La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura bonaerense, realizó una inspección sorpresiva donde se relevaron hechos aberrantes.
Las mujeres alojadas en la Comisaría tercera de La Tablada, La Matanza, padecieron aislamiento extremo, abusos sexuales y prácticas de tortura de manera reiterada. La CPM interpuso un habeas corpus colectivo que ordenó la inmediata clausura de los calabozos luego de constatar las condiciones del lugar y los episodios padecidos por las detenidas.
También se hizo la denuncia penal ante la ayudantía de delitos de gravedad institucional de La Matanza y la Auditoria General de Asuntos Internos. En una reunión mantenida ayer con el organismo, el ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni confirmó que la comisaría fue intervenida y la sanción correspondiente será aplicada.
La situación fue comunicada a la CPM por el Defensor de Casación de la Provincia Mario Coriolano. A partir de esto se entrevistó a las detenidas para ampliar sobre los hechos. Después se puso en marcha una intervención articulada entre ambos organismos, que forman parte del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.
Las mujeres denuncian dos episodios de abuso sexual sobre varias mujeres en el marco de requisas vejatorias constitutivas de torturas, junto con el aislamiento extremo y la imposibilidad de comunicarse con el mundo exterior que les provocaba desubicación temporal, cuadros depresivos y de angustia. Las golpizas, las amenazas y las humillaciones por cuestiones de género fueron constantes.
El relato del horror
Las víctimas contaron que los agravamientos se agudizaron desde la asunción del subcomisario Leonel Gómez. Luego de padecer los episodios de tortura, las detenidas fueron disciplinadas, castigadas y amenazadas.
Los oficiales policiales desplegaron un dispositivo para evitar que las víctimas narren las violencias padecidas: se les prohibió todo tipo de acceso a medios de comunicación e incluso a relojes, por lo que estaban desorientadas y trataban de calcular el momento del día según la luz del sol. Si preguntaban la hora a los policías recibían burlas como respuesta.
Las mujeres se podían comunicar con sus familiares y amigos únicamente a través de cartas que leían los agentes. Además, los funcionarios policiales no tenían identificación y se llamaban entre ellos por seudónimos o sobrenombres para que se vuelva más difícil reconocerlos.
Las condiciones de los calabozos eran muy malas y las detenidas pasaban hambre dado que recibían una mínima ración de comida al día y no se les permitía tener conservadoras ni calentadores para la comida que le acercaban sus familiares cuando les llegaba. En el lugar no tenían agua fría ni siquiera para consumir o hidratarse frente a las fuertes temperaturas de las celdas.
Tampoco contaban con acceso a la ducha y cuando podían higienizarse debían hacerlo frente a personal masculino, que estaba siempre presente. Permanecían en la oscuridad y al ser aisladas durante varios días debían orinar en botellas plásticas y defecar en bolsas de nylon. No tenían asistencia médica ni traslados al hospital aunque lo requirieran. Al menos ocho mujeres padecían patologías sin atención.
Las medidas que se tomaron en consecuencia
El ministro Sergio Berni acordó con la necesidad de crear un protocolo de intervención policial sobre las mujeres detenidas, con perspectiva de género y derechos humanos.
Por esto se realizó una presentación al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia solicitando su intervención para garantizarla. También se notificó al Comité Nacional de Prevención de la Tortura.
Este es el momento en el que la justicia debe avanzar en la investigación y condena penal a los agentes que cometieron estos delitos y a los responsables de la comisaría. Estos actos deben ser investigados con la debida celeridad, diligencia y perspectiva de género que la situación amerita.
La CPM se encargará de patrocinar a las víctimas como particular damnificado para garantizar su pleno acceso a la justicia. La violencia contra las mujeres debe ser considerada una grave violación a los derechos humanos porque vulnera la dignidad, la integridad y la seguridad de las mujeres.
El Estado es el responsable de implementar políticas públicas que prevengan y sancionen estos hechos y reparen a las víctimas. La Comisión Provincial por la Memoria vuelve a decir nunca más.
Foto: laprimerapiedra.com.ar
