
Despenalización y legalización del Aborto: Una cuestión de Salud Pública y de Derechos Humanos.
Como gremio de lxs profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires nos hemos pronunciado en diferentes oportunidades en relación a la necesidad de avanzar en una legislación integral que garantice el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el sistema público de Salud. Lo hemos hecho abriendo y participando en espacios de debate y también con intervenciones ante situaciones concretas de vulneración de derechos, sosteniendo firmemente el principio de la autonomía de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo.
Desde la defensa irrestricta de los Derechos Humanos, y en particular de la Salud Pública, que son los principios fundantes de nuestro gremio, saludamos el avance que significa el debate instalado en el Congreso Nacional sobre el tema. Asimismo, reconocemos que llegamos como sociedad a esta instancia por la lucha incansable y sostenida de organizaciones y colectivos de mujeres a lo largo de muchos años.
Los últimos datos oficiales disponibles del Ministerio de Salud de la Nación (2016) señalan que el 17.6 % del total de las muertes de mujeres embarazadas fueron provocadas “por un embarazo terminado en aborto”. En la provincia de Buenos Aires, también según datos oficiales del mismo año, dos de cada diez muertes maternas tuvieron como causal “complicaciones de un aborto”. Esto ubica al aborto como la principal causa individual de la mortalidad materna, un grave problema sanitario causado por la inequidad social y las prácticas clandestinas e ilegales.
Las políticas de ajuste de los gobiernos en todos sus niveles (nacional, provincial, municipales) han llevado a la desarticulación de los programas responsables de poner en marcha tanto la Ley Nacional 26150/2006 como su correlato en la Ley Provincial 14774/2015, de Educación Sexual Integral (ESI). Tampoco está garantizada la accesibilidad plena a los métodos anticonceptivos que prevé el Programa de Salud Sexual y Reproductiva (SSyR) y se ha obstaculizado, de diferentes maneras, la posibilidad de instrumentar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en los casos contemplados en nuestro Código Penal desde hace muchos años, negando la provisión de misoprostol para evitar prácticas cruentas. Es necesario recordar que los medicamentos recomendados para el aborto están en el listado de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el 2005.
Desde CICOP:
• Apoyamos el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado ante el Poder Legislativo Nacional por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
• Exigimos presupuestos adecuados que garanticen la cobertura integral de las mujeres que decidan interrumpir un embarazo no deseado, bajo los principios de universalidad, gratuidad y accesiblidad en el ámbito de la Salud Pública.
• Bregamos por la producción pública de los medicamentos adecuados para llevar adelante la práctica ILE( Interrupción Legal del Embarazo) y su distribución amplia en todo el sistema de Salud
• Reafirmamos nuestro compromiso con los postulados básicos de#Educación Sexual para decidir #Anticonceptivos para no abortar #Abortolegal para no morir.
APUDIPA. Seccional de CICOP del Hospital Paroissien.