El primer trimestre de 2025 cerró con un ajuste histórico en el sector público argentino, con consecuencias críticas para las capacidades operativas del Estado.
Por Florencia Belén Mogno
Desde finales de 2023, la dinámica de reducción del Estado nacional se intensificó a partir de decisiones orientadas a minimizar la intervención pública, desregular el funcionamiento institucional y reconfigurar las funciones del aparato estatal. Estas transformaciones impactaron directamente en la planta de personal, con cesantías masivas que alteraron el mapa laboral y operativo del país.
La medida no solo afectó la estabilidad de miles de trabajadores y trabajadoras, sino que también trastocó el funcionamiento de áreas clave para la vida cotidiana, como el correo, los trenes, la energía, la ciencia, la educación y los contenidos públicos. El recorte evidenció una redefinición ideológica sobre el rol del Estado y abrió múltiples debates sobre los límites y consecuencias de una política de ajuste drástico.
Al mismo tiempo, se registró una concentración de los despidos en organismos y empresas estratégicas, lo que generó una pérdida de capacidades técnicas, operativas y logísticas en áreas que prestaban servicios esenciales para la población. La magnitud de la reducción, en términos proporcionales y absolutos, colocó a la Argentina entre los países con mayor contracción del empleo estatal en la región en el corto plazo.
En el documento al que accedió Diario NCO, elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), se analizó la evolución de la dotación de personal del Sector Público Nacional durante el primer trimestre de 2025.
Precisiones de la investigación
El informe facilitado a este medio detalló que, desde diciembre de 2023, se perdieron 52.340 puestos de trabajo, lo que representó una caída del 15,2 por ciento en la planta total de trabajadores del Estado nacional.
Asimismo, en términos absolutos, las empresas y sociedades del Estado concentraron el mayor número de despidos, seguidas por los organismos descentralizados y los organismos centralizados.
No obstante, en términos proporcionales, el mayor impacto se observó en la administración centralizada, lo cual reveló un vaciamiento de funciones directamente asociadas al Poder Ejecutivo.
Uno de los casos más significativos fue el del Correo Argentino, que encabezó el listado con 4.945 despidos. La Operadora Ferroviaria S.E. se ubicó en segundo lugar, con 2.293 cesantías, seguida por Aerolíneas Argentinas, que registró 1.780 desvinculaciones. También se destacó el Banco Nación, con 1.689 puestos de trabajo eliminados.
A nivel proporcional, el recorte más drástico se produjo en la ex Télam, donde se despidió a cerca del 80 por ciento del personal, marcando un vaciamiento inédito en los medios públicos de comunicación. Le siguieron ENARSA Patagonia y las empresas Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., que presentaron también reducciones especialmente significativas.
Ampliación del análisis
En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), incluyendo organismos desconcentrados y descentralizados, el recorte más severo en términos absolutos correspondió a la Agencia de Recaudación de la Administración Central (ARCA), con 2.996 puestos de trabajo eliminados.
La ANSES también resultó fuertemente impactada, con 1.423 despidos, al igual que el CONICET, donde se registró una reducción de 985 trabajadores, afectando directamente las capacidades del sistema científico nacional.
En cuanto al impacto proporcional dentro de la APN, el reporte expuso que el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales sufrió una reducción del 64 por ciento de su planta de personal, lo que implicó la virtual paralización de su funcionamiento.
En esa línea, el estudio precisó que le siguieron la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con una caída del 44 por ciento y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que redujo su dotación en un 41 por ciento.
Resultados del estudio
Estos datos no solo dan cuenta de un proceso acelerado de reestructuración estatal, sino que también configuran un escenario de incertidumbre respecto de la continuidad de programas, servicios y políticas públicas. Las desvinculaciones masivas afectaron tanto a trabajadores de planta como a contratados, en muchos casos con años de experiencia y formación técnica especializada.
Además del impacto humano, el recorte evidenció consecuencias operativas de mediano y largo plazo, especialmente en áreas que requerían continuidad técnica, conocimiento acumulado y articulación interinstitucional.
En sectores como la ciencia, el transporte, la energía, la educación digital y las políticas sociales, la pérdida de personal debilitó estructuras que resultaban clave para el desarrollo del país y el acceso equitativo a derechos.
En un contexto económico y social complejo, las decisiones de ajuste en el Estado nacional configuraron un nuevo mapa institucional en el que la reducción del personal se convirtió en una señal política y económica. A su vez, encendieron alertas en múltiples sectores que advierten sobre los riesgos de un vaciamiento estatal sin planificación ni evaluación de impacto.
Frente a este escenario, el debate sobre el rol del Estado, sus capacidades estratégicas y su dotación de personal adquirió una centralidad ineludible en la agenda pública. Las cifras del primer trimestre de 2025 marcan no solo una reducción cuantitativa, sino un cambio de paradigma que aún está en proceso de definición.
Fuente fotografías: CEPA
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