en relatos humanos.
El proyecto busca generar alianzas entre gobiernos locales, universidades y sectores productivos, promoviendo soluciones concretas: baños modulares, programas de microcréditos y urbanización participativa. Cada intervención combinó trabajo voluntario, redes comunitarias y presencia estatal.
El techo como política pública
La construcción de viviendas dignas fortaleció la comunidad. Vecinos organizados, cooperativas, universidades y municipios participaron en la ampliación de casas, el saneamiento de terrenos y la apertura de calles.
En el informe se destacó que “cada ladrillo construido tiene detrás una historia de esfuerzo colectivo”, y se insistió en que el hábitat debe ser una prioridad nacional: sin vivienda, no hay arraigo; sin arraigo, no hay trabajo estable ni educación continua.
En los márgenes de las ciudades, la discusión trascendió el déficit fiscal o la economía: se trató de garantizar condiciones mínimas para que cada familia viviera con dignidad y proyectara un futuro seguro bajo un techo propio.
Fuente fotografías: redes sociales.
Te Puede Interesar:
https://www.instagram.com/diarioncomatanza
https://facebook.com/diarionco
