La intendenta municipal de La Matanza y titular de la Federación Argentina de Municipios, Verónica Magario, cargó contra el secretario de Energía, Javier Iguacel, por sus dichos sobre las quejas de los usuarios y los costos del gas.
La intendenta de La Matanza, Verónica Magario apuntó contra el Secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel luego que el funcionario nacional declarase que quienes se quejan del aumento de tarifas son “los militantes K”.
“Señor secretario Javier Iguacel, somos los intendentes los que escuchamos la angustia de los vecinos por el costo de las facturas”, reclamó en sus redes sociales frente a los dichos del funcionario nacional sobre el costo de las tarifas y reducirlo a “militantes k”.
En ese sentido, Verónica Magario le hizo un pedido al exministro: “lo invito a usted a que venga a explicarles que no pueden pagar por su militancia. Lo espero en Almafuerte 3050, San Justo y lo acompaño con gusto”.
“Somos los intendentes los que escuchamos la angustia de los vecinos por el costo de las facturas” puntualizó Verónica Magario
Además, la jefa comunal de La Matanza se refirió a la definición del propio Iguacel, publicado en el Boletín Oficial, donde deja entrever que los usuarios serán quienes paguen “un plus” en 24 cuotas por el efecto de la devaluación a las distribuidoras de gas.
“El presidente Macri devaluó el pesos argentino, creció la pobreza y encima hace pagar al pueblo sus errores. La justicia debe declarar improcedente. Basta Macri de ir contra los trabajadores, la clase media, los jubilados y los humildes”, reclamó.
Denuncia y amparo
En ese mismo sentido, el fiscal Guillermo Marijuan denunció penalmente a Javier Iguacel por el aumento del gas. El funcionario acusa penalmente al secretario de Energía de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario público.
En su denuncia, el titular del Ministerio Público Fiscal evaluó que el funcionario es “prima facie” autor del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, según prevé artículo 248 del Código Penal. “Si bien se justifica la aplicación de la medida con el fin de compensar a las prestadoras del servicio de distribución, como consecuencia de la variación del tipo de cambio, la resolución cuestionada provoca un perjuicio al patrimonio de los consumidores”, explicó el fiscal.
En una entrevista radial, Marijuan detalló que la resolución alcanza a períodos que ya fueron abonados por los usuarios, y que, en caso de habilitarse una compensación sobre meses ya transcurridos, eso alteraría el principal efecto jurídico que tiene la cancelación de obligaciones. En el escrito presentado, que recayó ante la juez María Servini de Cubría, el fiscal pidió además una medida cautelar para suspender ese “pago extra” que el Gobierno le exige a los usuarios, que deberían -si la medida se cumple- abonar 10.000 millones de pesos en 24 cuotas a partir de enero de 2019.
Para Guillermo Marijuan, la resolución 20/2018 dictada por Iguacel “genera una compensación a favor de las empresas contratistas y productoras del servicio de gas incrementado el costo mensual del servicio a usuarios y consumidores”.
