A pesar de las denuncias, pericias y declaraciones, la mayoría de los casos de abuso sexual infantil no llegan a juicio y mucho menos a condena. La falta de respuestas efectivas por parte del sistema judicial no solo deja impunes a los agresores, sino que además obliga a muchas víctimas a mantener vínculos con quienes las violentaron.
Por Verónica Llonto
Un nuevo caso de abuso sexual infantil llegó a la instancia de juicio oral en el distrito judicial de Lomas de Zamora. La denuncia, radicada el pasado 2 de abril, involucra a una menor de cinco años que logró exteriorizar lo sucedido en todas las instancias judiciales y periciales.
La denuncia apunta a su padre, quien, al momento de los lamentables hechos, se encontraba ejerciendo el régimen de visita con su hija. La menor no había tenido una convivencia frecuente con él, ya que sus padres se separaron cuando ella era muy pequeña.
El caso fue abordado por el cuerpo médico forense, el servicio de niñez de Almirante Brown, y atravesó una cámara gesell en la que la niña pudo relatar con claridad los hechos. También declararon las psicólogas que acompañan tanto a la menor como a su madre.
La investigación derivó en una restricción judicial para el progenitor denunciado, quien fue suspendido de la responsabilidad parental. Pero a pesar de la solidez probatoria inicial, la causa se ha visto atravesada por distintos mecanismos que retrasan la condena.
Violencia institucional y revictimización judicial
Daniela Juri, abogada representante de la menor, explicó que la madre debió enfrentar múltiples cuestionamientos personales durante el juicio, lo que desvió el foco principal de la investigación. “Cuestionan a la madre si la mala relación con su ex pareja fue motivo para hacer la denuncia, como si fuese un invento de ella” comentó, indignada.
La representante legal sostuvo que, en lugar de priorizar la palabra de la niña y las pruebas ya recolectadas, el proceso judicial comenzó a girar en torno a supuestos conflictos entre los progenitores y a la evaluación del comportamiento de la madre.
Los abusos sexuales en la infancia dejan secuelas profundas que se manifiestan de distintas maneras: a través de dibujos, cambios corporales y reacciones frente a estímulos cotidianos. En este caso, la menor pudo expresarse verbalmente con su madre y otros adultos de su entorno.
La menor atravesó una pericia psicológica para saber si estaba preparada para declarar en la cámara gesell. La abogada aclaró que la cámara gesell es una declaración testimonial grabada para preservar esa prueba para que la niña no tenga que relatar infinitas veces un hecho traumático como el que tuvo que vivir.
El rol del sistema judicial y los riesgos de la impunidad
A pesar de las declaraciones dadas, la realidad del sistema es distinta, y en vez de evitarle más estrés al abusado, estas situaciones le generan mayores traumas. Juri argumentó que, en muchos expedientes de familia, los acusados o sus familiares piden revincularse con la víctima, sometiendo a la niña a una situación incómoda y a la madre a denuncias por parte del acusado por impedimento de contacto.
La abogada remarcó que el sistema judicial sigue fallando a la hora de proteger a las infancias. existen al menos catorce expedientes en el fuero de familia que recaen sobre la madre de la víctima, lo que implica un desgaste económico, emocional y social significativo. A esto se suman las investigaciones penales paralelas y la falta de acción efectiva contra el acusado.
“En el sistema judicial está lleno de niños y niñas vinculados con sus abusadores. Estadísticamente, de cada 1000 casos de abusos contra las infancias, se denuncian 100, de cada 100, sólo 10 llegan a instancia de juicio y de esos 10, sólo se condena 1”, afirmó la abogada.
También cuestionó la manera en la que el sistema judicial trata los tiempos de las víctimas. Juri comparó: “Si a mujeres adultas les cuesta denunciar casos de abuso, aún pasado muchos años, cuánto más un niño que aún no tiene tantas herramientas emocionales ni verbales para eso”.
La etapa del juicio y los pedidos de acompañamiento
El juicio oral se encuentra actualmente en desarrollo. Se realizaron dos audiencias y está prevista una tercera para el próximo 9 de mayo, en el Tribunal Oral en lo Criminal de Lomas de Zamora. La fiscalía interviniente está a cargo de Mariana Monti.
La letrada expresó su preocupación por el accionar de la fiscalía, que, según denunció, ha tenido más interés en investigar a la madre que al imputado, a pesar de que el mismo ya tiene antecedentes de denuncias por violencia y una perimetral de dos exparejas.
Además, indicó que la fiscalía no ha convocado a declarar a las psicólogas de la niña y de su madre, a pesar de que mantuvo reuniones con peritos designados por la defensa del acusado. Juri pidió acompañamiento para la madre de la víctima en esta etapa dolorosa.
El silencio de quienes protegen
La abogada también se refirió a la situación de los profesionales que acompañan a las infancias y que, muchas veces, se ven desincentivados a intervenir. Señaló que, aunque haya pruebas médicas, psicológicas o testimonios en cámara gesell, esas evidencias suelen relativizarse o cuestionarse durante los procesos judiciales, sobre todo cuando el acusado es un familiar directo.
Juri explicó que no todos los abusos dejan marcas físicas visibles, y que las denuncias no siempre se realizan de inmediato, ya que los niños denuncian cuando logran poner en palabras lo vivido, muchas veces mucho tiempo después, sin posibilidad de analizar pruebas de ADN. Por lo que estos elementos no terminan de ser suficientes para el sistema judicial.
En ese proceso, los profesionales que acompañan a las infancias cumplen un rol fundamental, pero también son blanco de sospechas. Psicólogos, médicos y docentes que detectan signos de abuso y se animan a denunciar, muchas veces terminan siendo perseguidos judicialmente, acusados de haber inducido o “contaminado” el relato de los menores.
Esto genera un efecto de silencio que pone en riesgo a otras infancias. En lugar de contar con equipos clínicos especializados que trabajen con libertad y respaldo institucional, cada vez son menos los profesionales que se animan a intervenir. “Incluso cuando hay pruebas claras o lesiones visibles, algunos médicos prefieren no denunciar por miedo a ser denunciados ellos”, aseguró la representante legal.
La otra cara del abuso disfrazado en la violencia institucional
La fiscalía que tiene la llave para la acusación, termina demostrando una postura favorecedora con el presunto abusador investigando a la madre y cuestionando si es ella la violenta. Esta postura es una nueva violencia hacia la víctima y su familia.
“Si hay dudas, no significa que el hecho no ocurrió”, afirmó la profesional. La falta de pruebas concluyentes muchas veces responde a la naturaleza de los hechos denunciados y al tiempo transcurrido, no a la inexistencia del delito. En estos casos, la palabra de los niños y niñas debería tener un lugar central, en lugar de ser cuestionada o descartada.
La defensora concluyó que el sistema judicial debe garantizar a las infancias el derecho al tiempo, a ser oídas y protegidas, sin convertir en sospechosas a quienes las cuidan. Advirtió que el enfoque actual no solo revictimiza a las familias, sino que desalienta a quienes tienen la responsabilidad de proteger a las víctimas.
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