Con una resolución reciente, el Ministerio de Salud impone nuevas reglas para el cultivo y prescripción de cannabis terapéutico. Las medidas endurecen requisitos para ONG, médicos y pacientes, en un contexto marcado por la falta de articulación institucional y el ajuste en salud.
Por Maira Palavecino
maipalinfo@gmail.com
La Resolución 1780/2025 del Ministerio de Salud de la Nación reconfigura el programa Reprocann, la vía oficial que permite el cultivo y transporte legal de cannabis medicinal en Argentina.
Con la promesa de mejorar la trazabilidad, el Estado introduce un marco más riguroso que afecta a pacientes, cultivadores solidarios, profesionales de la salud y organizaciones comunitarias. Sin embargo, en lugar de facilitar el acceso, los cambios generaron preocupación en quienes ven en esta planta una alternativa terapéutica clave.
Desde su creación, el Reprocann se transformó en una herramienta fundamental para usuarios que necesitan cultivar o acceder a derivados del cannabis para tratar patologías como epilepsia refractaria, dolor crónico o trastornos neurológicos.
Ahora, el nuevo esquema establece tres tipos de figuras legales: autocultivadores, terceros cultivadores (antes llamados “solidarios”) y personas jurídicas autorizadas, como ONG y entidades académicas. Cada categoría tiene reglas específicas, y en algunos casos, nuevas exigencias que podrían limitar el alcance del programa.
Para quienes cultivan de forma individual, la nueva norma extiende el permiso de cultivo a tres años. Sin embargo, los terceros cultivadores y las personas jurídicas deberán renovar sus autorizaciones anualmente.
Además, los solidarios deberán presentar informes técnicos semestrales, declarar que el paciente no utilizará otros métodos de cultivo y no tener antecedentes penales vinculados con delitos de drogas. Esta última condición genera tensión en sectores que fueron perseguidos penalmente antes del reconocimiento legal.
En el caso de las ONG, el Estado fija un límite de hasta 150 usuarios por organización, salvo excepciones autorizadas. Las entidades deberán contar con avales técnicos, comisiones directivas sin antecedentes, un director médico responsable y planes de cultivo detallados.
Si bien esto busca garantizar calidad y control, muchas organizaciones alertan que no tienen los recursos para sostener estas nuevas demandas sin apoyo institucional ni financiamiento específico.
Por otro lado, los proyectos de investigación recuperan centralidad dentro del esquema oficial. Estas iniciativas, que fueron las primeras autorizadas tras la ley 27.350, podrán volver a producir y distribuir cannabis a usuarios u organizaciones. Pero también deberán cumplir con una burocracia reforzada que incluye presentar informes semestrales, detallar las genéticas utilizadas y gestionar credenciales oficiales para cada sede.
Una de las modificaciones más polémicas es la obligación de usar genéticas registradas ante el Instituto Nacional de Semillas (INASE). El problema radica en que el INASE suspendió el registro de nuevas variedades medicinales y los permisos actuales vencen a fines de mayo.
Esto deja a cultivadores, ONG y proyectos de investigación en una suerte de vacío legal: el Ministerio exige el uso de genéticas registradas, pero el organismo competente no habilita nuevos registros. Así, el cumplimiento de la norma se vuelve casi imposible.
En cuanto a los profesionales de la salud, la resolución establece que solo podrán prescribir cannabis quienes estén inscriptos en la Red Federal de Profesionales de la Salud (REFEPS), hayan recibido formación específica y cuenten con firma digital registrada. Si bien la medida apunta a fortalecer la responsabilidad médica, también podría limitar la cantidad de profesionales disponibles, en un país donde el acceso a esta terapia sigue siendo escaso y desigual.
La retórica oficial plantea que estos cambios buscan reforzar la seguridad del circuito y ordenar la oferta, pero distintos sectores advierten que, en la práctica, podrían derivar en una nueva barrera burocrática.
Las familias que dependen del cannabis para tratar condiciones crónicas temen quedar excluidas si no logran cumplir con los nuevos requisitos. El Estado, lejos de acompañar a quienes sostienen esta política desde abajo, parece apostar por un modelo más restrictivo y técnico, sin considerar la urgencia de quienes no tienen otra opción terapéutica.
En este contexto, crece la preocupación de que el Reprocann pierda su dimensión comunitaria y se convierta en una estructura formalista, alejada de las realidades territoriales. La falta de presupuesto específico, la escasa articulación entre organismos y el cierre del registro de semillas reflejan una política fragmentada, que no responde a las necesidades reales de los usuarios ni reconoce los aportes de quienes construyeron este camino.
Para muchos, el cannabis medicinal no es una elección, sino una herramienta de supervivencia. Los cambios normativos deberían garantizar derechos, no condicionarlos a requisitos imposibles de cumplir. Si el Estado no escucha a las comunidades ni respalda con políticas concretas, el riesgo es que la legalidad se vuelva una trampa, y que la salud vuelva a depender del privilegio de unos pocos.
Foto: www.wd.com
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