España
Las dos grandes centrales sindicales de España denunciaron la imposición de servicios mínimos, en muchos casos abusivos, de cara a la huelga general del próximo jueves contra la reforma laboral, la primera que enfrentará el presidente del gobierno Mariano Rajoy.
Los secretarios de Organización de Comisiones Obreras (CCOO), Antonio del Campo, y de la Unión General de Trabajadores (UGT), José Javier Cubillo, fueron los encargados de dejar claro que los sindicatos “no se responsabilizan” del cumplimiento de los servicios mínimos allí donde no fueron pactados.
Asimismo, ambos dirigentes acusaron a las organizaciones empresariales de coaccionar a los trabajadores para que no adhieran a la huelga general y les exigieron un compromiso público, que extendieron al gobierno, para que respete “el derecho constitucional” de los trabajadores.
Aunque los sindicatos confían en que el paro general contra la reforma laboral será un éxito, también aseguran que por primera vez “va a haber trabajadores que no secunden la huelga por miedo”.
Los sindicatos informaron en conferencia de prensa conjunta que se alcanzó un acuerdo estatal en el área de transporte terrestre y aéreo y en RTVE (Radio Televisión Española), pero no fue posible pactar servicios mínimos en la Administración Central del Estado ni en la Justicia.
El acuerdo sobre transportes alcanzado con el Ejecutivo es muy similar al que se pactó en septiembre de 2010, cuando se llevó a cabo la única huelga contra el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, también por su reforma laboral.
La diferencia más significativa es con los trenes de cercanía, los más utilizados por los trabajadores en las áreas metropolitanas, que tendrán un servicio del 35% -en vez del 30 %- en las horas pico.
Pero a nivel regional no hubo acuerdo en 8 de las 17 comunidades autónomas, por lo que los servicios mínimos se impusieron.
En algunos casos, como en Galicia o Baleares, se presentaron ya demandas de suspensión cautelar, mientras se está estudiando denunciar por “prevaricato” a los responsables que firmaron “servicios mínimos abusivos”, dijo Del Campo.
Según el dirigente sindical, donde no hubo acuerdo “la administración actúo como ariete y defensora de la patronal”.
En otros casos, como en Cataluña, hubo acuerdo pero los servicios mínimos pactados son algo superiores a los de la huelga de 2010.
La huelga general es la medida de fuerza a la que recurren los trabajadores para defender sus derechos, en este caso para presionar al gobierno para que de marcha atrás con su reforma laboral, pero si sus efectos no se notan en la producción o los servicios perderá eficacia.
Los servicios mínimos fueron históricamente una forma de garantizar el funcionamiento básico de infraestructuras y servicios fundamentales como salud, aunque en los últimos años las administraciones y las empresas intentan garantizar que la huelga no repercuta en la producción, afirman los sindicatos.
La huelga del 29 de marzo fue convocada contra los recortes y la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo de Rajoy, que facilita y abarata el despido y abre la puerta a bajas de salarios masivos en las empresas de forma unilateral.
Abaratando el despido y flexibilizando la contratación -se creó un contrato de prueba de un año sin indemnización- Rajoy pretende promover la creación de empleo en España, país que cuenta con más de 5,2 millones de desocupados, el 23% de la población activa, tasa que dobla la media de la Unión Europea (UE).
Rajoy expresó hoy su respeto al derecho de huelga, pero también defendió su reforma laboral, de la que dijo estar “convencido” al brindar una conferencia de prensa en Seúl, Corea del Sur, en el marco de la Cumbre sobre Seguridad Nuclear.