Zoe, una niña de solo cuatro años fue asesinada por su madre y la pareja de esta, en noviembre de 2021. En esta segunda parte de la charla que Oscar Rodríguez, abuelo paterno de la menor, mantuvo con Diario NCO, comentó sobre las irregularidades de la Justicia de La Rioja para otorgarle la tenencia de la niña al padre.
Por LUCÍA A. CARDOZO
lucia.amarillacardozo@gmail.com
En noviembre de 2021, Zoe, una niña de La Rioja de cuatro años de edad fue asesinada a golpes y posteriormente calcinada por su madre, Jimena Córdoba y la pareja de esta, un pastor evangélico llamado Andrés Bustamante. Previo al trágico final, Kevin Rodríguez, padre de la niña, luchó junto a su familia durante años para obtener la tenencia de su hija, sin embargo, fue ignorado por la Justicia.
Una Justicia ausente
Al mes de nacer Zoe, su madre, Jimena Córdoba, acudió al Registro de las Personas para formalizar los datos de la niña, sin embargo, la mujer decidió ponerle solamente su apellido y descartar el del padre. Según Oscar, el abuelo paterno de la menor, esto simplemente “era maldad, quiso dañar a mi hijo, pero esto era un daño para la beba”.
Tres meses después de este hecho, Jimena abandonó a Zoe y a Kevin para irse junto a otra pareja, sin embargo, casi dos años después retornó a Chilecito, pueblo donde vivía anteriormente junto a Kevin, para llevarse a la niña alegando que era “dueña” de la misma.
Inmediatamente la familia paterna se contactó con Juan Martin Pueyrredón, asesor de menores de aquella zona, para ponerlo al tanto de la situación y, sobre todo, para mostrarle las evidencias del abandono de Zoe por parte de su madre. No obstante, había un problema: Zoe no tenía el apellido Rodríguez, por lo tanto, la niña debía ir con su madre, según la Justicia.
La solución ante ello era simple, ya que Jimena solo debía firmar los papeles para asegurar que efectivamente Kevin Rodríguez era el padre de Zoe. De esta manera, él podría hacerse de la tenencia de la niña sin que su madre se interpusiera, pero esto no ocurrió. Por un lado, Jimena jamás se presentó a firmar los papeles y, por otro lado, el asesor de menores no hizo el seguimiento correspondiente e incluso, según Oscar, los echó de su oficina.
Meses después, en el caso de Zoe intervino la Secretaría de Mujeres y Violencia de Género, a cargo de Carolina Idoria y Nelly Sagua. Ante esta entidad, la familia paterna de la menor presentó todo tipo de evidencias del por qué la niña no debía estar con la madre.
Las pruebas iban desde el abandono, el maltrato hacía Zoe por parte de su madre, las malas condiciones en que tenía a su hija y un historial de abuso de sustancias que convertían a Jimena en una persona no apta para cuidar a la menor. “Todo el tiempo que Zoe ha estado con ella, ha sufrido”, afirmó Oscar.
Sin embargo, fueron ignorados nuevamente y la Justicia otorgó la tenencia de la niña a su madre, quien se la llevó a otra ciudad, le prohibió a la familia paterna visitarla y finalmente, en noviembre del año pasado, terminó con la vida de Zoe.
Un reconocimiento que llega tarde
Dos meses después del crimen de la niña, la Justicia de La Rioja accedió a que Kevin se realice una prueba de ADN con Zoe para poder ponerle su apellido. “Recién ahora, tardísimo”, se lamentó el abuelo de la niña mientras reconocía el mal desempeño de los funcionarios Pueyrredón, Idoria y Sagua, que trataron el caso de Zoe y desoyeron todas las evidencias.
Oscar expresó que quiere realizar una denuncia contra ellos ya que “ también tienen que estar presos por mal funcionamiento, por no hacer un seguimiento, no tener a Zoe y ver a quien se la van a dar”. Asimismo, aseguró que hasta hoy día ninguno de los funcionarios se acercó a la familia para hablar de lo sucedido.
Una historia que se repite
Días después del asesinato de Zoe por parte de su madre y la pareja de esta, en la provincia de La Pampa se llevó a cabo un crimen similar. Lucio Dupuy, un niño de cinco años, fue golpeado y asesinado por su madre Magdalena Espósito y su pareja, Abigail Páez.
Nuevamente, se repitió la historia: la Justicia ignoró la voz paterna y las evidencias de maltrato. “La Justicia decidió que estaba mejor con la madre y hoy pagamos las consecuencias”, expresó Christian Dupuy, padre del menor asesinado.
En base a este hecho, se presentó en el Congreso de la Nación el proyecto de “Ley Lucio” por parte del diputado pampeano Martín Maquieyra, que buscará prevenir y detectar de manera temprana la violencia infantil, contra niños, niñas y adolescentes.
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