La Semana Mundial del Parto Respetado, que se celebra del 13 al 19 de mayo, vuelve a poner el foco sobre una deuda estructural del sistema de salud argentino: garantizar partos libres de violencia y respetuosos de los derechos de quienes gestan.
Por Maira Palavecino
maipalinfo@gmail.com
Cada año, durante el mes de mayo, organizaciones sociales, profesionales de la salud y colectivos feministas insisten con una misma consigna: parir con respeto no puede ser una excepción, debe ser una garantía.
Sin embargo, en Argentina, el recorrido entre la norma y la práctica sigue siendo largo y doloroso. Aunque la Ley de Parto Humanizado fue sancionada en 2004 y establece con claridad los derechos de las personas gestantes antes, durante y después del parto, su aplicación real es todavía fragmentaria y, muchas veces, simbólica.
Este 2025, la consigna de la Semana Mundial del Parto Respetado “Un parto respetado es más salud para vos y tu bebé. Elegí cuidarte”, vuelve a insistir en la necesidad urgente de revisar las prácticas obstétricas y de poner en el centro a quien gesta, no sólo como paciente, sino como sujeto de derechos.
En la mayoría de los hospitales del país, el acceso a una atención humanizada depende más de las voluntades individuales que de políticas sistemáticas. Las decisiones fundamentales siguen en manos del equipo médico, y no siempre se garantiza la autonomía ni el consentimiento informado. Parir con respeto, en ese contexto, se convierte en una especie de lotería.
Las estadísticas muestran una tendencia alarmante ya que más del 40% de los nacimientos en Argentina se realizan por cesárea, muy por encima del porcentaje recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
Muchas de estas intervenciones no tienen una justificación clínica real y responden más a criterios de eficiencia hospitalaria que al bienestar de la persona gestante.
En ese sentido, junto a estas cesáreas innecesarias, se suman episiotomías rutinarias, tactos reiterados sin consentimiento, separación del bebé al nacer y prácticas invasivas sin explicación.
La violencia obstétrica, tipificada por la Ley 26.485 como una forma específica de violencia de género, continúa siendo una experiencia habitual en las maternidades públicas y privadas.
Además, no se limita a los casos extremos porque también está en los comentarios paternalistas, en el ninguneo de los dolores, en la infantilización del discurso médico y en la imposibilidad de decidir sobre el propio cuerpo. Son situaciones cotidianas que muchas personas gestantes relatan con angustia, aún años después del parto.
El colapso del sistema de salud no hace más que agudizar estas problemáticas. En los últimos años, el recorte presupuestario, la falta de insumos y la reducción del personal de salud han deteriorado la calidad de la atención.
En muchos hospitales, no hay recursos para garantizar que cada persona gestante esté acompañada durante el trabajo de parto, que pueda estar en una sala individual, o que se respete su plan de parto. En otros, el volumen de pacientes obliga a priorizar la rapidez por sobre los tiempos fisiológicos del cuerpo.
A esto se suma una deuda histórica en la formación profesional. Aunque algunas carreras incorporaron perspectiva de género y derechos humanos en sus planes de estudio, la mayoría del personal de salud sigue formándose bajo un paradigma biomédico, jerárquico y centrado en la enfermedad.
La empatía, la escucha, el acompañamiento emocional y el respeto por los tiempos del parto siguen siendo aspectos relegados, cuando no directamente ignorados.
La desigualdad también atraviesa esta experiencia. Acceder a un parto respetado muchas veces depende del nivel socioeconómico, del acceso a información, o de la posibilidad de contratar una partera o una institución privada. Las personas más vulneradas son también quienes enfrentan mayores riesgos, tanto físicos como emocionales, al momento de parir.
Frente a este panorama, la exigencia es clara, debido a que no alcanza con leyes. Hace falta voluntad política, presupuesto, formación con enfoque de derechos, y una transformación profunda en el sistema de salud.
La dignidad en el parto no puede seguir dependiendo del azar, ni del compromiso individual de un equipo que decide humanizar lo que nunca debió ser deshumanizado. Parir en condiciones de respeto, seguridad y amorosidad debería ser lo mínimo.
Hoy más que nunca, cuando el ajuste golpea de lleno a los hospitales y a los cuerpos más vulnerables, garantizar el parto respetado es una cuestión de salud pública, de equidad y de justicia porque cada nacimiento importa y parir no debería doler más de lo necesario.
Foto: LM Neuquén
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