Con los relatos de dos sobrevivientes del cautiverio en San Justo, dos familiares y una vecina que vio secuestrar a la familia Lavalle-Lemos, continuó el desarrollo del debate por uno de los centros clandestinos más grandes de la zona oeste del conurbano. El rol de la Brigada de San Justo, no sólo como lugar de “registro” sino también de exterminio, va quedando cada vez más claro.
En la nueva audiencia testimoniaron Mónica Quiñones, Lino Agüero, José Eduardo Moreno y Ernesto Moreno. Mónica Quiñones, vecina del barrio San Fernando del partido de José C. Paz, fue quien presenció los momentos posteriores al secuestro en aquel lugar de la familia Lavalle-Lemos, que fue trasladada a la Brigada de San Justo y luego al Pozo de Banfield.
Pormenores de un secuestro
La testigo rememoró que en 1977 ella tenía 10 u 11 años y conocía al matrimonio de Gustavo Lavalle y Mónica Lemos, porque habían ido a vivir a un terreno lindero a su casa. Dijo que al día siguiente en que la familia fue secuestrada, la noche del 20 de julio del ’77, fueron a su casa dos vecinos que avisaron del hecho y decidieron entrar a la casa para ver qué había pasado y avisarle a los padres de los jóvenes.
Fue así que un grupo de vecinos entraron al domicilio y encontraron todo revuelto: ropa, libros, muebles, un piso plástico levantado y hasta la cuna de la pequeña María, de 15 meses. Varios vecinos habían visto el operativo y fueron testigos de que se llevaron a Gustavo, a Mónica y a su hija.
“En el barrio éramos como una familia” dijo la testigo, y agregó que “eran calles de tierra, habías muy pocas casas en ese momento”. Al recordar a la pareja desaparecida señaló que “Mónica estaba esperando un bebé y era un embarazo notorio. Había una relación maravillosa con ellos, con los dos. Eran muy solidarios. Ella era maestra y colaboraba con la tarea de los chicos del barrio, les hacía el mate cocido, esas cosas”.
Los vecinos se enteraron de que estaban desaparecidos por vía de los padres de los jóvenes, que les contaron que a María la habían recuperado poco tiempo después. La pareja dejó una marca muy profunda en los vecinos, a tal punto que a pedido de ellos el Concejo Deliberante de José C. Paz se cambió el nombre de la calle 18 de octubre, donde vivían y fueron secuestrados, que hoy se llama “Mónica y Gustavo”.
La historia del matrimonio Lavalle-Lemos ya ha sido relatada en el debate por las hijas María y María José, y por los hermanos de Gustavo, Adriana y Ariel. Todos coincidieron en que en aquel invierno del ’77 la familia completa fue secuestrada y llevada a la Brigada de San Justo, donde estuvieron 6 días en el caso de María, y los padres hasta septiembre del mismo año. María fue llevada a la casa de unos vecinos de la familia y fue recuperada por su abuelo paterno.
Los padres fueron trasladados al Pozo de Banfield, donde Mónica dio a luz a María José a comienzos de septiembre del ’77. De allí la pareja fue desaparecida y la beba trasladada con horas de vida a la Brigada de San Justo, donde fue apropiada por la sargento de la bonaerense María Teresa González y su pareja Nelson Rubén. Tras la lucha de las familias paterna y sobre todo de la abuela materna, Haydé Vallino de Lemos, María José recuperó su identidad en 1987 y los apropiadores González y Rubén fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso.
Es inexplicable de que habiendo pasado toda la familia por la Brigada de San Justo, en este juicio solo esté imputado por los cuatro casos el represor Hidalgo Garzón, mientras que el grueso de los genocidas solo recibió acusación por el caso de María Lavalle. Así, los jueces del TOF1 platense, que se negaron a aceptar una ampliación de la acusación realizada por las querellas al inicio del debate.
Escabroso relato
A continuación se escuchó el testimonio de Lino Daniel Agüero, hermano del desaparecido Alfredo Agüero, de 17 años, secuestrado en La Tablada en 1977 y llevado primero a la Brigada de San Justo y luego al Pozo de Banfield.
Lino inició el relato narrando tres hechos que vivió la familia previo al secuestro de su hermano. En principio, en agosto 1977 se presentó una persona en el restaurant-bar que tenía la familia en la localidad de Ciudadela, Tres de Febrero. Esta persona, a la que conocían como “Pipo”, vino acompañado de otra. Sabían que era militante y conocido de su hermano, y que había sido secuestrado cinco días antes.
En tan singular situación “Pipo” llamó a Alfredo, le presentó a su acompañante como “un amigo de la causa” y le preguntó por un conocido en común, Héctor Roldán, practicante de Enfermería del Hospital Carrillo. Alfredo le contestó que no sabía y se retiraron. En verdad se trataba de José Labruna, trabajador del Hospital Carrillo y militante de la JTP de zona oeste secuestrado y desaparecido en agosto de 1977.
Lino recordó que “Pipo” estaba “pálido y con un sobretodo que no era de él”. Luego la familia se enteró por un vecino que en el horario de cierre de media tarde del restaurant había llegado al lugar un operativo con varios autos y al ver el lugar cerrado trataron de abrir la puerta, pero se fueron.
Varios testigos relataron en el juicio que el restaurant fue espacio de muchas de las reuniones políticas de militantes de la zona, como “Pipo” Labruna y “Chupete” De Iriarte, vinculados a la militancia en el Hospital Carrillo y en el sindicato de ATE, cuya sede estaba al lado del bar. La misma tarde, después de las 8 de la noche volvió el operativo al restaurant, donde estaba casi toda la familia y muchos parroquianos.
Los represores, 10 tipos armados y de civil, obligaron a Narciso, padre de Alfredo y Lino, a que desaloje el lugar y lo redujeron en el salón. Al resto de la familia, Lino, su hermano José y su madre en la cocina. A la mujer de Lino la llevaron a una habitación con un hijo en brazos. Los golpearon preguntando por Alfredo, y uno de los represores amenazó con llevarse a la madre si no entregaban el dato.
Entonces Lino dijo que estaba en casa de una tía en La Tablada, partido de La Matanza. Así fue que los represores desdoblaron el grupo, uno se quedó con la familia en el restaurant y otro salió para La Tablada en un Falcon amarillo con Lino secuestrado. Lo tenían encapuchado y atado con grillete al piso del auto. Cuando llegaron lo obligaron a llamar a su hermano, que cuando llegó fue reducido y metido en el baúl del Falcon.
Entonces los llevaron a un lugar donde bajaron a Alfredo, abrieron un portón y lo entraron. A Lino lo llevaron en el auto de vuelta a Ciudadela y lo liberaron. Nunca más volvieron a ver a Alfredo aunque comenzaron la búsqueda al instante. En una oportunidad en que Lino fue a San Justo, vio el Falcon amarillo salir de la Brigada de San Justo y aportó el dato a su padre, que hizo interceder a un comisario amigo ante los represores de San Justo.
Allá lo recibió un policía apellidado Ruiz y le dijo que estaba detenido pero que “no se puede hacer nada” porque estaba a disposición del Comando Zona I del Ejército. Lo mismo le dijo el jefe de la Brigada, comisario Oscar Antonio Penna. Narciso escribió también varias cartas al Ministerio del Interior y al propio genocida Jorge Rafael Videla.
Además fue con su hijo en diciembre del ’77 a la Jefatura de Policía de la bonaerense en La Plata, donde lo recibió el represor Miguel Etchecolatz, imputado en este juicio. “Yo escuché la conversación desde afuera”, dijo Lino Agüero en el debate y agregó que “Etchecolatz le gritaba que mi hermano no era ningún menor de edad. ‘Tu hijo es un montonero y ha sido ajusticiado’ le dijo a mi padre, y cuando le pidió el cuerpo le respondió que ‘si uno comete un asesinato, se protege para que no lo encuentren’”.
En esas gestiones en la sede de la Dirección de Investigaciones, que duraron casi un año, una vez Narciso reconoció en fotografías que les exhibieron a cinco de los integrantes del operativo que secuestró a Alfredo. El hecho no tuvo ninguna consecuencia y por el paso del tiempo, Narciso no podrá repetir ese dato en el debate, pero su testimonio está agregado a la causa.
Su hijo Lino agregó en el debate que además hicieron gestiones en Casa Rosada, donde les concedió una entrevista Videla, pero los recibió un tal capitán Fernández que le dijo a Lino que no había causa ni pedido de detención contra su hermano. Pero además lo amenazaron y le dieron una paliza para que no vuelva nunca más. Lino afirmó que la familia consiguió el dato de que Alfredo había sido llevado a la Brigada de Investigaciones de Banfield e intentaron ir al lugar, pero no los dejaron llegar.
El testigo recordó muy bien a cada uno de los cuatro genocidas que lo llevaron en el viaje a secuestrar a su hermano, los describió uno por uno y distinguió sus roles. Al momento de exhibírsele fotos los reconoció como Néstor Soria, Domingo Cida, y los imputados en este juicio Ricardo Juan García y Héctor Horacio Carrera.
