Los legisladores porteños presentaron un 192,5% más de iniciativas en comparación con el 2023. Entre los principales proyectos se encuentran textos que promueven capacitaciones para prevenir la violencia en las escuelas, fomentos a becas universitarias, entre otras.
Después de que el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, abriera un nuevo periodo parlamentario, los diputados locales presentaron 468 proyectos -entre iniciativas ley, resolución y declaración- durante el primer día de actividad legislativa en la Legislatura porteña.
Esto implicó un aumento del 192,5% en la cantidad de textos presentados, si se tiene en cuenta que en 2023 ingresaron sólo 160 iniciativas el primer día.
Entre los principales proyectos de ley se encuentra una capacitación para prevenir la violencia en las escuelas, impulsado por la diputada de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) Inés Parry; además, la legisladora de Unión por la Patria (UP) Delfina Velázquez pidió promover el acceso a becas universitarias; la creación de una Oficina de Presupuesto, impulsada por la peronista Claudia Neira (UP); entre otras numerosas iniciativas.
Mientras que entre los proyectos de declaración se destaca una distinción para “Alamesa”, el primer restaurante atendido por jóvenes neurodiversos de la Ciudad, que promovido por la radical Manuela Thourte (UCR-Ev); la conmemoración del Día Internacional de las personas con Discapacidad, fomentado por Juan Manuel Valdés (UP); entre otros.
En cuanto a los proyectos de resolución, se destaca una iniciativa de María Bielli (UP) por el robo de computadoras en escuelas de la Ciudad; una iniciativa de Victoria Montenegro (UP) para entregarles a las Abuelas de Plaza de Mayo un diploma por el 40 aniversario de la implementación del “índice de abuelidad”; entre otros textos.
La lucha contra el bullying
Debido al crecimiento de los casos de acoso escolar, la legisladora Inés Parry (UCR-Ev) pidió a la Legislatura porteña establecer la capacitación obligatoria “en la temática de bullying y violencia, para todas las personas que integran el sistema educativo; niños, niñas y adolescentes, personal docente y no docente, de todos los niveles de educación obligatoria, tanto de gestión pública como privada de la Ciudad”.
La iniciativa en cuestión plantea que la capacitación estará a cargo del Ministerio de Educación, quien podrá establecer sanciones para quienes no las realicen. “Las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas en la presente ley serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con la dirección de que se trate”, sostiene el documento.
En los fundamentos de la misma, Parry recordó que “Argentina es uno de los países con más casos de bullying y ciberbullying en el mundo. Se encuentra dentro de los cinco países con mayor cantidad de casos de acoso escolar (50.250) según la segunda Estadística Mundial de Bullying 2022/2023 de la ONG internacional Bullying Sin Fronteras (BSF)” e indicó que “desde esta organización sostienen que más de 10 mil chicos y chicas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tienen miedo de ir a la escuela y ser víctimas de acoso escolar. También estiman que siete de cada diez niños, niñas y adolescentes padecen algún tipo de acoso o maltrato en entornos escolares”.
“Además, advierten que, luego de los traumas que generó el encierro por la pandemia, hay una mayor violencia en las escuelas. Según una encuesta realizada por la Organización mencionada, tanto el bullying como el ciberbullying generan miedo a chicos y chicas de entre 6 y 18 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante el último relevamiento realizado se han registrado 14.800 casos graves. Los mismos incluyen heridas, fracturas, tratamientos psiquiátricos y psicológicos. CABA es la ciudad del país con más casos de Bullying”, completó.
Becas universitarias
La diputada Delfina Velázquez (UP) impulsó un texto que busca crear “las becas para estudiantes universitarios con el objeto de promover y garantizar el acceso a la Educación Superior para quienes desarrollan su formación de grado en Universidades o Institutos Universitarios Nacionales con sede en la Ciudad”.
El proyecto sostiene que accederán a este beneficio “aquellas personas que cursen sus estudios en institutos universitarios o universidades nacionales de gestión estatal, con sede en la Ciudad. Quedan exceptuados los institutos universitarios que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad y aquellas instituciones en general que ya prevean haberes para las personas durante su formación”.
En tanto sobre el monto que percibirán, el mismo deberá ser definido por la Canasta Educativa Universitaria, la cual tendrá que contemplar: transporte, materiales de estudio, refrigerios, acceso a conectividad y dispositivos electrónicos y otras necesidades que surjan relacionadas al estudio. “El monto definido se otorgará de manera mensual durante los 12 meses del año y se actualizará cada trimestre del año de acuerdo a lo que establezca el IPCBA (Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires). El Poder Ejecutivo podrá establecer carreras ‘prioritarias’ entre las ofertadas por las Universidades nacionales, en acuerdo con la Legislatura y a definirse cada cinco años, a los fines de fomentar su cursada mediante el otorgamiento de un monto adicional”.
Una Oficina de Presupuesto para la Ciudad
Otra de las importantes iniciativas que se presentaron durante el primer día fue promovida por Claudia Neira (UP) y tiene como objetivo la creación de una Oficina de Presupuesto, la cual tendrá como objetivo “analizar las estimaciones de ingresos, gastos, metas físicas y deuda pública contenidas en el proyecto de ley anual de presupuesto”, “apoyar a la comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria en el cumplimiento de sus objetivos”, “realizar estimaciones del impacto presupuestario de los proyectos de ley ingresados a la comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria a solicitud de las autoridades de la Comisión”, “realizar estudios, análisis y evaluaciones del impacto logrado por políticas y programas del poder ejecutivo en relación a su asignación presupuestaria”, entre otros puntos.
Asimismo, el documento establece que las comisiones de la Legislatura remitirán a la Oficina de Presupuesto toda la información con interés presupuestario o económico necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
También contempla que dicha Oficina cuente con un sitio Web de carácter público que permita el acceso a los datos y estadísticas resultantes de sus estudios e informes. El sitio Web permite la exportación de los datos en formatos estándar y contiene los materiales de las presentaciones que realice.
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