Quienes tienen que decidir en las dos causas por el conflicto entre el Estado y las familias del Barrio Aeronáutico, tienen conflicto de intereses o tuvieron lazos familiares entre si. El entramado judicial sigue su carril y mientras tanto la comunidad vive en la incertidumbre.
El conflicto que vive el Barrio Aeronáutico de El Palomar por el intento del Estado Nacional de desalojar a más de 140 familias, ya está en la justicia y tendrá un desenlace tanto en la vía administrativa como en la penal. Lo llamativo son los nombres de quienes deberán decidir y sus relaciones entre si.
Por un lado, en lo que respecta a la vía penal, hay que recordar que los concejales del Frente Renovador, Jorge Laviuzza y Marcelo González denunciaron en ese fuero tanto al intendente Ramiro Tagliaferro como a la totalidad del bloque de concejales. La denuncia es por haber modificado el Código de Ordenamiento Urbano (#COU) de manera inconsulta con la sociedad, esto es sin audiencia pública cómo indica la normativa.
Esta denuncia penal está radicada en la UFI Nº 4, de Morón a cargo de Valeria Courtade. Courtade es la esposa del actual secretario de Legal y Técnica del Municipio de Morón, Gustavo Triemstra. Con lo cual, cualquiera podría pensar que hay un conflicto de intereses.
En lo que respecta al fuero administrativo, la medida cautelar presentada para frenar los desalojos, fue rechazada por la titular del Juzgado Contencioso Administrativo de Morón, la Dra. Mónica López. Ante la apelación de ese rechazo, quien debe decidir es la Cámara Contencioso Administrativa de San Martín, que es la que entiende en las apelaciones de Morón, ya que el distrito no cuenta con esa segunda instancia.
El presidente de esa cámara se llama Hugo Jorge Echarri y es el ex esposo de Mónica López, la jueza que rechazó la medida cautelar en primera instancia. “No hay precedentes de que un ex cónyuge esté en una primera instancia y el otro en la Cámara encargada de revisar su fallo”, afirmó una fuente judicial a este medio.
Mientras tanto las familias esperan y viven el día a día con la incertidumbre de no saber si serán desalojados del barrio en el que viven desde hace años.
Fuente: El captus.
