El crecimiento sostenido del encarcelamiento y la falta de políticas integrales profundizaron una crisis estructural en los centros de detención del país.
Por Florencia Belén Mogno
Durante los últimos años, el sistema penitenciario argentino atravesó un proceso de expansión de la población privada de la libertad que no encontró correlato en la infraestructura ni en una revisión profunda de la política criminal.
La sobrepoblación carcelaria se transformó así en uno de los principales desafíos estructurales del Estado. Esta lógica impactó de manera directa en las condiciones de detención, generando escenarios de hacinamiento y deterioro edilicio.
En ese sentido y de acuerdo con el material al que accedió Diario NCO, se presentó el informe La privación de la libertad en establecimientos penitenciarios en datos (2024), elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
Según el relevamiento, al cierre de 2024 la Argentina registró 121.443 personas privadas de la libertad, el número más alto desde que existen registros oficiales. Esa cifra representó una tasa de 258 personas detenidas cada 100 mil habitantes y evidenció que los establecimientos penitenciarios funcionaron, en promedio, al 130 por ciento de su capacidad.
Cifras récord y desigualdades territoriales
El documento, basado en el Registro Nacional de Lugares de Encierro, señaló que varias provincias superaron ampliamente el promedio nacional. Córdoba encabezó el ranking de encarcelamiento, seguida por Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe y Salta.
Además, el informe indicó que, tras una desaceleración coyuntural en 2020 producto de la pandemia, el crecimiento del encierro retomó fuerza y alcanzó un aumento interanual superior al siete por ciento durante 2024.
El análisis también vinculó la inflación carcelaria con factores estructurales del sistema penal entre los cuales se destacaron el incremento de penas cortas de cumplimiento efectivo, la resistencia a aplicar medidas alternativas y el crecimiento sostenido de la prisión preventiva. Si bien la mayoría de las personas privadas de la libertad contó con condena firme, la cantidad de detenidos sin sentencia continuó en aumento en términos absolutos.
Género, criminalización y prisión preventiva
En sintonía con lo planteado, el reporte expuso que “las desigualdades del sistema también se evidenciaron en términos de género”. De acuerdo con los datos relevados, “las mujeres y las personas trans o no binarias registraron mayores niveles de prisión preventiva que los varones, lo que profundizó las asimetrías en el acceso a garantías procesales”.
A su vez, el informe mostró una fuerte relación entre criminalización, pobreza y género. “Casi cuatro de cada diez mujeres privadas de la libertad estuvieron detenidas por delitos vinculados a estupefacientes, frente a una proporción considerablemente menor en el caso de los varones, lo que expuso el impacto diferencial del sistema penal sobre los sectores más vulnerables”, agregó.
Otro de los aspectos que encendió señales de alerta fue el crecimiento de las penas cortas, de hasta tres años de duración, que “ya representaron una porción significativa de la población condenada. Se trató, en su mayoría, de delitos de baja lesividad que podrían haber admitido sanciones alternativas, pero que continuaron ejecutándose de manera efectiva”.
La Ciudad de Buenos Aires, un caso crítico
Por otra parte, la investigación expuso que la crisis del sistema de encierro se expresó con particular gravedad en la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido hizo referencia a un informe reciente de la Procuración Penitenciaria de la Nación el cual reveló que “hacia fines de 2025 más de 2.400 personas se encontraban detenidas en dependencias de la Policía de la Ciudad, entre alcaidías, comisarías y personas en espera de traslado”.
“La capacidad legal de alojamiento resultó ampliamente superada. Las alcaidías porteñas alojaron cientos de personas por encima de su cupo, mientras que las comisarías duplicaron la cantidad de detenidos permitidos. A este escenario se sumaron tiempos de permanencia prolongados, con personas que permanecieron meses e incluso años en espacios pensados para detenciones transitorias”, añadió el reporte.
Además, muchas de las personas detenidas permanecieron durante semanas en sectores no habilitados, como oficinas, depósitos o subsuelos, en condiciones de hacinamiento extremo y sin acceso adecuado a servicios básicos.
Un escenario insostenible y sin soluciones de fondo
Por otro lado, entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, la cantidad de personas detenidas bajo la órbita de la Policía de la Ciudad aumentó un 10 por ciento, consolidando un panorama que los organismos de control calificaron como insostenible.
Frente a este escenario, tanto el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura como la Procuración Penitenciaria coincidieron en que la salida no pudo limitarse a la ampliación de plazas penitenciarias.
De esta manera, los informes señalaron la necesidad de avanzar en cambios estructurales en la política criminal, revisar el uso de la prisión preventiva y fortalecer la aplicación efectiva de medidas alternativas al encierro, para evitar que la sobrepoblación continuara profundizando las vulneraciones de derechos en el sistema penitenciario argentino.
Fuente fotografías: redes sociales.
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