Narcotráfico y consumo. En un escenario donde la ciudadanía percibe un aumento sostenido del consumo de drogas, el congelamiento y la reducción del presupuesto nacional para prevención y asistencia generan preocupación por el debilitamiento de las políticas públicas.
Por Florencia Belén Mogno
La problemática del narcotráfico y el consumo indebido de sustancias volvió a instalarse en el centro de la agenda social. En distintos barrios del país, las familias advierten que la violencia y la adicción avanzan como un fenómeno que desestructura comunidades enteras, mientras crece la demanda por una mayor presencia del Estado.
En ese sentido, la preocupación no se limita a estadísticas: se trata de la percepción concreta de que los consumos problemáticos se expanden más rápido que las respuestas institucionales.
La situación se vuelve más compleja en la medida en que se superponen factores sociales, económicos y culturales. La precarización laboral, la falta de oportunidades y el deterioro del tejido comunitario generan un terreno propicio para que el narcotráfico ocupe espacios vacíos.
De esta manera, el consumo deja de ser un problema individual para convertirse en una amenaza colectiva que impacta en la seguridad, la salud y el futuro de los sectores más vulnerables.
En ese aspecto y vinculado con la información a la que tuvo la posibilidad de acceder Diario NCO, la Encuesta Nacional de Consumos y Prácticas de Cuidado (ENCoPraC) reveló datos preocupantes sobre el consumo de sustancias.
Cifras que encienden las alarmas
De acuerdo con el material facilitado a este medio, “el 82,6 por ciento de la población percibió un aumento del consumo en los últimos dos años, mientras que el 80,1 por ciento consideró que esa tendencia continuaría en el futuro inmediato”.
Estos datos, señalados por la ex SEDRONAR, constituyen una alerta sobre la magnitud de la problemática, al mismo tiempo que se advirtió sobre las dificultades para sostener programas de prevención.
Asimismo, el documento destacó que el presupuesto asignado a la SEDRONAR para 2025 “permaneció congelado en $41.782 millones, cifra equivalente a la del segundo semestre de 2024”.
En ese punto, desde la Defensoría del Pueblo bonaerense señalaron que “en un escenario inflacionario, esta decisión implicó un ajuste real de magnitud, ya que a mitad de año se había ejecutado más del 72% de los fondos. Como consecuencia, se anticiparon serias dificultades para sostener los programas durante el segundo semestre”.
Análisis de la problemática
En sintonía con lo planteado anteriormente, el mismo relevamiento indicó que en 2023 la “SEDRONAR representaba el 0,0485% del presupuesto total de la Administración Pública Nacional, mientras que en 2025 la proporción cayó al 0,0442 por ciento”.
En paralelo, también indicó que el Programa de Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) “perdió $276 millones respecto a 2024, debilitando una red territorial que en muchos barrios funcionaba como el único sostén para personas en situación de vulnerabilidad”.
Por otra parte, el reporte advirtió sobre la subejecución de partidas en áreas estratégicas y así en 2024 “se utilizó apenas el 26,84 por ciento de los fondos destinados a prevención, estadísticas e investigación”.
“La falta de datos actualizados y de planificación basada en evidencia redujo la capacidad de respuesta del Estado, lo que generó desconfianza y dejó a miles de familias sin acompañamiento”, agregó el material difundido por la Defensoría del Pueblo bonaerense.
Abordaje y medidas
A contramano de las recomendaciones de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que sostuvo que por cada dólar invertido en tratamiento se ahorran siete en justicia penal y doce en salud pública, el gobierno nacional optó por políticas de ajuste.
En ese sentido y de acuerdo con el informe brindado a NCO, para los especialistas, este camino “no solo fue un error económico, sino también una vulneración de derechos básicos como la salud, la inclusión y la seguridad”.
Lo que estuvo en juego, según se concluyó en el informe, no fue solamente una partida presupuestaria, sino la presencia del Estado en los barrios más vulnerables. Allí donde se retiraron los programas, los derechos retrocedieron y las familias quedaron expuestas a enfrentar solas una problemática de alta complejidad.
Fuente fotografías: ONU.
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