María Cristina Perceval*
En el 2008, desde el Congreso Nacional sancionamos la ley para la prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a su víctimas, que tipificó a ese delito como federal, en concordancia con numerosos instrumentos internacionales, entre ellos, el Protocolo de Palermo, para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que a su vez complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Mucho tuvo que ver, en aquel entonces, la lucha tenaz, dolorosa y también desigual que emprendió Susana Trimarco, madre de Marita Verón, secuestrada el 3 de abril de 2002. Una lucha que la llevó no sólo a denunciar y enfrentar a las mafias corporativas, sino que la sumergió en interminables vericuetos institucionales y en el infierno de las redes de esclavitud.
Mientras todavía espera el encuentro con su hija, y con la paradoja de que en este juicio, los acusados no serán juzgados por el delito de trata de personas ya que la sanción de la ley que ella tanto impulsó, fue posterior al secuestro y desaparición de su hija, Susana Trimarco sigue mutando su dolor en valentía.
Hoy, este proceso judicial representa un punto de inflexión para pensar sobre los avances que el Estado argentino emprendió, como el cambio normativo, el rescate de casi 3000 personas esclavizadas y explotadas, la creación de oficinas especializadas, y las políticas públicas para la prevención, a lo que debe sumarse el fundamental aporte de las organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, también debe invitar a la reflexión sobre lo mucho que resta en este camino contra uno de los delitos más crueles, y aparece como una oportunidad para profundizar un debate honesto y comprometido que nos involucre como Estado y como sociedad democrática.
A Marita la siguen esperando su madre y su hija. Y la seguimos esperando, también, todas y todos nosotros, aquellos que entendemos que la vigencia y el fortalecimiento de los derechos humanos y de un proyecto de país más justo e igualitario representa la única condición indispensable para que no haya nunca más una víctima de trata.
*Subsecretaria de promoción de Derechos Humanos de la Nación.
