El derrumbe ocurrió en una propiedad que queda al lado de una obra en construcción en ese barrio y que terminó con la vida de dos hermanos de 75 y 80 años. En el lugar trabajó el SAME, bomberos y la Policía de la Ciudad.
Los diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresaron su pesar y preocupación por el derrumbe del primer y segundo piso de una propiedad lindera a una obra en construcción en el barrio porteño de Caballito, sobre la calle Pedro Goyena al 500, en el cual fallecieron dos hermanos de 75 y 80 años.
En el lugar trabajó el SAME, bomberos y la Policía de la Ciudad, quienes rescataron a 14 personas, entre ellos cuatro niños, y evacuaron a los vecinos del otro edificio lindero a la obra en construcción. Además, clausuraron las tres propiedades por peligro de derrumbe.
Atento a esta situación, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, expresó sus “más sentidas condolencias a las familias y amigos de las dos personas que trágicamente perdieron la vida en el derrumbe de la obra en construcción en Av. Pedro Goyena. Los abrazo en el dolor” e indicó que instruyó “a las distintas áreas de Gobierno a que asistan emocional y psicológicamente a todos los afectados y brinden la ayuda necesaria a quienes no pueden volver a su casa”.
“Valoro y agradezco el rápido y valiente operativo que llevaron adelante los bomberos, el SAME y los distintos equipos de Emergencias de la Ciudad, respondiendo de manera rápida para salvar a quienes estaban atrapados en los escombros”, añadió en su cuenta de X -ex Twitter- y precisó que “estamos poniendo a disposición de la Justicia toda la información necesaria para que se realice la investigación correspondiente y se esclarezcan los hechos que desencadenaron esta tragedia”.
Por su parte, la legisladora de Unión por la Patria (UP) Claudia Neira lamentó “la muerte de dos personas en el terrible derrumbe en Caballito” y recordó que “hace tiempo que planteamos la necesidad de planificar seriamente la construcción y regular el mercado inmobiliario en función del bienestar y la seguridad de los porteños. Es preciso determinar las responsabilidades en este trágico hecho y abordar de forma urgente un cambio profundo en materia de desarrollo urbanístico”.
Sobre esa misma línea, Juan Manuel Valdés (UP) manifestó su “inmensa tristeza por el fallecimiento de dos vecinos en un derrumbe en Caballito. Una tragedia evitable. A pesar de las denuncias nunca se frenó la obra” y recordó que “hace tiempo señalamos que las construcciones en la Ciudad están descontroladas. Es necesario que se investigue este hecho”.
Finalmente, la diputada del MST Cele Fierro consideró que “el derrumbe en Caballito no fue accidente: fue crimen estatal de la corrupción. La muerte de dos personas y 11 heridos tiene responsables con nombre y apellido. ‘Accidente fatal por el temporal’, tituló algún medio: no es así” y explicó que “todo el circuito del desarrollo inmobiliario en CABA, cedido por los sucesivos gobiernos a amigos empresarios, además, cuenta con discrecionalidad para hacer lo que quieran, sin controles estatales”.
“Hace años, denunciamos en CABA el desmantelamiento del cuerpo de verificadores de obras, a la medida del lobby inmobiliario. Después, el Código Urbanístico, terminó de legalizar la dictadura de las grandes desarrolladoras, con IRSA y el grupo Werthein a la cabeza”, siguió y destacó que “las construcciones se dan sin control, hay corruptela para acceder a permisos formales y por lo tanto la consecuencia son los derrumbes como el este. Los vecinos denunciaron falta de controles”.
Al mismo tiempo, advirtió que “está todo organizado corruptamente en función del negocio privado. Por eso, exigimos cárcel a los responsables, responsabilidad patrimonial y urgente interpelación en la Legislatura de Matías Lanusse, el titular de la Agencia Gubernamental de Control. Y no olvidemos la desprotección laboral de los trabajadores de las obras con la connivencia de la conducción de la UOCRA y Fernando Cohen, director general de Protección del Trabajo”.
“Estos tipos tienen que dar explicaciones: vamos a presentar pedidos de informe, interpelación y evaluar acciones penales porque los responsables tienen que ir presos. Las vidas de nuestros vecinos valen más que todas las ganancias del negocio inmobiliario”, sentenció.
