El Intendente estuvo con los vecinos en el club donde, a partir de los aportes económicos del Fondo de Fortalecimiento, se terminaron obras que disfrutarán los chicos: la renovación completa de una cancha de básquet y la construcción de nuevos y modernos vestuarios.
En el Lawn Tennis de Villa Sarmiento y junto a los vecinos, el Intendente Ramiro Tagliaferro inauguró nuevas instalaciones. Se trata de vestuarios de primera categoría y una mejorada cancha de básquet para que la institución siga creciendo.
Las obras fueron realizadas con los aportes económicos otorgados por el Gobierno de Morón a través del Fondo de Fortalecimiento Institucional. Esto responde a la decisión política de apoyar constantemente a las instituciones barriales desde el inicio de la actual gestión.
Acompañado por las familias del barrio, el Intendente comentó: “Por esto impulsamos el Fondo de Fortalecimiento Institucional. Vemos cómo creció el Lawn Tennis junto a muchos otros clubes, que son siempre el corazón de los barrios. Estos cambios los van a disfrutar los más chicos”.
Las obras eran necesarias para el club. El equipo de básquet de la institución de Villa Sarmiento había ascendido a la segunda categoría a nivel nacional, pero los jóvenes no podían competir por la falta de estructura. Esto fue superado con los aportes del Fondo de Fortalecimiento. Las tareas de remodelación llevaron siete meses.
Respecto a la cancha de básquet, ahora cuenta con luces LED, un renovado piso deportivo y una fachada nueva, entre numerosas mejoras.
Durante la inauguración, el presidente del Lawn Tennis, Nicolás Martani, expresó: “Hoy los chicos tienen un club con historia, un presente concreto y, gracias a la ayuda del Municipio, la chance de seguir su sueño todavía más allá”.
Por más de $102 millones
ARBA denunció penalmente a 73 empresas que se apropiaron de impuestos
En el último año, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires presentó denuncias contra 73 empresas por apropiación indebida de impuestos, un delito tipificado en el régimen penal tributario que contempla condenas de prisión de entre 2 y 6 años.
Gastón Fossati, director de ARBA, explicó que “estas firmas actuaban como agentes de recaudación del fisco bonaerense, es decir que debían percibir o retener fondos de otros contribuyentes como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos”.
“En los hechos, las empresas retenían ese dinero a los contribuyentes, pero luego no lo ingresaban en ARBA. De esa forma, se apropiaron indebidamente de impuestos por un monto que, en conjunto, supera los $102 millones”, detalló Fossati.
Las denuncias penales fueron presentadas por la Agencia de Recaudación en distintos departamentos judiciales de la Provincia, conforme al domicilio donde desarrolla su actividad cada una de las empresas.
Para lograr mayor eficiencia en el combate contra este tipo de delitos, ARBA había firmado un convenio de colaboración con la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que promovió la realización de programas de capacitación para agentes públicos de ambos organismos, así como la modernización de procesos, coordinación de acciones y el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos.
Además, la Agencia de Recaudación puso en funcionamiento una dependencia específica dentro del área de Asuntos Jurídicos y redefinió sus procedimientos para dinamizar las denuncias. Según puntualizó Fossati, “estos cambios nos posibilitaron quintuplicar durante el último año los montos reclamados en el marco de delitos tributarios, y agilizar de esa forma la restitución de recursos que pertenecen a todos los vecinos de la Provincia”.
Como parte de la labor que realizan en equipo, ARBA y la Procuración bonaerense intercambian mediante herramientas digitales la información de índole patrimonial, financiera, impositiva y comercial vinculada a personas físicas y jurídicas que se encuentran sujetas a investigación, observando siempre los principios legales que reglan el secreto fiscal.
También comparten un sistema de alertas para identificar indicios de posibles delitos tributarios que se encuadren dentro del régimen penal previsto por la Ley Nacional N° 27.430, que fue sancionada por el Congreso a fines del año pasado.
