En su columna en No Te Duermas (Radio Hexa), el economista Darío Banga analizó el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno. Advirtió que las modificaciones propuestas en la Ley de Contrato de Trabajo reducen las garantías prácticas de los empleados y reeditan un modelo de los años 90 que prioriza la flexibilización por sobre la protección del trabajador.
En su columna económica del programa No Te Duermas (Radio Hexa), el economista Darío Banga analizó el alcance del proyecto de reforma laboral que el oficialismo buscará impulsar en el nuevo Congreso. La iniciativa, que el Gobierno enmarca dentro de un paquete de medidas de “promoción del empleo y la inversión”, plantea una reconfiguración del sistema jurídico laboral argentino con una impronta liberal.
“Esta reforma apunta a reducir el espíritu de protección del derecho laboral, que históricamente ha sido proteger al trabajador, para orientarse hacia un modelo más liberal que prioriza al empleador”, sostuvo Banga durante su análisis radial.
El economista explicó que el proyecto introduce modificaciones en varios artículos clave de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Entre ellos, el artículo 66, que regula los cambios en las condiciones de trabajo dispuestos por el empleador, y el artículo 67, que establece los límites a esas modificaciones. En la propuesta oficial, ambos se flexibilizan, ampliando el margen de decisión empresarial sobre tareas, horarios y lugar de prestación.
También se contemplan cambios en los artículos 150 y 151, referidos a las vacaciones, que permitirían su fraccionamiento y la conformación de un “banco de horas”, una herramienta que sustituye las horas extras por un sistema de compensación horaria.
Otro punto sensible aparece en los artículos 208 a 213, relativos a las ausencias por enfermedad: se acotan los plazos de justificación y se restringen las licencias prolongadas.
Finalmente, los artículos 245 y 246, que fijan las condiciones de indemnización por despido, también sufrirían ajustes. En algunos borradores se plantea reemplazar la indemnización tradicional por un fondo de cese laboral, un esquema similar al utilizado en la construcción, que traslada parte del costo al trabajador y elimina la obligación del empleador de pagar una suma completa al finalizar la relación laboral.
“Si bien esta reforma no deroga los derechos formales de los trabajadores, sí reduce las garantías prácticas que los hacen efectivos y flexibiliza la relación laboral”, advirtió Banga.
El Gobierno argumenta que esta simplificación normativa atraerá inversiones, generará empleo y fortalecerá el consumo. Pero Banga cuestionó ese razonamiento:
“Este modelo ya se aplicó en los 90 y no funcionó”.
El economista recordó que existen modelos pro consumo y modelos pro costos laborales. El primero impulsa la demanda interna y sostiene la actividad; el segundo, reduce salarios y derechos con la expectativa de mejorar la competitividad. “El problema es que si no generas dinero en el bolsillo de los trabajadores, por más que vengan empresas, no habrá consumo, y sin consumo, esas empresas no van a contratar empleados”, remarcó.
La discusión sobre la reforma laboral será uno de los ejes centrales del debate político en los próximos meses. En un Congreso con mayor peso oficialista, se pondrá a prueba hasta qué punto el Estado argentino está dispuesto a reconfigurar el equilibrio entre la protección del trabajo y la libertad empresarial.
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