Un informe de Amnistía Internacional alertó sobre el hostigamiento sistemático que enfrentaron los profesionales de los medios en Argentina, con especial énfasis en mujeres, y cuestionó la legitimación de discursos de odio desde el propio Estado.
Por Florencia Belén Mogno
En Argentina, la libertad de expresión enfrenta tensiones. Desde la censura hasta otro tipo de presiones sobre los medios, el periodismo atravesó múltiples formas de condicionamiento y en los últimos meses, la escalada de violencia hacia trabajadores de prensa adquirió una nueva dimensión que volvió a encender las alarmas sobre la calidad democrática.
El contexto político actual mostró cómo las altas esferas del poder adoptaron una clara acción basada en agravios personales y la descalificación sistemática de las voces críticas. Esta dinámica generó un terreno fértil para que el hostigamiento se amplificara tanto en espacios institucionales como en redes sociales, con consecuencias directas sobre el trabajo de quienes informan.
En ese aspecto, Diario NCO tuvo la oportunidad de acceder al informe titulado “Cuando el poder alimenta el odio”, elaborado por Amnistía Internacional, en el que se advirtió sobre la situación actual de los discursos de odio hacia el periodismo por parte del Gobierno Nacional.
Abordaje del problema
Según detalló el estudio consultado, la violencia no se expresó únicamente en forma de insultos o burlas. También incluyó la instalación de un clima de miedo, la naturalización de la agresión verbal y la reproducción de discursos que alentaron la estigmatización social.
Asimismo, desde Amnistía Internacional subrayaron que este panorama se volvió aún más complejo cuando se observó que las mujeres periodistas enfrentaron niveles más altos de acoso y violencia simbólica, lo cual deriva también en la propagación de un patrón de discriminación de género en el ejercicio de la profesión periodística.
En esa línea, el organismo alertaron sobre el establecimiento de “un mecanismo de hostigamiento sistemático que busca silenciar, disciplinar y destruir” y en sintonía agregaron que “a diario, un grupo importante de periodistas sufrieron insultos, burlas y violencia, que se intensificaron cuando se trató de mujeres”.
El estudio emarcó que la cuestión “excedió los exabruptos aislados y pasó a constituirse en una retórica de odio legitimada desde el poder institucional. Según el texto, “lo que está en juego no es solo la integridad de quienes informan, sino el derecho de toda la sociedad a recibir información libre y plural”.
Detalles del análisis
En concordancia con lo expuesto anteriormente, Amnistía Internacional subrayó: “Cuando el Estado no protege, sino que agrede, se rompe el pacto básico de una democracia saludable”.
En esa línea, la entidad recordó que sus informes documentaron consecuencias concretas de los discursos de odio, tales como la censura, la autocensura, la intimidación digital y, en casos extremos, la violencia física y así resaltaron que la legitimación de estas prácticas desde el Gobierno implica “un riesgo de institucionalización de la agresión”.
Por otra parte, el documento también advirtió acerca de las modalidades específicas de violencia que se intensificaron en el espacio digital. Allí, las mujeres periodistas “resultaron blanco de ataques misóginos, sexualización como forma de castigo y campañas de desprestigio orientadas a deslegitimar su trabajo”.
En ese aspecto, Amnistía sostuvo que estas prácticas “no pueden ser naturalizadas, y mucho menos cuando provienen de quienes deben garantizar un debate respetuoso y equilibrado”.
Necesidad de medidas
Frente a este escenario, el organismo expresó: “Elegimos redoblar nuestro compromiso con la libertad de expresión, con el periodismo y con quienes se animaron a seguir hablando, aun en este contexto”. Con esa declaración, plantearon una posición de resistencia activa frente al hostigamiento, con énfasis en la centralidad del periodismo como pilar democrático.
En sintonía, la reflexión final del informe resulta contundente: “la democracia no se defiende con insultos. Se defiende con respeto, con información y con una ciudadanía activa que no se deja paralizar por el miedo”.
Desde esa perspectiva, Amnistía Internacional reafirmó que no dejará de alzar la voz contra los discursos que buscaron apagar voces e hicieron hincapié en diferenciar lo que es un debate profundo sobre los límites entre la confrontación política legítima y la violencia institucionalizada contra la prensa.
Fuente fotografías: Amnistía Internacional.
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