El observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) registró 164 femicidios en lo que va de 2025. La organización advirtió por la falta de presupuesto y de programas de prevención, y exige que el Estado asuma su responsabilidad frente a la violencia de género.
Por Florencia Belén Mogno
Sin duda alguna, la violencia y los crímenes por razones de género siguen siendo una de las principales deudas de la democracia argentina. A pesar de los avances normativos y la sanción de leyes como la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el número de femicidios crece año tras año. Detrás de cada cifra hay historias truncadas, familias destruidas y comunidades que reclaman justicia.
Organizaciones feministas y de derechos humanos reiteran que los femicidios no son hechos aislados, sino el extremo de una serie de violencias que las mujeres, travestis y trans enfrentan en distintos ámbitos de su vida y la falta de respuesta por parte de las instituciones estatales, la ausencia de políticas de prevención sostenidas en el tiempo y la desfinanciación de programas de asistencia son factores que agravan la situación.
A este panorama se suma la desigualdad estructural que limita las posibilidades de las víctimas de salir de los ciclos de violencia. La dependencia económica, la carencia de redes de apoyo y la escasez de dispositivos de protección como refugios o patrocinio jurídico gratuito incrementan el riesgo. Ante este escenario, la demanda de políticas integrales y de un compromiso real por parte del Estado se vuelve ineludible.
En ese contexto, la agrupación Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) presentó un nuevo informe en el que registró 164 femicidios entre enero y agosto de 2025, lo que equivale a un crimen cada 35 horas.
Los números detrás de la violencia
En sintonía con lo planteado anteriormente, el relevamiento publicado alertó que se contabilizaron 669 intentos de femicidio en apenas meses, una cifra que revela la magnitud de la violencia machista.
En este punto, Victoria Aguirre, vocera de Mumalá advirtió en el informe que “estos números no son solo estadísticas, son vidas truncadas, familias destruidas”. La referente sostuvo que los datos representan “un grito desesperado que el Estado se niega a escuchar”.
Tras darse a conocer las cifras, Aguirre se refirió también a la falta de políticas públicas: “La ausencia de presupuesto, la desarticulación y eliminación de programas de prevención y asistencia, la inacción frente a la violencia machista son cómplices de cada femicidio y multiplicadores de violencia”.
Femicidios: no son cifras, son historias
El reporte de la organización desglosó además algunas especificaciones de los crímenes: el 58 por ciento de los femicidios fueron perpetrados por parejas o ex parejas, y un 18 por ciento por familiares directos.
Mentiras tanto, el relevamiento también indicó que “el 70 por ciento de los asesinatos ocurrieron dentro de la vivienda de la víctima o compartida con el agresor, confirmando que el hogar sigue siendo el lugar más inseguro”.
“El 31 por ciento de las víctimas fueron asesinadas con arma blanca y el 23 por ciento con arma de fuego. En tanto el 13 por ciento había denunciado previamente a su agresor y muchas de ellas contaban con medidas de protección que resultaron insuficientes”, expusieron desde Mujeres de la Matria Latinoamericana.
Gabriela Sosa, referente de Mumalá en Santa Fe, remarcó en el escrito: “Todas las políticas nacionales que siempre criticamos como escasas, hoy ni siquiera las tenemos, ni fueron reemplazadas en la dimensión que se necesita por los gobiernos provinciales y municipales”.
Desde la organización insistieron en que el abordaje debe ser federal, con una fuerte inversión en dispositivos de prevención, asistencia y acceso a la justicia. También plantearon que la violencia de género debe ser reconocida como un problema de seguridad y de salud pública.
Los niños y niñas, las víctimas invisibilizadas
En concordancia, otro dato alarmante que arrojó el relevamiento facilitado a este medio es que 123 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos como consecuencia de los femicidios en lo que va del año.
Asimismo, desde la asociación civil hicieron a otra problemática derivada de esto que implica que muchos de ellos deben enfrentar el trauma adicional de que el femicida haya sido su propio padre.
Frente a este panorama, Mumalá instó a las autoridades a garantizar medidas de protección efectivas y a crear programas de acompañamiento para hijes de víctimas de femicidio, que incluyan apoyo psicológico, educativo y económico.
La urgencia de políticas sostenidas
Los datos revelados por Mumalá vuelven a encender las alarmas sobre la necesidad de políticas públicas integrales y de largo plazo. La prevención de los femicidios requiere presupuesto, articulación entre los tres niveles del Estado y una perspectiva de género transversal en todas las áreas de gestión.
Especialistas en la materia sostienen que no alcanza con la sanción de leyes si no hay implementación real y monitoreo de su cumplimiento. La capacitación de las fuerzas de seguridad, el fortalecimiento de la justicia y la creación de redes comunitarias de contención son piezas fundamentales para revertir las cifras.
El reclamo de las organizaciones feministas es claro: sin decisión política y sin recursos destinados a proteger a las mujeres y diversidades, los femicidios seguirán siendo una tragedia cotidiana. La deuda es con las víctimas, con sus familias y con toda la sociedad.
Fuente fotografías: Mumalá.
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