Amnistía Internacional denunció que las trabas para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo se triplicaron en comparación con 2024.
Por Florencia Belén Mogno
En Argentina, la Ley 27.610, que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, fue sancionada en diciembre de 2020 como un hito histórico en materia de salud pública y derechos humanos. Sin embargo, su implementación plena todavía supone desafíos desde el acceso desigual en distintas provincias, la falta de información clara y la persistencia de barreras burocráticas que aún condicionan el ejercicio efectivo de este derecho.
La disponibilidad de insumos médicos, la capacitación del personal de salud y la existencia de equipos interdisciplinarios constituyen factores claves para que la práctica pueda realizarse en tiempo y forma, pero cuando estas condiciones no se cumplen, se generan demoras que pueden poner en riesgo la salud de las personas gestantes.
En este contexto y de acuerdo con la información a la que tuvo la oportunidad de acceder Diario NCO, Amnistía Internacional Argentina advirtió que, en lo que va de 2025, recibió el triple de denuncias por obstáculos para acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE) en comparación con todo el 2024.
Información ausente, derechos vulnerados
Según el relevamiento de la organización, casi el 60 por ciento de los casos reportados están vinculados a la falta de información clara y accesible acerca de dónde y cómo solicitar la práctica.
En ese sentido, el reporte difundido indicó que esta situación se ve reflejada también en la Superintendencia de Servicios de Salud, que recibió la mayoría de las consultas a través de su formulario IVE/ILE para solicitar orientación para acceder al procedimiento.
Asimismo, Amnistía insistió en que el acceso a información pública es clave no solo para que las personas conozcan sus derechos, sino también para que el Estado pueda planificar y evaluar políticas que garanticen su cumplimiento.
Sin embargo, el informe facilitado a este medio cuestionó y subrayó que desde diciembre de 2023 no se publican datos oficiales, lo que incrementa la opacidad y dificulta la respuesta institucional.
Responsabilidades del sistema de salud
A la par de la falta de campañas, la organización denunció que obras sociales, prepagas y centros de salud continúan imponiendo obstáculos que van desde demoras en las autorizaciones hasta negativas de cobertura.
La Superintendencia de Servicios de Salud identificó que gran parte de los problemas se deben a la falta de capacitación del personal, el desconocimiento sobre los procedimientos de cobertura y las demoras en derivar a prestadores disponibles.
En provincias como Mendoza, San Juan y Salta, además, persisten dificultades para hallar profesionales que no invoquen objeción de conciencia. Amnistía recordó que la ley no habilita la objeción de conciencia institucional y que, por lo tanto, las clínicas y obras sociales tienen la obligación de garantizar derivaciones oportunas y asumir los costos de la práctica.
Lucila Galkin, directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional, remarcó en el relevamiento publicado que “la transparencia no es opcional: el Estado debe informar sobre la aplicación de la ley y garantizar que las personas puedan ejercer su derecho sin dilaciones”.
Campaña para visibilizar y acompañar
En el marco de la Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, Amnistía lanzó la campaña “La decisión es tuya, el camino acompañadas”, destinada a concientizar sobre la importancia del acompañamiento en el proceso de interrupción del embarazo y a exigir que se cumpla efectivamente la Ley 27.610 en todo el territorio nacional.
La organización enfatizó que garantizar el acceso oportuno, seguro y gratuito al aborto es una obligación del Estado, y que cualquier demora o traba administrativa puede significar un riesgo para la salud y la vida de las personas gestantes.
Asimismo, Amnistía subrayó la importancia de generar entornos de contención y acompañamiento respetuosos, donde las personas gestantes puedan acceder a información clara, atención de calidad y apoyo integral durante todo el proceso. Según la organización, garantizar estos espacios no solo contribuye a la salud física, sino también al bienestar emocional y a la reducción del estigma social que aún persiste en torno al aborto.
Fuente fotografías: Amnistía Internacional.
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