Así lo afirmó el presidente de la fundación Soberanía Sanitaria y ex viceministro de Salud de la Nación, Nicolás Kreplak, en diálogo exclusivo con Diario NCO. En este sentido, agregó que los ajustes “están impactando sobre la mortalidad y el seguimiento de los tratamientos de enfermedades crónicas”, de modo que la gente sufre más por “cuestiones evitables”. También alertó sobre la creación de la AGNET, “el abandono” a territorios en materia sanitaria, ¿privatización? y el modo en que afecta al cuerpo la implementación de políticas neoliberales.
Valeria Adámoli
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Soberanía Sanitaria es una asociación civil sin fines de lucro que fue inaugurada a fines de 2015 y está integrada por profesionales que formaron parte de la gestión del último Gobierno. “El objetivo es el de seguir trabajando en el análisis del sistema de salud y en la propuesta de alternativas para que sea más justo”, explicó Kreplak a este medio.
La institución se dedica a la formación de profesionales y también brinda charlas para la comunidad, buscando que la discusión sobre el tema se vuelva “algo más popular”.
Conforme con la democratización del conocimiento, de forma bimestral edita una revista con ATE Santa Fe -cuyo Director General es el exministro de Salud Daniel Gollan- a la que se puede acceder de forma online y que de manera impresa llega a 35 mil personas.
Novedosa en su género, es de divulgación con “mucha profundidad analítica”, al tiempo que está redactada en un lenguaje y en un código de comunicación para que la pueda leer cualquier persona interesada.
Situación actual
La fundación mantiene un vínculo sólido con la salud pública por el trabajo con otras asociaciones civiles, políticas y sociales y porque sus integrantes son profesionales del sector público que brindan su labor en hospitales, centros de salud, universidades, etcétera.
“Muchas de las cosas que antes el Estado garantizaba como derecho, dejaron de perpetuarse y empezaron a caer en el bolsillo de la gente. Sostener cierto nivel de cosas pasó a depender más de la capacidad adquisitiva. En general, en Salud Pública el peor indicador que uno puede tener es cuando aumenta el gasto de bolsillo”, detalló.
En este punto, remarcó que, por ejemplo, para “seguir los tratamientos de enfermedades crónicas” hay que poder pagarlos. A esto se suman los aumentos que afectan a muchos jubilados que, al no contar ya con la cobertura de PAMI al 100 en los medicamentos, “empiezan a elegir cuál toman y cuál no, o comienzan a tomar la mitad de la pastilla porque así le dura más tiempo. Médicamente, un desastre”.
Posteriormente, especificó que en la Provincia hay hospitales “que están terminados de la gestión anterior”, pero que “se ha decidido no abrirlos a pesar de estar construidos y con criterios sanitarios, puestos en lugares donde había una demanda específica de que haya un hospital”.
El médico señaló además que se trata de obras que toman alrededor de siete años de trabajo: “Es obvio que no las inaugura el que las plantea. Tienen que ser políticas de Estado”, consideró. También, sobre Capital Federal dijo que hay menos camas en los nosocomios y que en números “equivale a como si el Gobierno hubiera decidido cerrar cinco hospitales”.
“Lo que termina sucediendo es lo que estamos viendo en indicadores de salud: están impactando sobre la mortalidad, sobre el seguimiento de los tratamientos de enfermedades crónicas. La gente se enferma más, sufre más y se muere más por cuestiones evitables, sobre todo aquellas personas que tienen más vulnerabilidad social”, añadió el ex funcionario.
La AGNET
Aunque todavía forma parte de un proyecto de ley, la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud se encargaría de comprobar medicamentos y procedimientos clínicos y quirúrgicos y así incorporarlos o excluirlos del Programa Médico Obligatorio (PMO).
Para el ex viceministro, “es la contraparte necesaria de la Cobertura Universal de Salud (CUS) porque no se puede cubrir si no decimos qué se está cubriendo”. La idea de la CUS, dijo, es retirar el concepto del acceso a la salud como un derecho y que pase “a ser algo de lo cual uno es beneficiario. Tiene una cobertura para ciertas enfermedades, ¿pero para cuáles? Hay que definirlo, para eso está la agencia”.
Aunque admitió que este organismo, per se no está mal, “lo que tendría que hacer es, (…) si por ejemplo tal pastilla te aumenta dos horas la vida y sale 100 mil pesos, no da costo beneficio, o que salga cinco pesos o que no se permita su venta en el país”, explicó y agregó que esto ocurre en sistemas tales como el de Inglaterra.
Sin embargo, señaló que “la propuesta que hay que Argentina es muy lamentable porque lo único que propone es quitar de la cobertura obligatoria, tanto de las obras sociales como del Estado, dejándolo en manos de la gente”.
De este modo, subrayó que aunque la AGNET resuelva que determinada práctica no sirve, si el médico le dice a su paciente que sí, “sea por convicción real o espuria”, la persona “va a gastar lo que pueda por tratar de mantenerse viva”, por lo que alertó que “la asimetría de información muy grande” y agregó que en los países en los que funciona, “como Estados Unidos, 7 de cada 10 personas que empobrecen lo hacen por causa de una enfermedad que supera la cobertura de los planes de salud”.
“Y lo que va a terminar sucediendo es lo que pasó en Colombia, que tiene la Cobertura Universal hace ya más de 20 años y que fracasó rotundamente. Es que la forma de acceder a todo eso es la vía judicial. Entonces hay millones de demandas para acceder a los tratamientos. Imagínense que de todas las formas para acceder al sistema de salud es la más justa, costosa, tardía, pero es la única que uno tiene cuando la obra social rechaza”, resaltó.
Por otra parte, indicó que en estos dos años aumentó “tremendamente la cantidad de rechazos de las obras sociales” porque, además de que el ajuste sea “un clima de época”, han visto “aumentados los costos muy por arriba de los salarios, por lo que tienen menos dinero para sostener y muchos de los insumos están en dólares. Realmente están muy apretadas”.
“Estamos convencidos de que la solución no es quitarle derechos a la gente. Si hay una medicación muy costosa, discutamos los precios, hagamos producción pública en medicamentos, elaboremos genéricos, hagamos producción local que reemplace las importaciones en dólares”, sugirió.
Insumos y ¿privatización?
Para Kreplak la situación no es mejor en materia de prevención. En su respuesta ejemplificó con que durante 2016, “prácticamente no distribuyeron preservativos” de parte del Estado y que se han otorgado “muchos menos métodos anticonceptivos que en años anteriores. Hay errores con las compras y en la distribución”.
También dijo que hubo “sucesivas faltantes de insumos para vacunar o de vacunas, al punto de que todos los coordinadores de los programas del país se han juntado para manifestarle a los ministros provinciales que de esta manera no se puede continuar porque es grave lo que está pasando”.
Aquí aclaró que hay “ineficiencia para llegar” a territorios muy grandes y para él no es algo casual: “Yo creo que tiene que ver con generar la sensación de que el sistema público no sirve, para que eventualmente pueda ser privatizado”.
“Entonces, un sistema que era tremendamente eficiente como el Remediar o como el programa de vacunas que distribuía a todo el país con muchísima eficacia, ahora está funcionando muy mal. Yo creo que es la antesala de poder plantear que estas cosas las puede hacer un privado, que seguramente las va a hacer mejor”, alertó.
“Creo que están pasando cosas más graves respecto del abandono de los territorios. En principio, tanto el ministro de Salud anterior (Nicolás Pérez Baliño) como el actual (Adolfo Rubinstein) consideran que la salud no es una responsabilidad del Estado Nacional, sino de las provincias y el Estado Nacional solamente tiene una función de rectora”, indicó.
En este punto, contrastó diciendo: “El Gobierno anterior no pensaba eso y por eso había muchísimos programas territoriales donde el Estado bajaba con camiones, con trenes, con buques a los territorios para cubrir las asimetrías en las ofertas de servicios”.
Así, se refirió al programa Médicos Comunitarios y explicó que actualmente “se redujo casi a la mitad la cantidad de profesionales” de primer nivel de atención debido a que están “cuatro o cinco meses sin cobrar” y no tuvieron aumentos salariales.
Sobre la recientemente anunciada red pública de salud AMBA, que prevé la construcción de 54 centros de atención primaria y la remodelación de otros 309, consideró que “en realidad solo plantea la reforma edilicia. No hay gente que quiera trabajar porque los sueldos son muy bajos, no hay carrera, no hay propuesta interesante”.
“Ir a un territorio es una decisión, pero tiene que haber una política de Estado que lo acompañe. (…) Vemos que en aquellos lugares donde se más requiere de un Estado presente para poder cubrir la necesidad de salud, aumentó la mortalidad”, alertó.
El dato que más duele
Al referirse a la salud de los más pequeños, Kreplak comentó que la problemática “tiene múltiples partes” porque el aumento de los costos fue “muy fuerte” en alimentos básicos como leche, verduras, frutas y carne. “El Estado ha comprado en una escala infinitesimalmente inferior la leche. En 2017 fue muy bajo pero por ejemplo ahora acaban de anunciar en la Provincia que por error en la licitación van a estar 60 días sin entregar la leche”, dijo.
Asimismo, indicó que también hay problemas con el programa Remediar y hoy “la gente ya no está segura de que el medicamento va a estar porque a veces está y a veces no”. Este plan, además de entregar remedios busca orientar la consulta hacia los centros de salud en donde se realiza un seguimiento longitudinal de los casos.
También se refirió a Qunita como “un éxito absoluto en reducir la mortalidad infantil” y explicó que en el semestre en que funcionó, ese año (2015) se redujo la mortalidad infantil “con mayor velocidad de la última década y a triple velocidad del promedio entre todos los años anteriores. En general se venía reduciendo el 0, 3 por mil por año y en 2015 fue 0,9”.
Además de las ventajas de la cuna, comentó que para recibir el programa una maternidad tenía que garantizar un estándar que mejoraba y optimizaba la eficiencia del servicio. Así, se evaluaba el banco de sangre, los hemoterapistas, el material quirúrgico, las tecnologías, la guardia, el nivel de formación de los médicos que estaban presentes, etcétera. “Como la gente lo quería tanto, muchas maternidades se pusieron en condiciones de acreditar”, resumió.
Sin embargo, añadió que después de 2015 “no se registraron más descensos en la mortalidad infantil” y que el programa que ya no se ejecuta, “no ha sido reemplazado” por ningún otro. “La idea fue el ajuste básicamente”, dijo.
Neoliberalismo y salud
El equipo de Soberanía Sanitaria está integrado por psicólogos y psiquiatras que trabajan a menudo con esta cuestión. Para el exfuncionario, la “pérdida de un horizonte mejor”, que anima al esfuerzo sabiendo que los frutos se recogerán mañana, ya no está. “La pregunta diaria es “¿qué ajustamos hoy en nuestra vida cotidiana? Lo cual es triste”, sostuvo.
“En términos de salud mental es una de las peores situaciones que podemos tener. Nos lleva a la desesperanza, al aislamiento y eso genera sufrimiento y enfermedad”, indicó y remarcó que “el neoliberalismo desorganiza la vida. Nos pone en un grado de incertidumbre que para muchos es realmente una causa de enfermedad”, señaló.
“El estrés puede desencadenar diversísimos cuadros patológicos, desde la salud mental pero también cardiovasculares, metabólicas, autoinmunitarias, oncológicas, etcétera, (…) pero cuando el estrés es social, nos vemos como una sociedad más enferma”, concluyó.
