La contracción del gasto impactó en salud, educación, desarrollo social, transporte y obra pública. Mientras tanto, aumentaron las partidas para inteligencia y se mantuvo elevado el peso de los servicios de deuda.
Por Florencia Belén Mogno
La dinámica de la ejecución presupuestaria es uno de los indicadores más sensibles para evaluar la orientación de las políticas públicas en un año de crisis. Las decisiones de gasto, además de reflejar prioridades de gestión, repercuten en la vida cotidiana de la población: desde el acceso a medicamentos hasta el mantenimiento de rutas y el pago de programas sociales.
En 2025, la Argentina transita una coyuntura marcada por una profundización de la crisis en la que el presupuesto nacional se convirtió en la principal herramienta para llevar adelante un proceso de recorte del gasto público que, según los datos oficiales, impactó en casi todos los sectores de la administración.
En ese sentido y de acuerdo con la información a la que pudo acceder Diario NCO, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), presentó un estudio que reveló que la caída interanual del gasto real ronda el 31 por ciento, una de las más profundas de las últimas décadas.
El impacto de estas reducciones no es homogéneo: mientras algunas áreas presentan recortes drásticos, otras registran aumentos e incluso refuerzos de partidas. Esto genera tensiones en la opinión pública y en los distintos actores del sistema político, que advierten sobre la posibilidad de que la falta de recursos afecte servicios esenciales y paralice políticas estratégicas en materia de desarrollo productivo, científico y social.
Salud, educación y desarrollo social: las áreas más afectadas
En materia de organismos públicos, el reporte indicó que se observan fuertes recortes en la mayoría de las áreas de salud, incluyendo la Superintendencia de Servicios de Salud (-56 por ciento), los hospitales nacionales con ajustes de entre -30 y -38 por ciento y el Instituto Malbrán (-26 por ciento) y la ANMAT (-27 por ciento).
En tanto, el relevamiento advirtió que el Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte presentó una caída del 35 por ciento, mientras que el INCUCAI fue la única excepción con un aumento del 20 por ciento en su ejecución.
El área educativa también fue una de las más impactadas. Los programas Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente registraron ejecución nula, mientras que se redujeron de manera significativa las partidas para Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles (-88%), Becas y Gestión Estudiantil (-77%) y Acciones de Formación Docente (-79%). En el nivel superior, las partidas para Desarrollo de la Educación Superior cayeron un 30%.
Los programas sociales sufrieron un ajuste casi total. La ejecución en Economía Social y el Plan Nacional de Protección Social fue del 0%, mientras que el Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia se redujo un 89% y los Comedores Comunitarios y Merenderos un 74%. Estos recortes impactan en los sectores más vulnerables y plantean interrogantes sobre la capacidad del Estado para sostener una red mínima de contención social.
Ciencia, tecnología y producción: un freno a la innovación
En el sector científico, los recortes fueron generalizados. El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación presentó una caída del 83%, mientras que CONAE y CONICET tuvieron reducciones del 40 y 29 por ciento respectivamente.
Otros organismos, como el Servicio Geológico Minero Argentino, el Servicio Meteorológico Nacional y la Fundación Miguel Lillo también registraron contracciones superiores al 20 por ciento.
Las áreas productivas no estuvieron exentas de la política de ajuste. La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo sufrió un recorte del 76 por ciento, mientras que el INTA y el INTI vieron reducir sus presupuestos en un 37 y 44 por ciento respectivamente. Estos datos reflejan un freno en las estrategias de innovación tecnológica y desarrollo de la producción nacional.
En paralelo, los organismos vinculados al sector energético registraron importantes caídas en su ejecución. La Comisión Nacional de Energía Atómica tuvo un ajuste del 39 por ciento, el ENRE del 24 y el ENARGAS del 26 por ciento respectivamente. Esto podría afectar inversiones y proyectos de infraestructura energética en marcha, así como las políticas de control y regulación.
Seguridad, defensa e inteligencia: recortes y prioridades
Las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas experimentaron recortes relevantes: Policía Federal (-32%), Gendarmería (-29%), Prefectura Naval (-29%), Ejército (-17%), Armada (-20%) y Fuerza Aérea (-21%).
No obstante, el relevamiento expuso que la Secretaría de Inteligencia del Estado (dependiente de Presidencia de la Nación) fue una de las pocas áreas con incremento de recursos, registrando un aumento del 23 por ciento en comparación con 2023.
En materia de deuda pública, los servicios de deuda representaron el 9 por ciento del gasto total, manteniendo un peso significativo en la estructura presupuestaria. Este componente explica parte de las restricciones que enfrentan las demás áreas, ya que la atención de los compromisos financieros absorbe recursos que podrían destinarse a políticas activas.
Por último,el estudio señaló que las transferencias a provincias y municipios se vieron fuertemente afectadas. Los fondos destinados a la asistencia financiera y técnica a municipios, al Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y a la asistencia general a provincias registraron caídas cercanas al cien por ciento, generando tensión en los gobiernos subnacionales que dependen de estos recursos para sostener sus programas y obras de infraestructura.
Fuente fotografías: CEPA.
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