A casi una década de la sanción de la Ley Nacional 27.306, la garantía del derecho a la educación y la salud de niños, niñas y adolescentes con dificultades específicas de aprendizaje sigue enfrentando obstáculos estructurales.
Por Florencia Belén Mogno
En Argentina, entre el 10 y el 12 por ciento de los niños y niñas presentan dificultades específicas del aprendizaje, como dislexia y discalculia, lo que representa un desafío para el sistema educativo y sanitario. Estos trastornos afectan la capacidad de lectura, escritura y cálculo de quienes los padecen, condicionando su desarrollo académico y social.
A pesar de su alta prevalencia, el reconocimiento y la atención efectiva de estas necesidades sigue siendo desigual y fragmentado, especialmente en un país donde la política educativa y de salud enfrenta limitaciones presupuestarias y operativas.
Los principales frenos a la implementación surgen en el ámbito sanitario y educativo. En salud, la cobertura integral prevista por la ley encuentra resistencia en muchas obras sociales y prepagas, que exigen documentación adicional o limitan sesiones, dejando a las familias obligadas a recurrir a amparos judiciales para garantizar el derecho legalmente reconocido.
En ese sentido y de acuerdo con la información a la que tuvo la oportunidad de acceder Diario NCO, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, presentaron un análisis sobre la situación actual de la aplicación de la Ley 27.306 respecto del acceso a la educación 5 salud para infancias y adolescentes con dificultades específicas de aprendizaje.
Análisis de situación
El Defensor Adjunto Walter Martello explicó en el estudio que “la Ley Provincial 15.048 fortaleció el marco normativo en nuestra provincia, basada en el reclamo de muchas familias e instituciones y en la Ley Nacional 27.306, pero la plena vigencia sigue condicionada a la acción concreta del Estado
En educación, la aplicación de adaptaciones curriculares obligatorias depende en gran medida de la capacitación docente, que sigue siendo insuficiente en la mayoría de las provincias, transformando derechos estandarizados en actos de buena voluntad individual.
El carácter federal de la normativa ha generado desigualdad territorial: el acceso a diagnósticos y tratamientos, así como la implementación de adaptaciones curriculares, depende de la provincia en la que se viva. Esto ha generado un escenario donde los derechos de niñas, niños y adolescentes con DEA no se ejercen de manera uniforme, profundizando inequidades y limitando el alcance de la ley.
Precisiones de la normativa
Por otra parte, Martello indicó que la Ley Nacional 27.306 establece en su artículo 9 la cobertura integral de diagnóstico y tratamiento por parte de todas las entidades de salud, sin límite de sesiones, pero en la práctica muchas prepagas y obras sociales siguen exigiendo ilegalmente el Certificado Único de Discapacidad para otorgar la cobertura completa.
“La garantía de la ley sólo operó ex post, después del litigio, lo que expuso la inacción del Estado en su rol de supervisor y garante de derechos”, señaló el defensor adjunto en el reporte facilitado a este medio.
En educación, explicó que el artículo 6 de la norma obliga a implementar adaptaciones curriculares, como priorizar la oralidad, otorgar más tiempo para la realización de tareas y permitir el uso de tecnología, pero “la falta de capacitación docente redujo la aplicación a un acto de voluntad individual, evidenciando la ausencia de inversión estatal en formación”.
Desigualdad territorial y necesidad de políticas públicas
El estudio también advirtió sobre la necesidad de un enfoque federal coordinado: “La desigualdad territorial generó una fragmentación de derechos: la atención de las DEA y el acceso a diagnósticos dependen de la provincia donde viva cada niño o niña”.
Además, subrayó la urgencia de políticas públicas que refuercen lo público: “Es fundamental financiar cargos de psicopedagogos y fonoaudiólogos en educación y salud públicas, eliminando listas de espera y asegurando el diagnóstico temprano”.
La Defensoría destacó que la Ley 27.306 es un derecho de interés nacional y reclamó la implementación de sanciones rápidas en el sector de la salud, planes federales de capacitación docente y difusión de protocolos estandarizados, con el objetivo de garantizar la equidad educativa y sanitaria para todos los niños, niñas y adolescentes con dificultades específicas de aprendizaje.
En sintonía con lo planteado anteriormente, el informe señaló que la combinación de acción judicial, control estatal y fortalecimiento del sistema público aparece como única vía para que los derechos no queden solo en el papel.
Fuente fotografías: Defensoría del Pueblo bonaerense.
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